En estos días en que se supo que la Función Pública de Río Negro puso en marcha un nuevo sistema de auditorías médicas para los trabajadores públicos. “Parece ser que es un pecado enfermarse”, advirtieron desde UPCN.
Añadieron que “la falta de transparencia en cómo se realizan las auditorías y se toman las decisiones está yendo en contra de los derechos laborales que protegen la salud de los trabajadores generando desconfianza y un sinfín de dificultades a la hora de justificar licencias por enfermedades debidamente justificadas por médicos que con su matrícula profesional lo avalan”.
“Habiendo tomado conocimiento de los dictámenes –mencionaron- podemos afirmar que los procesos son poco claros, en muchos casos inaccesible para los trabajadores, con dictámenes que llegan al correo electrónico en horas de la madrugada o a destiempo cuando el trabajador ya se encuentra reintegrado a sus labores, dictámenes que justifican menos cantidad de días que los indicados por el médico tratante”.
Consideraron que “ello implica que el trabajador deba asistir más de dos o tres veces para poder obtener el certificado debiendo pagar el bono y el plus más de una vez; resultando que aquellos que no cuentan con el dinero suficiente regresen a sus lugares de trabajo sin completar el tratamiento o en periodo de contagio de enfermedades infecto contagiosas como la gripe, el covid, etc.”.
Aseguraron que esos dictámenes no poseen identificación de la matrícula de la o el profesional que realiza el mismo “claramente realizados por una maquina deshumanizada, sin tener en cuenta la diversidad de condiciones médicas y la multiplicidad de aspectos como la falta de médicos especialistas en cada ciudad, pueblo o paraje”.
Ante ello “el trabajador debe trasladarse hasta otra ciudad para poder atenderse con el gasto y el riesgo que ello implica”.
Por otra parte, recordaron que “existen muchos trabajadores que no tienen acceso a internet porque no lo pueden pagar, otros no tienen manejo de los instrumentos informáticos que la aplicación impone, muchas áreas de RRHH no cuentan con el personal suficiente o con las capacitación que requiere este nuevo régimen, en definitiva creemos que esta nueva incorporación de médicos virtuales es apresurada, fuera de lógica y no genera ningún beneficio para las personas que atraviesan una enfermedad2.
Desde el gremio que lidera Juan Carlos Scalesi expresaron estar de acuerdo con que la Función Pública “debe poner orden con el abuso de las inasistencias médicas, pero si las auditorías se orientan más en generar beneficios para una empresa en lugar de proteger la salud de los empleados, podemos inferir que es un sistema que no ha sido debidamente analizado o que es inadecuado”.
“No olvidemos que la provincia utiliza recursos públicos para sostener un sistema de salud público, uno privado a través del IPROSS, un sistema de ART y una Junta Médica y ahora terciariza la salud de los trabajadores públicos contratando una empresa privada; entonces nos preguntamos, cuánto dinero le cuesta a los rionegrinos este contrato y de dónde lo sacan?”, preguntaron.
“Le demandamos a la Función Pública que revea este aspecto esencial del trabajo y demuestre tener una mirada integral de este tema”, concluyeron.