Serios cuestionamientos de la oposición en tribunales de cuentas de Viedma, Regina y Sierra Colorada

Vocales de la oposición de los tribunales de cuentas de Viedma (Giselle Rosas), Villa Regina (Iara Zapata Nail) y Sierra Colorada (Brenda Miglierini) expresaron “menosprecio institucional” por parte de las autoridades de esas municipalidades.

“La falta de respuesta a pedidos de informes, la desestimación de observaciones técnicas y el desconocimiento de advertencias sensibles para la gestión municipal no solo vulneran nuestro rol, sino que debilitan los mecanismos de control y la calidad democrática de las instituciones”, señalaron.

Remarcaron que “estas situaciones no son aisladas. Un caso paradigmático es el de Iara Zapata Nail, vocal del Tribunal de Cuentas de Villa Regina, quien denunció al presidente del organismo, Roberto Berola, por hechos de violencia psicológica, institucional y laboral en el marco del ejercicio de sus funciones. Este antecedente expone con claridad las dificultades que enfrentan las mujeres en espacios de control cuando ejercen su rol con independencia, responsabilidad y rigor técnico”.

Asimismo, desde el Tribunal de Cuentas de Viedma, la primera vocal Giselle Rosas ha elevado formalmente al Ejecutivo Municipal distintos pedidos de informes vinculados a temas sensibles para el municipio, tales como gastos de combustible, contrataciones y procesos licitatorios respecto de los cuales se han requerido aclaraciones. Desde el inicio del mandato, no se han obtenido respuestas formales a dichos requerimientos, situación que afecta el normal ejercicio de la función de control.

(AUDIO) Por qué una integrante del Tribunal de Cuentas de Viedma rechazó la Cuenta General del año pasado

En la misma línea, la vocal del Tribunal de Cuentas de Sierra Colorada, Brenda Miglierini, ha manifestado que el organismo “no sesiona desde agosto de 2025 y que no ha sido convocada formalmente a participar de nuevas sesiones. Asimismo, el balance anual 2024 habría quedado sin respuesta frente a movimientos que generaron dudas y observaciones técnicas, mientras que el ejercicio anual 2025 aún no ha sido presentado”.

“Estas situaciones no solo obstaculizan el ejercicio pleno de la función de control, sino que comprometen la transparencia y el normal funcionamiento institucional de los órganos de control, afectando principios básicos de legalidad y rendición de cuentas”, subrayaron.

Entendieron que “nuestro trabajo como vocales tiene un objetivo claro: contribuir a municipios más transparentes, con decisiones ajustadas a la legalidad y con información pública accesible. El control no es persecución ni obstáculo a la gestión municipal; es una función esencial del Estado democrático que fortalece el uso responsable de los recursos públicos”.

“Cuando estas prácticas se agravan por el hecho de ser mujeres, se configura un doble estándar en la sobreexigencia intelectual y laboral que constituye violencia política de género, conforme lo establecido por la Ley 27.533, en el marco de la Ley 26.485. Por ello, realizamos un llamado institucional a respetar el rol de las vocales en los órganos de control, garantizar el acceso a la información pública y erradicar toda forma de violencia política contra quienes ejercemos nuestra función con rigor, responsabilidad y compromiso democrático”, finalizaron.