El bloque CC ARI Cambiemos presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley orientado a fortalecer el cumplimiento del Calendario de Vacunación Obligatoria en niños y niñas, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud, prevenir el resurgimiento de enfermedades erradicadas y reforzar la responsabilidad colectiva en materia de salud pública.
La iniciativa destaca que la vacunación ha sido uno de los mayores avances de la humanidad, permitiendo erradicar o controlar enfermedades que durante siglos provocaron epidemias devastadoras. En Argentina, la vacunación es considerada un bien social, obligatoria, gratuita y prioritaria para la salud pública, tal como lo establece la Ley Nacional N° 27.491, vigente desde 2018 y reglamentada en 2023.
“Vacunarse y vacunar a los niños es una obligación para sí mismo y para con los demás. No hacerlo es una alta irresponsabilidad social. No nos encontramos ante una oposición ideológica, opinable o de conciencia sino frente al incumplimiento de normas constitucionales y una Ley Nacional”, sostiene Javier Acevedo, autor del proyecto.
El bloque advierte sobre una preocupante baja en los niveles de vacunación infantil, particularmente en niños en edad de ingreso escolar. En algunas localidades de Río Negro, durante 2024, el cumplimiento del calendario obligatorio descendió al 80%, lejos del 95% recomendado para garantizar la inmunidad comunitaria.
En este contexto, la propuesta retoma antecedentes judiciales y normativos, entre ellos un fallo dictado en 2024 por el Juzgado de Familia de General Roca, que ordenó la vacunación obligatoria de un recién nacido, priorizando el interés superior del niño y la salud pública por sobre la negativa de los progenitores. Asimismo, destaca los casos de Mendoza y Córdoba donde ya se aprobaron iniciativas similares.
La iniciativa establece que todo agente público provincial que tome conocimiento fehaciente de la falta de vacunación obligatoria en un niño deberá informar al Ministerio de Salud. A partir de allí, la autoridad sanitaria deberá implementar estrategias para revertir la situación y, en caso de persistir la negativa de los responsables, dar intervención a la Defensoría de Menores y al Juzgado de Familia correspondiente.
Además, el proyecto prevé la aplicación de sanciones económicas a los padres, tutores o responsables que incumplan, con multas que no podrán ser inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil, y que podrán duplicarse en caso de reincidencia. En situaciones de insolvencia, se contempla la realización de trabajo comunitario en el ámbito de la salud pública.
“El derecho a la salud de niños y niñas no puede quedar librado a decisiones individuales que ponen en riesgo a toda la sociedad”, señala Acevedo, remarcando que la vacunación no es una opción personal sino una responsabilidad parental y un deber colectivo.
Te puede interesar
Lo más visto
