UPCN Río Negro cuestionó al Gobierno provincial y advirtió que “la energía no sostiene al Estado, sí a algunos políticos”
La Comisión Directiva de UPCN Río Negro difundió un duro pronunciamiento contra el Gobierno provincial, en el que cuestionó la estrategia de gestión del gobernador y alertó sobre el deterioro de los servicios públicos esenciales, al sostener que “la energía, por sí sola, no alcanza para garantizar el funcionamiento del Estado”.
En el comunicado, el gremio expresó su preocupación por el énfasis que el Ejecutivo provincial pone en el sector energético, con epicentro en la ciudad de Cipolletti, mientras —según señalaron— se produce un desfinanciamiento progresivo de áreas clave como salud, educación y otros servicios esenciales, que dependen del trabajo cotidiano de empleados estatales con salarios cada vez más deteriorados.
UPCN remarcó además la situación de la capital provincial. “Viedma es el asiento natural de las autoridades”, señalaron, y cuestionaron que el gobernador “le dé la espalda a la capital que gobierna”, al tiempo que advirtieron sobre una realidad estructural: no es posible sostener servicios públicos de calidad sin salarios dignos.
Otro de los ejes centrales del pronunciamiento fue la política salarial. Desde el sindicato rechazaron la decisión de atar los salarios de los trabajadores estatales a variables económicas que la propia política económica empuja a la baja, al considerar que esa medida no constituye prudencia fiscal, sino “una decisión política de ajuste permanente sobre quienes viven de su trabajo”.
“Los empleados no pueden ni deben seguir financiando la incapacidad de gestión gubernamental”, afirmaron desde la Comisión Directiva de UPCN Río Negro, y reclamaron un cambio de rumbo que priorice la inversión en recursos humanos, el fortalecimiento del Estado y la mejora real de las condiciones laborales.
El comunicado se suma a los reclamos gremiales que vienen expresándose en la provincia, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno rionegrino y los sindicatos estatales por la situación salarial y el funcionamiento de los servicios públicos.