Presentan proyecto para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales en Río Negro

Los bloques de legisladores Partido Justicialista–Nuevo Encuentro (PJ–NE) y Vamos con Todos (VcT) presentaron un nuevo proyecto de ley para suspender los cortes o interrupciones de los servicios públicos domiciliarios esenciales —gas natural, energía eléctrica y agua potable— en todo el territorio de la provincia de Río Negro, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa, denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, busca proteger a los hogares rionegrinos en situación de vulnerabilidad social y económica, asegurando el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad.

El proyecto establece la suspensión de cortes de servicios a usuarios en situación de vulnerabilidad económica que no puedan afrontar el pago; jubilados, pensionados y grupos familiares, con ingresos por debajo de la canasta básica; y hogares que tengan a cargo personas con discapacidad.

El beneficio se aplicará a quienes habiten una vivienda única familiar, independientemente de la titularidad del servicio, y podrá solicitarse mediante una declaración jurada ante las empresas prestatarias, de forma presencial o digital.

Las prestadoras deberán otorgar planes de pago accesibles, que no superen el 20% del valor de la factura de mayor consumo, y en caso de cortes previos, estarán obligadas a restablecer el suministro dentro de las 48 horas, sin costos de reconexión.

La Agencia de Recaudación Tributaria será la autoridad de aplicación, con facultades para intervenir ante negativas injustificadas de las empresas y aplicar multas diarias de $50.000 hasta que se garantice el acceso al beneficio. Asimismo, se dispone una amplia campaña de difusión por parte de la Legislatura, la Agencia y las empresas prestatarias para asegurar que la población conozca sus derechos.

Los legisladores destacaron que la propuesta amplía y actualiza los alcances de la histórica Ley N° 4395, sancionada en 2009 -por iniciativa de la Legisladora Magdalena Odarda-  y prorrogada en distintas oportunidades, la última hasta diciembre de 2025.

Según los fundamentos, el contexto actual de bajos ingresos, subempleo y aumento del costo de vida “vuelve urgente garantizar el acceso ininterrumpido a los servicios básicos para evitar que la crisis económica derive en una crisis humanitaria”.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto con la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche, que desde hace años impulsa medidas de protección para los sectores más vulnerables frente a los cortes de servicios públicos.

“Este proyecto no busca desfinanciar a las empresas prestatarias, sino establecer mecanismos de protección temporales y focalizados”, se sostiene en los fundamentos. “Garantizar el acceso a la energía, el gas y el agua potable es garantizar derechos humanos básicos y condiciones de vida dignas”.

La legisladora Ana Marks explicó que el proyecto surge también de un seguimiento sobre la aplicación de la ley vigente y de la falta de información sobre su cumplimiento: “Durante el último año realizamos pedidos de informe sobre la aplicación de esta ley, porque junto a la Asamblea de Jubilados de Bariloche vimos que no había información ni difusión suficiente, y que muchas familias seguían sufriendo cortes o acumulando deudas. Por eso entendemos necesario fortalecer la norma con mayor difusión obligatoria, sanciones ante el incumplimiento y una ampliación de los beneficiarios”.

Marks enfatizó además la urgencia social de la iniciativa: “Son muchas las familias que hoy deben elegir entre comprar alimentos, medicamentos o pagar la luz y el gas. En este escenario, esta ley es una herramienta concreta de protección, aunque sabemos que es un paliativo ante un problema estructural que requiere mejorar los ingresos, el acceso al trabajo y servicios públicos de calidad que no sean confiscatorios de los salarios.”

Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda destacó que esta norma “resulta novedosa en relación a otras provincias y tiene carácter tuitivo para las familias rionegrinas con menos recursos, ya que el acceso a los servicios públicos es un derecho humano. Desde 2008 venimos sancionando leyes con contenido similar, por unanimidad”.