(AUDIO) Absolución de Renzo Tamburrini en la causa "Techo Digno": Denuncian persecución política y el derroche de "la plata de los rionegrinos"
El exintendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, fue absuelto de los cargos en su contra por la mega-causa conocida como "Techo Digno", poniendo fin a un tortuoso proceso judicial que se extendió por 10 años.
En un análisis en profundidad del caso, el doctor Daniel Mayor, abogado del exjefe comunal, brindó una entrevista en FM DE LA COSTA (www.fmdelacosta999.com.ar), donde desnudó las ‘severas irregularidades’ de la investigación.
La causa original acusaba a Tamburrini y a sus exsecretarios de gobierno y obras públicas de los delitos de defraudación a la administración pública y falsificación de documento público, en el marco de un programa habitacional para la ciudad. Sin embargo, el tribunal dictaminó la no culpabilidad de los acusados, argumentando que no se superó la duda razonable y que la fiscalía fue incapaz de completar la acusación. Previamente, el fiscal ya había retirado los cargos contra el sucesor de Tamburrini, Nelson Iribarren, y sus funcionarios.
El escándalo de las certificaciones falsas
El punto de quiebre del juicio fue la revelación de la falta de sustento probatorio por parte de la parte acusadora. Según detalló el Dr. Mayor, toda la estructura de la acusación fiscal se basaba en informes y certificaciones de avance de obra presuntamente emitidos por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).
El abogado relató un hecho insólito vivido durante las audiencias: "El que firmó esas certificaciones se sentó como testigo en el juicio y dijo en estas palabras: 'esas certificaciones que andan circulando con firma mía son falsas, no tienen ningún valor probatorio y no fueron incorporadas a ningún expediente del IPPV'".
Ante esta confesión del propio responsable, la defensa cuestionó severamente la labor del fiscal, señalando que la causa se podría haber resuelto en tan solo seis meses de investigación si se hubiese citado a este testigo a tiempo.
Mayor consideró que el Consejo de la Magistratura debería citar a los funcionarios judiciales para que den explicaciones sobre por qué mantuvieron activa durante una década una causa penal apoyada en evidencia sin ningún tipo de sustento.
El despilfarro de "la plata de los rionegrinos"
Uno de los ejes más resonantes de la entrevista fue la dura crítica al gasto que el Estado provincial realizó para sostener este proceso judicial. "Con plata de los rionegrinos se instruyen estas causas", remarcó con indignación el abogado defensor.
El letrado profundizó en cómo el aparato judicial consumió recursos públicos innecesariamente, detallando que a lo largo del proceso desfilaron "expertos y empleados, peritos contables, ingenieros civiles", todos empleados del Ministerio Público Fiscal, cuyos sueldos se abonan con la plata de los contribuyentes rionegrinos.
Calificó la situación como una enorme "pérdida de tiempo" y un "manoseo" de diez años que terminó agotando instancias estatales a pesar de no tener pruebas sólidas.
Un ‘evidente’ trasfondo político
Las irregularidades probatorias y los tiempos judiciales dilatados dejaron al descubierto lo que muchos señalan como una persecución sistemática. En la entrevista, el Dr. Mayor aseguró que existe un claro trasfondo político detrás de esta acusación, denunciando que históricamente en la provincia nunca se sostuvo una causa durante diez años solo para "ir impulsándola cada vez que hay elecciones".
Este "entramado mediático de persecución", como lo definió el propio Tamburrini en sus redes sociales, destruyó su reputación y motivó su desaparición de la escena política en los últimos años.
Durante el análisis periodístico en FM de la Costa, se aportó contexto sobre estas maniobras, indicando que hay fuertes versiones que acusan al gobernador Alberto Weretilneck de utilizar políticamente las causas a través de una justicia que respondería al poder ejecutivo provincial, reflotando expedientes en épocas de campaña electoral.
La mega-causa "Techo Digno" arrastró a numerosos exintendentes de la provincia (entre ellos María Eugenia Martini de Bariloche, Gustavo Gennuso y Aníbal Tortoriello), y ha ido acumulando absoluciones y sobreseimientos en distintas localidades.
Hasta el momento, el único exintendente condenado fue Gilberto Montanaro de Cervantes, quien hace semanas aceptó un juicio abreviado admitiendo que simplemente estaba "harto" de la situación y no podía "vivir en paz".
Aunque se espera que la fiscalía intente apelar este fallo ante el Tribunal de Impugnación, la defensa confía plenamente en que se ratificará la absolución de Tamburrini, sentando jurisprudencia definitiva sobre la falta de mérito de la acusación.