General Conesa tendrá su propia Casa de Justicia

El Superior Tribunal de Justicia aprobó la creación de la Casa de Justicia en General Conesa. La decisión se concretó en el Acuerdo Institucional llevado a cabo esta semana. El STJ tomó la determinación luego de evaluar la cantidad de habitantes de la localidad, las distancias que la separan de otras ciudades y las dificultades en el acceso a determinados servicios.

Se trata de la sexta Casa de Justicia que existirá en Río Negro. Ya tienen las ciudades de Sierra Grande, Río Colorado, El Bolsón, Jacobacci y Catriel.

Estas dependencias tienen como misión facilitar el acceso a una justicia efectiva y ágil. Resuelven una diversidad de conflictos y recurren a la derivación a otros organismos cuando los casos así lo ameriten.

Las Casas de Justicia son un compromiso de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la justicia. Se propone un enfoque propicia la creación de una "red de recursos públicos" que facilita la derivación responsable de casos, de manera de asegurar un abordaje integral y articulado con otras organizaciones públicas y ONGs.

Las Casas de Justicia permiten, como articuladoras de la red, evitar la duplicación de intervenciones por parte de distintas entidades.

El Poder Judicial ha sido destacado por el Mapa de Acceso a Justicia que elabora la Corte Suprema de Justicia como la provincia que más mecanismos posee.

Las Casas de Justicia son uno de esos mecanismos. Se encuentran en ciudades que no son cabecera de circunscripción. Dada la extensión geográfica de la provincia, la política del Superior Tribunal de Justicia está orientada a implementar sistemas de acceso a justicia simples, eficaces y rápidos, más allá de la resolución de litigios judiciales.

Hoy Conesa cuenta con más de 7000 habitantes “distribuidos en zonas de chacra donde predominan la actividad ganadera, forestal, agrícola y frutícola. La ciudad, ubicada a 163 km de Viedma y a 100 km de San Antonio Oeste, enfrenta dificultades de acceso a servicios judiciales debido a las distancias, costos de traslado y cierre reciente de organismos públicos”, dice la resolución del STJ.