Universidades como Consultoras Estatales: Una inversión para la excelencia

Las universidades públicas han sido fundamentales para el desarrollo de las provincias, y Río Negro no es la excepción. Estas instituciones no solo forman profesionales, sino también aportan conocimiento, innovación y soluciones para los problemas regionales. En el contexto de ajuste presupuestario actual, su capacidad para cumplir con estas funciones está en riesgo. La colaboración entre las universidades y el Estado provincial se vuelve fundamental para fortalecer áreas claves como la salud, la infraestructura social y el desarrollo productivo.

En Río Negro, la Ley N° 4754, sancionada en 2012, establece a las universidades como consultoras preferenciales del Estado, permitiendo aplicar el conocimiento académico a las políticas públicas. Sin embargo, esta ley aún no fue reglamentada. La relación entre las universidades rionegrinas y el Estado provincial podría ser un recurso estratégico que no podemos dejar de lado. La colaboración permitiría traducir el conocimiento académico en políticas públicas efectivas y fortalecería las capacidades provinciales.

Mientras tanto, el gobierno ha optado por contratar consultoras privadas, como BOTVIEW S.A.S que recibió $7.623.000 para mensajería a través de la plataforma whatsapp por parte de la Secretaria de Medios y otros 10 millones por hacer la misma tarea para el Ministerio de Desarrollo Humano, también QUARQ S.A que percibe $4.080.000 mensuales por campañas en redes (Secretaría de Medios) y Grupo Post S.A.S. en concepto de publicidad institucional fue contratada por $9.900.000 de pesos (Secretaría de Energía y Ambiente); las tres llamativamente con domicilio fiscal en Mendoza.  Asimismo, la Fiscalía de Estado destinó $96 millones para asesoramiento en derecho administrativo, la obra obras social estatal (IPROSS) encomendó a una universidad externa la mejora de la APP y la aseguradora estatal (Horizonte S.A) fue contratada para el control del personal aunque aún no se sabe el monto.

La ley incumplida junto a esta situación descripta refleja una falta de apoyo a las universidades nacionales que tiene la provincia que, si participaran en estos proyectos, no solo podrían suplir parte del desfinanciamiento nacional sino también brindar oportunidades a los profesionales locales. La Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue son pilares en la región, ofreciendo educación accesible y programas académicos ajustados a las necesidades locales y territoriales. Con carreras estratégicas en ingeniería, salud, derecho, ciencias ambientales y administración, preparan a los profesionales del futuro y contribuyen al crecimiento de la provincia. Además, desarrollan investigaciones que abordan problemas regionales, como el cambio climático y la salud pública, con un aporte invaluable para el desarrollo de Río Negro.

Las políticas de ajuste promovidas por el gobierno de Milei representan una amenaza directa a la misión de estas universidades. Los recortes afectan tanto la calidad educativa como la investigación y los servicios comunitarios. En Río Negro, estas restricciones hacen más urgente el respaldo provincial y la colaboración con las universidades, que podrían optimizar recursos y garantizar la calidad técnica y científica de las políticas públicas.

Ante esta situación, la comunidad universitaria manifestó su preocupación en distintas provincias, reclamando un presupuesto adecuado para asegurar el funcionamiento de las universidades públicas. La Marcha Federal Universitaria del 12 de noviembre será un momento clave para exigir los recursos necesarios que permitan a estas instituciones seguir cumpliendo su misión educativa y de investigación en beneficio del pueblo.

El Proyecto N° 52/2024, presentado en la Legislatura de Río Negro por el legislador José Luis Berros, reclama reglamentar la ley que permite a las universidades actuar como consultoras del Estado. Reglamentar esta ley es crucial para formalizar la colaboración con el Estado provincial y establecer protocolos que respalden el asesoramiento en proyectos locales. También es necesario activar la Subsecretaría de Políticas Universitarias, una entidad que debería ser un vínculo efectivo entre el Estado provincial y las universidades, aunque su funcionamiento actual es incierto. No se sabe si es efectivamente un articulador entre el Estado provincial y las universidades o más bien el mero cumplimiento de un acuerdo político electoral. En este contexto, esta subsecretaría podría desempeñar un rol estratégico en la crisis presupuestaria que enfrenta el sistema universitario.

Defender nuestras universidades es, en última instancia, asegurar el desarrollo de Río Negro. Establecer el rol de las universidades como consultoras del Estado y fortalecer la colaboración con ellas no es solo una cuestión académica, sino una inversión en el crecimiento de la provincia. En este momento crucial, defender a nuestras casas de altos estudios es defender el futuro: un futuro en el que cada joven tenga acceso a una educación pública de calidad y en el que el desarrollo provincial esté guiado por el conocimiento y la innovación generados aquí, en nuestras propias instituciones.

(*) Estudiante Universitario Unrn - Militante Peronista – Asesor legislativo