Delgado Sempé solicita informe sobre empleados contratados en la Administración Pública

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó un pedido de informe a la Secretaría de la Función Pública para conocer en detalle la situación de los contratos no renovados y los que continúan en la Administración Pública Provincial.

Para la presentación de este pedido de informe, Delgado Sempé contó con el apoyo de legisladores de su bloque Ayelen Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y el presidente José Luis Berros, como así también por los legisladores del Bloque de LLA (Santiago Ibarrolaza y Patricia McKidd).

Delgado Sempé manifestó que es necesario contar con información precisa sobre la decisión del Gobierno de Río Negro en relación con la renovación de contratos. En este sentido, el pedido de informe busca esclarecer:

• Inasistencias injustificadas y sanciones disciplinarias de los trabajadores contratados.
• Participación en capacitaciones ofrecidas por la Función Pública y cuántos trabajadores las realizaron.
• Faltas recurrentes o ausencias por paros.

El legislador subrayó que, según declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, las decisiones estuvieron basadas en criterios de desempeño y comportamiento laboral. Sin embargo, Delgado Sempé expresó su preocupación ante la posibilidad de que estos criterios no hayan sido aplicados de manera uniforme, señalando casos de trabajadores sin faltas ni sanciones cuyo contrato no fue renovado, mientras que otros, con antecedentes de inasistencias y sanciones, sí continúan.

Asimismo, planteó la inquietud de que estas decisiones puedan estar relacionadas con afinidades políticas, favoreciendo a quienes militaron para el oficialismo durante la campaña electoral de 2023 y resultan funcionales al gobierno actual.

“Queremos saber si efectivamente se respetaron los criterios de desempeño anunciados o si las decisiones fueron arbitrarias, dejando fuera a trabajadores calificados y comprometidos con sus tareas,” sostuvo Delgado Sempé.

El legislador reafirmó su compromiso con la transparencia en la gestión pública y con la defensa de los derechos de los trabajadores, insistiendo en la necesidad de actuar con justicia y equidad en la renovación de contratos en la administración pública provincial.