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"Desde diciembre de 2023, la presidencia de ALTEC ha implementado medidas que han llevado a una grave crisis laboral y financiera para sus empleados, quienes han sido los principales perjudicados en un intento por mantener la operatividad de la empresa", afirmó UPCN de Río Negro.
En un comunicado emitido este miércoles, el gremio que conduce Juan Carlos Scalesi sostuvo que "con el objetivo declarado de 'normalizar' la situación económica, la nueva presidencia redujo considerablemente el valor económico de los servicios ofrecidos, una decisión que benefició al Estado de Río Negro su principal cliente, al disminuir los costos para las arcas públicas".
"Sin embargo, esta medida también implicó una considerable baja en los ingresos de la empresa, puesto que no se analizaron las consecuencias de reducir el valor de la hora de trabajo que ya estaba trazado frente al mercado externo, de esta forma, se trasladó el peso del ajuste directamente a los trabajadores. Según cálculos realizados por los empleados, cada uno ha resignado más de $7 millones de su salario en lo que va del año, acumulando una pérdida total que supera los $1.3 mil millones entre todos los trabajadores de la empresa", añadieron.
Reclamos ignorados, un clima laboral deteriorado e irregularidades laborales
Afirmaron que "desde el inicio de esta crisis, los empleados han intentado establecer un diálogo con la presidencia, llevando a cabo medidas como retenciones de servicio y asambleas permanentes. Sin embargo, las respuestas han sido evasivas". “Nos dicen que en uno o dos meses mejorará la situación, pero llevamos casi un año sin soluciones concretas”, afirma uno de los trabajadores afectados.
Además, el clima interno se tensó aún más desde abril de 2024, cuando un gerente de la organización irrumpió en una asamblea para amenazar a los presentes. “Nos dijo que harían una lista negra con los nombres de quienes participaran en las medidas de fuerza, Fue un momento muy tenso”, relatan los testigos qué allí estuvieron.
El atraso salarial, calculado en un 75% respecto a la inflación acumulada, ha erosionado seriamente la calidad de vida de los empleados. Muchos enfrentan dificultades para pagar alquileres y servicios básicos, mientras que el poder adquisitivo de sus salarios sigue cayendo en picada.
Se ha reportado que el 45% del salario de los empleados no realiza aportes previsionales. Este esquema, que podría configurar un delito bajo la legislación argentina, no solo implica una evasión de obligaciones laborales por parte de la empresa, sino que también afecta las jubilaciones futuras y otros derechos fundamentales de los trabajadores.
Éxodo de talentos y repercusiones en la operatividad
La fuga de empleados capacitados, especialmente jóvenes, ha sido uno de los impactos más graves de esta crisis. Con mejores ofertas en el sector privado, estos trabajadores no ven razones para permanecer en una empresa que no valora su esfuerzo.
Esta pérdida ha incrementado la carga laboral de quienes se quedan, afectando tanto la moral como el rendimiento general de la empresa. La inversión en capacitación que la empresa había realizado en las gestiones anteriores se ha fugado, la realidad es que hoy otros empleadores aprovechan gran parte del talento que la estatal había formado.
“La operatividad ha caído sustancialmente, y los pocos que quedamos terminamos haciendo el trabajo de varios, con salarios cada vez más deteriorados”, señala otro empleado.
Cambio de sociedad y tensiones internas
Recientemente se conoció, a través de los medios, que ALTEC dejará de ser una Sociedad del Estado (SE), en cumplimiento del DNU 70. Este cambio, aunque necesario según fuentes oficiales, ha generado desconcierto entre los empleados, quienes denuncian la falta de comunicación y reconocimiento por parte de la actual gestión.
Planes de lucha y una gestión ausente
Los empleados ya están planificando nuevas medidas, incluyendo paros, más asambleas y la publicación de datos sobre la situación en internet. Con una presidencia que parece desentenderse del bienestar de sus trabajadores, el futuro de ALTEC parece depender, una vez más, del sacrificio involuntario de quienes deberían ser el motor de la empresa.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo los empleados podrán sostener a una empresa que no los sostiene a ellos?
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