Comenzó el juicio político contra el juez acusado de demorar resoluciones de causas

Se inició el juicio político contra Gustavo Guerra Labayen, camarista laboral de Viedma. La investigación preliminar se centró principalmente en disfunciones vinculadas con demoras en la resolución de causas.

En el juicio, el Procurador General, Jorge Crespo, asumió el rol acusatorio. El Consejo estuvo conformado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado; el juez Gustavo Bronzetti; los legisladores Marcelo Szczygol, Marcela González Abdala y Juan Sebastián Murillo Ongaro; y los representantes de la abogacía Maximiliano Mullally Bratulich, Candela Soledad Fanton y Luisina Paola Devia. La defensa del juez estuvo a cargo del abogado Fernando Chironi.

Durante la primera jornada del debate ante el Consejo de la Magistratura, el juez Guerra Labayen hizo uso de la palabra y luego se leyó la acusación impulsada por el Procurador General.

El Procurador lo acusó de mal desempeño de sus funciones en dos hechos distintos. El primero fue el incumplimiento de la obligación legal de expedirse en los plazos establecidos para dictar 25 sentencias definitivas en causas radicadas en la Cámara Laboral de Viedma, en las que debía emitir el primer voto. “Todas se encontraban con plazo vencido al momento de la inspección realizada en dicho tribunal por la Auditoría Judicial General”, subrayó. También le atribuyó la pérdida de jurisdicción en ocho de ellas “por vencimiento del plazo legal para fallar”.

Crespo enmarcó la acusación en los artículos 199 (inc. a) y 200 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, y en los artículos 23 (inc. a) y 24 (inc. b y c) de la Ley K Nº 2434 del Consejo de la Magistratura.

Resaltó en la requisitoria que el magistrado, en su descargo, realizó un expreso reconocimiento de ambos hechos. Añadió que la actitud adoptada "evidenció una insuficiente actividad, falta de empeño, desgano, indiferencia, insensibilidad y una actitud pasiva, impropia de un funcionario que debía afrontar con mayor seriedad su obligación de cumplir con los plazos legales para dictar sentencia".

“Estamos claramente frente a una disfuncionalidad en el ejercicio de sus atribuciones como juez de Cámara. Más allá de generar perjuicios graves hacia los justiciables por las dilaciones innecesarias en la resolución de los conflictos, expone una imagen disvaliosa del Poder Judicial ante la sociedad en su conjunto”.

Hoy declararon 15 testigos, entre magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial y abogados particulares. El juicio finalizará mañana a las 9.30 con los alegatos de las partes.