Villa Regina se convirtió en el primer municipio rionegrino en aprobar una normativa que exige exámenes toxicológicos obligatorios para toda su planta política. La iniciativa, impulsada por la concejal Nadia Ilundayn, obtuvo el respaldo de nueve de los diez integrantes del cuerpo legislativo y se encuentra actualmente en la etapa de reglamentación conjunta entre el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo.
En diálogo con FM DE LA COSTA, la edil resaltó que "es una ordenanza innovadora porque no es punible; no se busca condenar a la persona que tiene adicciones, sino que se busca recuperarla". El proyecto surgió tras un trabajo con asesores legales para garantizar que el texto fuera técnicamente correcto antes de su tratamiento en comisión.
La obligatoriedad de los estudios comprende a la totalidad de los cargos políticos, incluyendo al intendente y a los miembros del Concejo Deliberante. Respecto al manejo de la información sensible, Ilundayn aclaró que "no es escrachar ni condenar a nadie; es acompañar a esa persona si sale positivo para que pueda recuperarse, manteniéndole su cargo mientras cumpla los requerimientos".
La propuesta ha trascendido los límites locales, despertando el interés de legisladores de Sierra Grande y de la provincia de Santiago del Estero que solicitaron el texto para su estudio. La concejal vinculó la rápida aprobación legislativa con una demanda de transparencia social y manifestó que "fue algo que la comunidad venía pidiendo; supongo que esto también dio pie a decir que no tenemos nada que ocultar ni problemas en que nos hagan el estudio".
Aspectos técnicos y financiamiento del proceso
La reglamentación definirá si los análisis se realizarán en un hospital público o mediante convenios con laboratorios especializados, como el de Gendarmería Nacional en Neuquén. La legisladora explicó que se optó por el testeo de cabello en lugar de sangre u orina por su mayor ventana de detección y detalló que "el de cabello dura 90 días los residuos, por lo tanto, es un poco más exacto".
En cuanto a los costos, Ilundayn precisó que "se va a hacer cargo el Ejecutivo del primer test toxicológico; en el caso de que sea positivo, la persona tiene el derecho de hacerse otro para hacer una contraprueba".
