Scalesi en defensa de los contratados: "Muchos legados de los cesanteados no poseen calificaciones negativas"

El Secretario General de UPCN, Juan Carlos Scalesi, envió una nota a la Secretaria del Consejo de la Función Pública, Tania Lastra, en la que afirma que muchos de los trabajadores estatales a los que no se les renovaron sus contratos no poseen legajo con calificaciones negativas como para justificar – al menos con el argumento que se invoca públicamente - la medida.

Pidió que se deje sin efecto la decisión e hizo mención a declaraciones del propio Gobernador Alberto Weretilneck en distintos medios, respecto de que la interrupción de varios contratos ligados al Estado obedeció a la conducta irregular en el desempeño de los agentes dados de baja.

“De la compulsa de los legajos del personal que se identifica en el listado adjunto a la presente, hemos advertido que la conducta laboral de los empleados ha sido por demás satisfactoria, sin que surjan de tales registros antecedente disciplinario alguno, o informe del área de recursos humanos con calificaciones peyorativas referidas a la aptitud o contribución con el trabajo o cargo de los agentes”, remarcó el dirigente.  

“Muy por el contrario –dijo- según las opiniones del propio Estado vinculadas al desempeño de cada empleado del listado que se anexa, la conducta desarrollada por los dependientes al cabo de todo el vínculo, ha cumplido con los objetivos y expectativas previstas para cada cargo o función”.

Añadió que “ninguno de los casos que se pide su revisión, denotan en su legajo calificaciones negativas como para justificar – al menos con el argumento que se invoca públicamente -  la no renovación del vínculo de empleo con vigencia sin solución de continuidad por más de 3 años”.

Advirtió que “de no revisarse la decisión del ejecutivo del modo y en los términos que se reclama por la presente nota, lamentablemente se confirmaría que la misma solo hubo de tener como causa o motivación razones de índole económicas en detrimento del sector trabajador, sin que el Estado haya sopesado o valorado al momento de la medida interruptiva del servicio la conducta laboral de los empleados”.

Supone Scalesi que “el Estado incurrió en un error involuntario al no analizar la situación particular de cada agente que dejó sin trabajo, o en su defecto las razones que hizo públicas el Sr. Gobernador de la Provincia para fundar la decisión del propio Gobierno, no son ciertas. De modo tal que, de no admitirse nuestra reclamación, es evidente que la motivación del Estado para no renovar los contratos respondería a cuestiones netamente económicas y/o gremiales, sin que haya sido objeto de algún tipo de revisión el comportamiento laboral de los empleados cesantes”.

Finalmente pidió que se convoque a UPCN a una reunión antes de la fecha prevista para las paritarias del sector (30/01/25), con el único propósito de examinar los legajos de la nómina del personal adjunto, y resolver con urgencia la reincorporación de los agentes desplazados del Estado.