Extenso debate en comisiones por cierres de escuelas y de residencias de Educación

La comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura de Río Negro trató este lunes la iniciativa que propone una prohibición sobre cierres de escuelas y de residencias de educación en localidades de hasta 2000 habitantes. En la reunión intervinieron funcionarios del Ministerio de Educación.

Los impulsores de la iniciativa, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), denunciaron que desde el año 2012 existe una política sistemática y silenciosa de cierre de escuelas hogares y residencias rurales (mencionando casos como Ramos Mexía, Cerro Alto, Sierra Colorada, Mencué, entre otros) que vulnera el derecho humano a la educación.

Argumentaron que estas escuelas son “mucho más que una escuela”, ya que funcionan como el centro vivo de los parajes, aseguran alimento y abrigo a los niños, y son el único punto de conectividad para emergencias.

Marcela Strahl, Romina Procoppo  y Paula Quesada, funcionarias del Ministerio de Educación, y legisladores como Norberto Moreno (JSRN), argumentaron que los cierres de residencias son en su mayoría “transitorios” y responden a la estricta falta de inscripciones, dado que la población en las zonas rurales ha disminuido significativamente.

El legislador Facundo López (JSRN) sostuvo que no se le puede quitar al Ministerio de Educación la facultad técnica y administrativa de decidir cuándo abrir o cerrar un establecimiento basándose en criterios pedagógicos, por lo que una ley que prohíba los cierres absolutos es inviable.

Desde el Ministerio explicaron que el cierre de residencias (donde los niños duermen lejos de sus padres) se reemplazó por la creación de 27 anexos de Escuelas Secundarias Rionegrinas (SRN) rurales virtuales y escuelas de jornada completa. El objetivo, aseguran, es evitar el desarraigo y mantener a los niños cerca de su núcleo familiar, garantizándoles transporte y alimentación diaria.

Participaron del debate trabajadores del gremio docente UNTER, quienes apoyaron el proyecto indicando que la educación presencial y las residencias son vitales para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica (donde a veces los niños dependen de la escuela para alimentarse).

Representantes del Parlamento Mapuche argumentaron que el cierre y modificación de escuelas en parajes viola el Convenio 169 y la Constitución, ya que las comunidades originarias no fueron consultadas sobre medidas que afectan profundamente su cultura, identidad y territorio.

Tras un extenso debate en la comisión, el proyecto fue sometido a votación y resultó rechazado por mayoría. 

Por otro lado, la comisión trató el proyecto que busca establecer un marco regulatorio en la provincia para la detección temprana, acompañamiento y abordaje integral de los niños, niñas y adolescentes con Altas Capacidades (AACC) en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo. 

Para ello, propone la creación del Programa Provincial de Educación para AACC en el ámbito del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, con el fin de garantizar la inclusión educativa mediante la adaptación de planes pedagógicos, opciones de flexibilización o aceleración de la escolaridad, y la capacitación docente continua y gratuita.

De la discusión del proyecto impulsado por Juan Martín (PRO), surgió un fuerte contraste entre los funcionarios del Ministerio de Educación, quienes argumentan que la normativa vigente ya contempla la diversidad en el aula, y los legisladores que denuncian una falta de recursos y capacitación real para los docentes. 

Mientras el oficialismo sostuvo que un programa específico podría ser reduccionista, los impulsores de la ley enfatizaron la necesidad de un protocolo provincial con presupuesto propio para evitar que estas mentes brillantes se pierdan en un sistema colapsado. 

El intercambio concluyó con una votación de dictamen dividido, con mayoría negativa.