Trabajo en red para mejorar las condiciones de vida de una mujer en situación de vulnerabilidad

M. tiene poco más de 50 años. El consumo problemático de alcohol, limitaciones económicas y hasta un hecho de abuso sexual del que fue víctima la sumergieron en una extrema situación de vulnerabilidad. En ese contexto la Defensa Pública impulsó diversas estrategias para posibilitar una mejora de su calidad de vida.

La primera acción llevada a cabo por la Defensoría civil de Menores e incapaces fue iniciar el proceso de capacidad ante la Unidad Procesal correspondiente, que progresivamente se fue conformando con diversa documentación e informes que implicaron especialmente a la Oficina de Servicio Social del Ministerio Público de la Defensa.

La gestión se sostuvo en la necesidad de consolidar un sistema de apoyo “ante la exposición a riesgos físicos y patrimoniales a los que se encuentra expuesta la mujer en función de sus múltiples desigualdades”. La carencia de familiares que permita conformarlo produjo que se modifique tal pretensión.

Se determinó, en ese contexto, que la mujer no tiene bienes a su nombre, vive en una casa precaria, no tiene una red de apoyo más allá de sus vecinos, percibe una pensión por discapacidad y padece una situación de consumo problemático. Además se sumaron las actuaciones en el fuero penal y las constancias de que personas vinculadas familiarmente a ella se acercan para apoderarse del dinero que percibe en calidad de pensión.

En este marco se requirieron informes al Cuerpo de Investigación Forense y a diversas áreas estatales entre ellas salud mental, discapacidad y desarrollo social para iniciar un trabajo específico respecto de su situación y se trabajó especialmente con un informe elaborado en el terreno por la Oficina de Servicio Social.

A través del mismo pudo determinarse que no cuenta con una red afectiva de apoyo aunque sí tiene vecinos comprometidos a ayudarla. Se iniciaron asimismo vínculos inter institucionales y comunitarios buscando conformar una red que colabore con su inclusión y fortalezca su dinámica cotidiana para lograr modificarla progresivamente.

La Oficina de Servicios Social articuló acciones con referentes de salud mental, agentes sanitarios pertenecientes al centro de salud cercano a su domicilio y con vecinos que colaborarán en la cotidianidad de la mujer. Se agregó a ello una sentencia judicial que impuso la prohibición de acercamiento a dos hombres que, en ocasiones, se apoderaban de su dinero.

Además a través de la articulación con la Asociación Taller Protegido de Viedma (AtaP) se iniciaron gestiones para que la mujer comience actividades de esparcimiento.

Finalmente, de forma excepcional y ante la falta de opciones, se solicitó a la Jueza interviniente que una de las integrantes de la Oficina de Servicios Social se constituya en apoyo para ayudarla a administrar su dinero.

“Todo este trabajo que ya comenzó es el que, se pretende, quede registrado en la sentencia en la que la Magistrada formalizaría el pleno goce del ejercicio de sus derechos”, finalizó la Defensora interviniente.

¿Qué es y cómo trabaja la Oficina de Servicio Social?

Este organismo dependiente del Ministerio Público de la Defensa está conformado por trabajadores/as sociales que brindan una atención más específica al justiciable prestando especial atención a aquellas necesidades que - si bien se relacionan con su problemática puntual- no son necesariamente jurídicas.

Con sedes en cada una de las cabeceras de Circunscripción y una coordinadora regional, su función es asesorar y brindar asistencia a defensores civiles y a usuarios de su servicio sin intervenir en el control de las condiciones impuestas por la judicatura a procesados, probados y condenados.

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