"El gobierno de Alberto Weretilneck promueve la implementación de la denominada 'ficha limpia' en Río Negro con claras intenciones demagógicas y proscriptivas mientras en su seno acoge funcionarios con antecedentes graves que, en caso de ponerse en vigencia la publicitada norma, no podrían ser electos ni como vocales de una comisión de Fomento", señalaron desde el bloque de legisladores Vamos con Todos.
Destacaron que “debe prevalecer la coherencia, nosotros no acordamos con limitar los derechos políticos violando normativas internacionales sino una vez que tengan confirmación definitiva y sin posibilidad de recurso alguno, incluso ampliando los alcances más allá de los límites penales”.
En ese marco la bancada en pleno presentó un proyecto de Comunicación para la inmediata remoción del actual ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, debido a su “inhabilidad moral como funcionario condenado en doble instancia y en base a los fundamentos dados en el proyecto de ley 1713/24 que fue firmado por el propio encartado”.
Afirmaron que Banacloy en su rol de gerente de la sociedad Rocafé "retuvo ilegalmente aportes de trabajadores en sus recibos de haberes y procedió a la venta de inmuebles de la empresa sin que se hubiera acreditado que el precio obtenido haya ingresado a las cuentas de la firma ni el destino dado a esos fondos".
Añadieron que "por dicha operación de compraventa de cinco inmuebles sólo el 10 por ciento fue depositado en la cuenta corriente de Rocafé mientras que del 90 por ciento restante nunca se supo su destino".
“Para tomar una dimensión de la defraudación a trabajadores y al fisco, tomando en base la calculadora inflacionaria del IPC, estaríamos hablando al día de hoy de un desfalco equivalente a más de 150 millones de pesos”, calculó Berros. Por esos hechos, el actual ministro fue condenado en dos oportunidades y se denegó un recurso extraordinario.
“Esta semana, los rionegrinos y rionegrinas nos vimos sorprendidos con este proyecto impulsado por el gobernador con acuerdo de Ministros para que no puedan ser candidatas y candidatos a cargos públicos electivos, ni ser designados para ejercer cargos partidarios las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia”, sostuvo Berros.
Dicho proyecto se circunscribe al ámbito penal. En cambio, la Ley de Ética Pública 3550 instaura la idoneidad y honestidad para el desempeño de cargos como requisitos básicos para el ejercicio de la función. A su vez la existente ley 3229 dispone que “se considerarán inconductas pasibles la realización de actos prohibidos por las leyes y reglamentaciones” y que no podrá asumir quien haya sido condenado por delito doloso o por delito en perjuicio de la administración pública nacional, provincial, municipal.
“La ética se proyecta a toda la vida, no solo la pública, ni tampoco circunscripto al ámbito penal. Si Weretilneck actuara con honestidad y coherencia removería al Ministro Banacloy quien fue responsable y partícipe de retener indebidamente aportes de trabajadores vender irregularmente inmuebles que no eran de su propiedad”, concluyó la vicepresidenta de esa bancada Ayelén Spósito, quien firmó el proyecto junto a sus pares Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao.
Te puede interesar
Lo más visto
