La oposición pide explicaciones por el “estado intruso”: nueve legisladores exigen saber cómo el gobierno usa los datos personales de los rionegrinos

Luego del trabajo de investigación de DosNueveVeinte que presentó su director, Gonzalo Santos, en LUVER (FM De la Costa) y en Instagram sobre WhatsApp, Río Bot, Botview y vulnerabilidad de la intimidad digital,
legisladores de distintos bloques presentaron un pedido de informes (proyecto 683/2026) para que el Ejecutivo explique de dónde salen los teléfonos usados en comunicaciones masivas, qué consentimiento
prestaron los ciudadanos, quién administra las bases y qué garantías existen para impedir su uso político.

La investigación de DosNueveVeinte sobre el “Estado Intruso” tuvo su primera derivación institucional: nueve legisladores provinciales de distintos bloques avanzaron con un pedido de informes (proyecto 683/2026) para que el Poder Ejecutivo explique cómo obtiene, administra, conserva, terceriza y utiliza datos personales de ciudadanos rionegrinos en comunicaciones oficiales realizadas por WhatsApp, bots institucionales, plataformas digitales, servicios de mensajería masiva, correo electrónico, SMS u otros canales de contacto directo.

El expediente fue impulsado por los legisladores María Patricia Mc Kidd, Martina Lacour, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Santiago Ibarrolaza, José Luis Berros, Ayelén Spósito, Carmelio Pilquinao y Luciano Delgado Sempé. 

En el texto, dirigido al Poder Ejecutivo, la Secretaría General, el Ministerio de Modernización y el Ministerio de Salud, se retoma el eje central de la investigación: el problema no se limita al gasto público ni a la legalidad formal de las contrataciones, sino al origen de los datos utilizados para contactar directamente a ciudadanos en sus teléfonos personales. 

El pedido de informes exige saber qué organismo administra esas bases, con qué finalidad fueron recolectados los datos, qué consentimiento prestaron los ciudadanos, qué proveedores privados acceden a esa información, qué medidas de seguridad existen, qué registros quedan de cada interacción y qué mecanismos de baja, oposición o revocación del consentimiento están disponibles.

La iniciativa legislativa surge en el marco de las contrataciones del Gobierno provincial con la empresa Botview S.A.S., vinculadas al envío de mensajes institucionales por WhatsApp. El documento legislativo advierte que no se trataría necesariamente de una contratación aislada, sino de una operatoria que podría haberse repetido durante varios meses, acumulando un volumen considerable de comunicaciones directas a
teléfonos particulares.

Desde DosNueveVeinte, la investigación mostró que el punto más delicado no es solamente cuánta plata gasta el Gobierno en mensajería, sino qué base de datos sostiene esos envíos. Contratar 600.000 mensajes no permite saber cuántos teléfonos únicos tiene el Estado, de dónde salieron, si provienen de trámites, turnos, Río Bot, salud, IPROSS, educación, ayudas, formularios web, registros administrativos o bases
externas.

El pedido legislativo también incorpora una dimensión más amplia: el funcionamiento del Ecosistema Digital de Integrabilidad de Río Negro —EDI RN—, creado por la Ley 5793, orientado a que los sistemas
informáticos de distintos organismos provinciales puedan intercambiar datos, procesos y servicios digitales. El expediente señala que la modernización administrativa puede mejorar trámites y facilitar el acceso a información útil, pero no puede desarrollarse sin reglas claras sobre privacidad, protección de datos personales, trazabilidad, evidencia legal de los intercambios y responsabilidad estatal.

Uno de los puntos centrales del planteo es que el número de teléfono celular no es un dato menor: hoy se usa para trámites, turnos, prestaciones, comunicaciones familiares, escolares, laborales, bancarias y sanitarias. Por eso, su utilización por parte del Estado para comunicaciones masivas exige estándares elevados de legalidad, transparencia, proporcionalidad, seguridad y control.

El documento recuerda que la Ley Nacional 25.326 establece que los datos personales no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su recolección. En ese sentido, plantea una cuestión decisiva: si un ciudadano entregó su teléfono para solicitar un turno, iniciar un trámite, acceder a una prestación, interactuar con un bot oficial o recibir una notificación específica, eso no implica necesariamente que haya autorizado su uso posterior para campañas generales de comunicación, publicidad institucional, segmentación de mensajes o envíos masivos.

La presentación legislativa refuerza, así, la hipótesis central de DosNueveVeinte: el Estado puede necesitar datos para prestar servicios, pero debe demostrar que no los convierte en una infraestructura opaca
de comunicación, segmentación o poder político.

En una provincia donde el mismo espacio político gobierna hace 14 años, con sueldos políticos ocultos, declaraciones juradas inaccesibles y sin Oficina Anticorrupción, la pregunta sobre los datos privados adquiere una gravedad institucional superior.

El Estado tiene que explicar quién toca los teléfonos de los rionegrinos. Y tiene que hacerlo ahora.