Odarda junto a Referentes Sociales piden la postergación del tratamiento del Código Procesal Constitucional

La legisladora Magdalena Odarda, acompañada por varios legisladores y ciudadanos y ciudadanas de Río Negro, ha solicitado formalmente a la Presidencia de la Legislatura la postergación del tratamiento en segunda vuelta del proyecto de ley impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para la creación del nuevo Código Procesal Constitucional. Además, exigen la posibilidad de participar en el debate y aportar sus perspectivas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El proyecto en discusión genera alarma en diversos sectores de la sociedad debido a que atenta contra el principio de no regresividad y progresividad al reemplazar leyes fundamentales como la de amparo colectivo (Ley 2779), la de acceso a la información pública, la de habeas corpus y la de habeas data, entre otras.  Además, se destaca que el artículo 141 de la Constitución Provincial obliga a garantizar la opinión popular, algo que no se ha cumplido debidamente en este caso, según lo manifestado en el boletín oficial de la Legislatura de Río Negro. 

Este nuevo código también establece nuevos requisitos más rigurosos para presentar acciones de amparo, lo que podría contradecir el artículo 43 de la Constitución Nacional y resultar inconstitucional. Además, elimina de facto el amparo colectivo al declarar inadmisibles las acciones contra el Poder Ejecutivo y derivarlas a juicio contencioso administrativo, prolongando las resoluciones durante años o décadas. La calificación de "complejidad" de un caso también podría ser usada discrecionalmente para justificar estas demoras. 

Por otro lado, el proyecto intimida la participación ciudadana al habilitar la imposición de costas judiciales a los ciudadanos cuyos amparos sean rechazados, lo que podría desalentar la presentación de reclamos. Esta situación se agrava con la posibilidad de multiplicar por 10 los costos si el reclamo es considerado "temerario". Además, se elimina la obligatoriedad de publicar edictos para que otros ciudadanos puedan adherirse a reclamos colectivos, restringiendo el alcance de estas acciones, y se permite el cumplimiento de condenas a plazos indeterminados, como en casos de crisis hospitalarias, donde aunque se obtenga un fallo favorable, su cumplimiento podría diferirse indefinidamente.

Cabe recordar que el Superior Tribunal de Justicia justificó la propuesta de este nuevo Código Procesal Constitucional como una forma de condensar en un texto único las normas dispersas que regulan las acciones para el resguardo de derechos constitucionales. Sin embargo, críticos señalan que esta iniciativa afecta directamente derechos que han sido históricamente protegidos por leyes de vanguardia en la provincia, como el amparo colectivo y la acción de inconstitucionalidad. Este contexto se enmarca en la tendencia de recentralización de poderes y restricciones en el acceso a la justicia para la ciudadanía, tal como lo indican las observaciones de organismos especializados.

Odarda considera que este proyecto no ha sido debidamente difundido para que la población conozca sus implicancias. Además, advierte que las modificaciones propuestas atentan contra derechos fundamentales y desvirtúan herramientas democráticas como el amparo, debilitando la protección de derechos individuales y colectivos. En un contexto en el que se perciben avances similares a nivel nacional en detrimento de derechos ciudadanos, este proyecto de ley representa, según los firmantes, un retroceso que compromete seriamente la vida democrática de la provincia. Asimismo, cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones, referentes y colectivos sociales, tales como Árbol de Pié; Felisa Curamil, Espacio Cultural; Laura Sabesunsky; CORJUB, Coordinación de Jubilados y Pensionados; Yuyo Brigues, El Foyel; Laura Beatriz Santman; Multisectorial Transfeminista Viedma y Patagones; CTA de les trabajadores – Secretaría Adjunta; CTA – Vocal; Rajneri PTP – PCR; Cristian Rodicio; APDH Maringo; Viviana Colipe; Vasco Marelli – Mapuche, Organización Cultura y Raíz; Darío Yapileo; María Fernández, Radio Nacional Bariloche; Gustavo Varela, cura católico de Cipolletti; Teresa Cardona, concejala de Catriel; Pocho Lehner; SITRAJUR; Asamblea de Vecinos Autoconvocados Viedma y Patagones; Valeria Romero, Comunidad Mapuche Newen Tain Mapu; Hugo Corihuala, Comunidad Mapuche Newen Tain Mapu; Comunidad Mapuche ANCALAO; Vanda Ianowski y Manuel Colombo Ianowski; Raquel Perrier, ambientalista; Asamblea por la Tierra y el Agua; Alicia Liliana Calendino; Fabricio Di Giacomo; Multisectorial del Golfo San Matías; Asamblea por los DDHH Valle Inferior del Curru Leufu; FONAT, representado por Cacho Tassara; Asociación Newen Zomo; Bruno Capra, de Bariloche; y Lidia y Juan Carlos, de APCA-Allen, entre otros.

Instamos a la Legislatura de Río Negro a garantizar un proceso legislativo transparente y participativo, en resguardo de los derechos conquistados por la ciudadanía y la vigencia de la democracia en nuestra provincia.