“Es un desatino institucional que jueces nombrados por Weretilneck definan quiénes podrán competir o no en las elecciones”

El bloque Vamos con Todos rechazó que sea la Justicia Provincial, uno de los poderes más cuestionados por la sociedad rionegrina, quien defina si una persona pueda o no ser candidata en futuras elecciones, aún sin que tenga condena firme.

El presidente de la bancada José Luis Berros destacó su visión “institucional y política”. “Me preocupa que sea esta justicia tan desprestigiada la que abra la puerta para las candidaturas o las cierre, ciertamente poner en cabeza de este Poder dicha facultad es desbalancear el equilibrio de pesos y contrapesos que plantea la Constitución”, afirmó.

Recordó que fue la Justicia provincial la que demostró actuar en favor del Poder Político constituido cuando habilitó “la re reelección del gobernador Weretilneck violando las normas Constitucionales, incluso cuando el tribunal en la materia había rechazado por inconstitucional su candidatura”.  Agregó que se creó desde el gobierno provincial “un tribunal electoral y se hizo un concurso para cubrir dicho cargo. Así van condicionando a la justicia y a través de ella a la política, ahora vienen con Ficha Limpia y ponen en cabeza del tribunal de impugnaciones la decisión de quiénes podrán ser candidatos y por ende representar al pueblo rionegrino”.

Calificó la propuesta como “un desatino institucional” y citó encuestas que muestran que “los políticos estamos al final de la encuesta, pero anteúltimo está el Poder Judicial. ¿Realmente creen que la gente va a confiar que una de las instituciones más desprestigiadas será la que dé un nuevo sustento moral y ético a la política, jueces sospechados de todo, con patrimonios que no pueden explicar. Me parece, al menos, una absoluta ingenuidad?”

“No es con la exclusión de candidatos que no les gusten cómo vamos a recuperar prestigio, sino promoviendo la participación, la transparencia, con un decir y actuar que se condigan, con un ejercicio de austeridad”, agregó. 

Recordó los 28 años de gobierno radical durante los que hubo resonantes casos de corrupción y se mostró sorprendido por la impostura de algunos legisladores aliados al oficialismo que participaron y apoyaron aquellas gestiones.

“Hoy tenemos un Poder Judicial que casi en su totalidad fue nombrado bajo el amparo del gobernador Weretilneck, el mismo que impulsa este proyecto para que esos jueces sean los que habiliten a quienes puedan competir en elecciones ya no tan libres”, sostuvo.

“Dime de que te jactas y te diré de que adoleces”,  reza un dicho popular. “No creo que con este proyecto logren el efecto deseado, sino todo lo contrario. Hace pocos días en los medios nacionales salía el patrimonio de los gobernadores. Ya no es de teflón, como se decía antes y por más ficha limpia, publicidad en redes, toda la desconfianza, el desprestigio, los hechos de corrupción, impactan de lleno en el mandatario y su gobierno chato y gris, como dicen las encuestas”, agregó. “No subestimo a los rionegrinos y rionegrinas, confío más en el pueblo soberano, que en unos pocos jueces interesados puestos por Weretilneck”, concluyó.

Luciano Delgado Sempé criticó al Poder Judicial al que calificó como “viciado” y cuestionó al gobierno provincial por el oportunismo de presentar ahora esta propuesta.

Dijo que “los vecinos piden este gesto de transparencia y honestidad. Pero en todo el sistema político. Resulta raro que después de cuatro años quieran presentarlo”, aseguró al tiempo que anticipó su voto favorable “por el honor de mi familia  y por los principios que me enseñaron mis padres y mis abuelos”.

Por su parte, Magdalena Odarda compartió que “es necesario transparentar el sistema político” pero aclaró que “bajo el llamativo nombre de ficha limpia se pretenden introducir modificaciones a lo ya establecido en el Código Penal de la Nación y a la legislación electoral, pero esta vez violando los principios de nuestra Constitución y los tratados internacionales”.

Agregó que “los impulsores de estos proyectos parecen fingir demencia prescindiendo de distintos hechos de gravedad institucional acontecidos en los últimos años en nuestro país y en América Latina, que son caracterizados como hechos de lawfare”. 

Agregó que “es un camino equivocado debatir sobre la pertinencia de iniciativas como las que hoy estamos tratando cuando los encargados de impartir justicia en las causas denominadas políticas  están cuestionados no sólo por dirigentes de diferentes partidos sino también por la mayoría de la sociedad”. 

Concluyó que “no podemos promover medidas que condicionan la voluntad popular para la elección de sus representantes, sobre todo cuando esa decisión de impedir la elección de sus preferencias queda en manos de un poder carente de legitimidad social.