Le entregaron el auto 239 días después: multa para la concesionaria y compensación económica para el cliente

Una concesionaria y una compañía de planes de ahorro tendrán que compensar al cliente que esperó 239 días para recibir el cero kilómetro. El hombre abonó las cuotas mensuales durante casi cinco años hasta que resultó adjudicado. Entonces se vencieron los plazos de entrega: un fallo del fuero Civil aplicó una penalidad para las empresas y una multa civil en favor del consumidor.

La sentencia es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelada. Como solución se ordenó una compensación económica para el cliente de Cipolletti por daño moral y daño punitivo. También prosperó la penalidad contractual, que estaba prevista en las bases y condiciones del plan de ahorro. Allí se consignaban los plazos máximos de entrega de las unidades que, en este caso, se excedieron sin mayores explicaciones para el cliente.

El conflicto por la entrega de un Polo Trendline se inició cuando el consumidor aceptó la adjudicación. Pese a haber cumplido con todos los requisitos y pagos en tiempo y forma, enfrentó múltiples obstáculos y falta de información por parte de las compañías demandadas: Iruña S.A y Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados. 

El fallo judicial destacó la importancia del cumplimiento de los plazos de entrega estipulados en los contratos de adhesión y resaltó la responsabilidad de las empresas de brindar un trato digno y justo a los consumidores. La demora y la falta de comunicación efectiva fueron consideradas faltas graves, que justificaron la imposición de una compensación económica a favor del afectado.

La compensación incluye un monto destinado a penalidades contractuales, que reconoció el perjuicio económico directo sufrido por el consumidor debido al retraso en la entrega del vehículo. Además, se admitió el daño moral, que representa el impacto emocional y las afecciones personales derivadas de la situación. También se aplicó el daño punitivo, con el objetivo de sancionar la conducta de las empresas y prevenir futuras infracciones a los derechos de los consumidores.