La legisladora Magdalena Odarda alertó sobre las barreras legales que enfrentan las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales al momento de acceder a un empleo formal, ya que actualmente deben renunciar a su pensión por discapacidad, un derecho adquirido que garantiza su sustento básico.
“Es una injusticia que quienes desean trabajar vean penalizado su esfuerzo con la pérdida de una protección esencial. No podemos seguir obligando a las personas con discapacidad a elegir entre empleo o pensión”, expresó Odarda.
Esta situación genera informalidad, inestabilidad y falta de acceso a obra social y aportes jubilatorios, afectando su autonomía y calidad de vida. Además, perjudica a familias que, con esfuerzo, promueven la inclusión de sus hijos e hijas en el mundo laboral.
Desde Río Negro, Odarda presentó un proyecto de comunicación ante la Legislatura provincial para requerir formalmente al Congreso de la Nación la urgente reforma del marco legal vigente. El objetivo es garantizar una transición justa a la vida adulta y laboral, permitiendo compatibilizar el empleo formal con la continuidad de la protección social.
“La inclusión no puede seguir siendo una renuncia a derechos básicos. Es hora de legislar con enfoque de derechos humanos y equidad”, concluyó.
