Denuncian por presunto mal desempeño a una jueza de Paz de Río Negro y piden la intervención del Superior Tribunal de Justicia

Carola Suárez (foto gentileza Noticias de Sierra Grande)

Una denuncia por presunto mal desempeño contra la jueza de Paz de Sierra Grande, Carola Suárez, fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro. La presentación, realizada por Danilo Andrés García Morón con el patrocinio del abogado Agustín Hernán Gutiérrez, cuestiona una serie de decisiones adoptadas por la magistrada en el marco de un expediente contravencional originado después de un accidente de tránsito y posteriores incidentes en una dependencia policial.

El escrito sostiene que la funcionaria judicial habría desconocido disposiciones de la Ley Provincial N° 5.592, que regula el procedimiento contravencional, y vulnerado garantías constitucionales relacionadas con el derecho de defensa y el debido proceso.

Todo comenzó con un accidente de tránsito

De acuerdo con el relato incorporado a la presentación, los hechos se remontan al 25 de julio de 2026, cuando García Morón circulaba en un vehículo junto a su madre y una persona de 17 años.

En esas circunstancias, otro automóvil los habría embestido y su conductor se dio a la fuga.

El denunciante asegura que persiguió al vehículo hasta que logró detenerse a pocas cuadras del lugar del siniestro. Allí se produjo una discusión que, según su versión, derivó en un altercado con insultos, corridas y golpes.

Posteriormente, los involucrados se trasladaron a la Comisaría N° 13 de Sierra Grande para realizar la denuncia correspondiente.

Mientras se encontraban en la dependencia policial, un efectivo les informó que una mujer estaba dañando con una piedra un Chevrolet Cruze estacionado frente a la comisaría, vehículo que había participado del episodio vial.

La Policía procedió a su aprehensión.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. Según el escrito, otra mujer que había viajado en el automóvil involucrado en el siniestro, protagonizó disturbios dentro de la comisaría, profirió insultos e intentó agredir a la madre del denunciante.

También fue aprehendida por el personal policial.

A partir de esa intervención se iniciaron actuaciones contravencionales que quedaron bajo la órbita del Juzgado de Paz de Sierra Grande.

La audiencia que dio origen a los cuestionamientos

La denuncia señala que, después de recibir las actuaciones policiales, la jueza Carola Suárez convocó a una audiencia para escuchar el descargo.

Posteriormente, García Morón fue citado a comparecer ante el Juzgado de Paz el 4 de agosto de 2026, junto con su madre y la persona menor de edad que lo acompañaba al momento del incidente.

El denunciante sostiene que durante esa audiencia explicó su versión de los acontecimientos y aportó información que, según afirma, contradecía parte del relato efectuado por la mujer involucrada.

No obstante, asegura que días después recibió una notificación judicial mediante la cual se le comunicaban distintas restricciones a su libertad.

Ese fue uno de los puntos centrales que motivaron su presentación ante el Superior Tribunal de Justicia.

Afirma que pasó de denunciante a destinatario de medidas judiciales

Uno de los cuestionamientos más importantes formulados contra la magistrada está relacionado con la aplicación del instituto de suspensión del proceso contravencional a prueba.

García Morón sostiene que las actuaciones policiales se habían iniciado a partir de la aprehensión de las dos mujeres y que él no había sido detenido ni imputado por ninguna contravención.

Por ese motivo, considera que no correspondía aplicarle medidas derivadas de ese procedimiento.

En la presentación remarca que la legislación provincial contempla mecanismos específicos para iniciar actuaciones contra una persona y que, en su caso, no se habían cumplido esos requisitos.

"No fui contraventor, no fui la persona aprehendida y mucho menos fui imputado en el marco del Artículo 75°", expresa el escrito.

También sostiene que, para tramitar un procedimiento contravencional en su contra, debía existir una denuncia específica o actuaciones iniciadas de oficio por la autoridad policial.

Según su interpretación, ninguna de esas circunstancias se había producido.

Denuncia que no tuvo abogado durante la audiencia

Otro de los aspectos cuestionados es la presunta falta de patrocinio letrado.

El denunciante afirma que, durante la audiencia del 4 de agosto, no fue informado adecuadamente sobre su derecho a contar con asistencia jurídica particular y que tampoco se le asignó un defensor oficial.

En ese sentido, invoca el artículo 70 de la Ley N° 5.592, referido al derecho de defensa en juicio.

Sostiene que la audiencia se desarrolló sin patrocinio letrado y que esa circunstancia afectó su posibilidad de comprender las consecuencias jurídicas de las decisiones que se estaban adoptando.

La presentación también menciona garantías reconocidas por la Constitución de Río Negro y la Constitución Nacional.

Según el escrito, recién después de recibir la notificación con las restricciones decidió consultar a un abogado particular, quien le explicó los alcances del procedimiento y las condiciones legales necesarias para aplicar la suspensión del proceso contravencional a prueba.

Cuestionamientos por las restricciones impuestas

La denuncia también objeta la imposición de medidas cautelares destinadas a evitar nuevos conflictos entre los involucrados.

García Morón señala que, durante la audiencia, no recibió una explicación suficientemente clara acerca de esas medidas ni de sus consecuencias.

Si bien reconoce que algunas restricciones destinadas a prevenir nuevos enfrentamientos podían resultar razonables, cuestiona que se le aplicaran dentro de un procedimiento en el que, según afirma, no revestía la condición de contraventor.

Asimismo, sostiene que la jueza habría dispuesto la suspensión del proceso contravencional a prueba sin que existiera una solicitud expresa de su parte.

El escrito remarca que ese instituto requiere determinadas condiciones legales y cuestiona que se lo haya utilizado sin una petición válida del interesado.

Una nueva audiencia y un pedido para dejar sin efecto lo resuelto

Después de recibir asesoramiento jurídico, García Morón se presentó nuevamente en el expediente, esta vez con patrocinio letrado.

Su abogado solicitó que se dejara sin efecto la suspensión del proceso contravencional a prueba, argumentando que la decisión había sido adoptada sin las garantías necesarias.

La presentación sostiene que durante una audiencia posterior quedaron expuestas distintas irregularidades en la tramitación.

Entre ellas, menciona la falta de información suficiente sobre el alcance de la suspensión, la ausencia de asistencia letrada durante la primera audiencia y la confusión entre las medidas cautelares y el instituto procesal aplicado.

También cuestiona que no se hubiera advertido oportunamente que las actuaciones estaban dirigidas contra otra persona.

Según el denunciante, durante esa nueva instancia la jueza decidió dejar sin efecto la imposición del instituto de suspensión del proceso contravencional a prueba.

Sin embargo, afirma que esa decisión fue comunicada en audiencia y que posteriormente no se dictó un pronunciamiento que permitiera aclarar definitivamente la situación procesal.

Asegura que persiste la incertidumbre sobre su situación judicial

En otro tramo de la presentación, García Morón sostiene que, transcurrido aproximadamente un mes desde la audiencia en la que se trató su pedido, el expediente no había registrado nuevos movimientos.

Para el denunciante, esa situación generó incertidumbre respecto de la vigencia de las decisiones adoptadas anteriormente.

También cuestiona la falta de claridad sobre las medidas que debía cumplir y sobre el estado de las actuaciones judiciales.

El escrito atribuye esa situación a una presunta interpretación incorrecta de las normas procesales por parte de la jueza.

Además, sostiene que la magistrada habría excedido las facultades correspondientes a su función al disponer medidas respecto de una persona que no estaba formalmente imputada en la causa.

El pedido al Superior Tribunal de Justicia

En el último apartado de la denuncia, García Morón solicita expresamente que el Superior Tribunal de Justicia intervenga para evaluar la actuación de una de las mujeres.

El planteo considera que las irregularidades denunciadas podrían configurar un supuesto de mal desempeño y advierte que la falta de garantías procesales podría afectar los derechos de otras personas sometidas a procedimientos similares.

La presentación sostiene que la magistrada no habría garantizado adecuadamente el derecho de defensa y que su actuación merece una revisión institucional.

En particular, solicita que el máximo tribunal provincial examine los hechos y determine si corresponde adoptar medidas respecto de la jueza de Paz de Sierra Grande.