Quieren ir a fondo por las dudosas y millonarias contrataciones publicitarias de Weretilneck: ¿Posible comisión de delito?

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó una nota formal ante el Procurador General de Río Negro, Dr. Jorge Crespo, solicitando que se investigue si existió delito o irregularidades en las contrataciones directas de publicidad realizadas por el Poder Ejecutivo provincial, que violarían los topes legales vigentes.

Delgado Sempé advirtió que la provincia tiene como norma madre de contrataciones la Ley H Nº 3186 y su decreto reglamentario, que fija límites claros para cada modalidad. La última actualización establece que una contratación directa no puede superar los $5.250.000, y que cualquier monto mayor debe tramitarse por concurso o licitación.

Sin embargo, el Gobierno provincial autorizó en enero de 2026 varias contrataciones directas de pauta publicitaria por montos millonarios, muy por encima de lo permitido por ley, entre ellas:

• $31.897.500 a Botview S.A.S.
• $78.916.400 en un paquete de medios.
• $18.000.000 a Epoge S.R.L.

“Estamos hablando de más de 128.813.900 millones de pesos contratados de forma directa, cuando la ley autoriza solo hasta 5 millones. No hay urgencia, no hay proveedor único, no hay escasez. Hay una maniobra para evitar licitar y evitar controles”, señaló el legislador.

Además, explicó que el Ejecutivo utilizó un vacío administrativo para esquivar la intervención de la Fiscalía de Estado:
“Dicen que la pauta no necesita control legal, pero eso es solo cuando está dentro del monto permitido. Cuando se excede, el control es obligatorio. Acá violaron la modalidad y los topes”.

Delgado Sempé remarcó que la pauta publicitaria no es una emergencia, sino un gasto programable y competitivo:
“Mientras faltan insumos en hospitales, transporte escolar y obras básicas, el gobierno gasta fortunas en mejorar su imagen, saltándose la ley”.

Por eso solicitó al Procurador General que investigue si hubo abuso de la contratación directa, fraccionamiento, elusión del régimen legal, y posible comisión de delitos contra la administración pública.

“En Río Negro no puede haber un Estado que ajuste en salud y educación, pero despilfarre en propaganda. La ley está para cumplirse, no para esquivarla”, concluyó.