(AUDIO) Lacour: “La modernización del Estado no puede ser una excusa para vigilar perfiles, conductas o controlar opiniones”

La legisladora provincial Martina Lacour afirmó que el Gobierno de Río Negro debe rendir cuentas sobre el uso de datos personales en comunicaciones oficiales y advirtió que “la modernización del Estado no se puede convertir en una excusa para vigilar opiniones, perfiles o conductas”.

En diálogo con Gonzalo Santos en LUVER —La Única Verdad es la Realidad—, por FM De la Costa, Lacour se refirió al pedido de informes presentado por nueve legisladores de distintos bloques a partir de la investigación de DosNueveVeinte sobre Estado Intruso, WhatsApp, Río Bot, Botview, privacidad digital y bases de datos estatales.

“Muchos de tus informes han servido de disparador para este trabajo de contralor que tenemos que hacer desde la Legislatura”, señaló Lacour al inicio de la entrevista, y remarcó que el rol legislativo debe estar por
encima de las diferencias partidarias: “Podemos estar en las antípodas del pensamiento político, pero nuestra tarea de controlar al Poder Ejecutivo no tiene que verse interrumpida por nuestra ideología”.

La legisladora cuestionó además los intentos de presentar el pedido de informes como una maniobra partidaria por haber sido firmado por dirigentes de distintos espacios. “Me parece triste que se critique que
liberales y kirchneristas nos uniéramos para pedir un informe. Esto no debería sorprender a nadie”, sostuvo. El proyecto de pedido de informes fue avalado por 9 legisladores de tres espacios políticos distintos: María
Patricia Mc Kidd, Martina Lacour, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Santiago Ibarrolaza, José Luis Berros, Ayelén Spósito, Carmelio Pilquinao y Luciano Delgado Sempé.

El pedido legislativo apunta a que el Ejecutivo informe si durante 2025 y 2026 contrató herramientas tecnológicas de mensajería, monitoreo, análisis de redes sociales, procesamiento de datos personales, bots, CRM o plataformas de comunicación directa con ciudadanos. En particular, exige precisiones sobre la empresa Botview, pero también sobre cualquier otro proveedor que haya intervenido en servicios similares.

Lacour relató un hecho personal que refuerza la inquietud: recibió en su celular —con característica 011— una llamada grabada del gobernador Alberto Weretilneck informando sobre una obra en Bariloche, ciudad
donde reside hace casi dos décadas. “Para que a mí me llamen desde la provincia, y más todavía sabiendo que vivo en Bariloche para hablarme de una obra que se está haciendo acá, estamos a un nivel de detalle de
una base de datos que es llamativo”, afirmó.

La legisladora explicó que una de las preguntas centrales es el origen de esas bases: “Queremos saber de dónde se obtuvieron los datos para este tipo de propaganda y si existe alguna metodología para que los usuarios puedan darse de baja, porque esto es obligación a través de la Ley de Protección de Datos Personales”.

Durante la entrevista, Santos planteó que el teléfono forma parte de la intimidad familiar y que el Gobierno debe explicar cómo construye y utiliza esas bases. Lacour coincidió: “Hoy un rionegrino no puede saber
qué datos tiene el Estado sobre él, de dónde salieron, quién los administra, qué proveedor privado puede acceder y cómo pedir la baja. Eso es justamente lo que estamos preguntando”.

La legisladora también advirtió sobre la posible utilización política de la información en un contexto preelectoral. “La información siempre ha sido poder, y más hoy con todas las herramientas que nos dan las plataformas tecnológicas”, sostuvo. En ese marco, insistió en que el objetivo no es obstaculizar la tecnología, sino exigir controles: “Lo que queremos saber es si existieron estas herramientas, cómo se usaron, de dónde se obtuvieron las bases de datos y qué garantías hay para proteger los derechos de los rionegrinos”.

Consultada sobre la necesidad de una ley específica sobre intimidad digital, bots estatales, mensajería masiva, trazabilidad de datos, proveedores tecnológicos y derecho de baja, Lacour dijo que Río Negro y la Argentina necesitan avanzar en legislación sobre plataformas digitales y nuevas tecnologías, aunque advirtió que se trata de un campo complejo que debe trabajarse con especialistas para no frenar el desarrollo tecnológico.

“Hay que estudiar bien y trabajarlo con expertos para no meter la pata, porque es muy delgada la línea entre regular y obstruir el desarrollo”, señaló.

Para DosNueveVeinte, la entrevista confirma el salto institucional de la investigación sobre Estado Intruso: una agenda nacida en la comunidad digital, impulsada por vecinos y trabajada desde el periodismo de datos,
llegó ahora a la Legislatura como exigencia formal de control.

El punto de fondo no es sólo Botview ni WhatsApp. Es más profundo: qué hace el Estado con los datos personales que los rionegrinos entregan para trámites, turnos, servicios, salud, ayudas o consultas oficiales.

La pregunta queda abierta y ahora deberá responderla el Ejecutivo: quién toca los datos privados de los rionegrinos, con qué consentimiento, bajo qué control y con qué garantías de que no serán usados políticamente.