GARRAFAS plan calor
La concejala Vanessa Cacho Devincenzi del bloque PAR Viedma expresó su enérgico repudio a la reciente decisión del Gobierno Nacional de Javier Milei de eliminar los topes máximos en los precios de las garrafas de gas, provocando un incremento desmedido en el precio de las mismas, afectando gravemente a las familias de menores ingresos.
En este sentido presentó un proyecto de comunicación con el acompañamiento de los ediles Lorena Alan y Julián Algañarás del bloque Vamos con Todos.
"Esta decisión impacta directamente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, aquellos que dependen del gas en garrafa para poder cocinar y calefaccionar sus hogares. Es inaceptable que se deje a familias de bajos ingresos en una situación de tanta precariedad", declaró la concejala Cacho Devincenzi.
La medida permite que las empresas que comercializan este insumo esencial establezcan el precio de venta de manera arbitraria, sin ningún tipo de regulación. El gas envasado es un recurso vital para miles de hogares, especialmente aquellos que no tienen acceso a la red de gas natural.
Una garrafa familiar, cuyo uso promedio dura apenas 15 días y está destinada principalmente a la cocción de alimentos, será aún más inaccesible para familias numerosas que ya enfrentan dificultades para cubrir los servicios básicos.
Este proceder agrava la situación económica de muchas familias en Viedma y en todo el país, especialmente en la Patagonia, donde el uso de garrafas es esencial durante gran parte del año debido a las bajas temperaturas.
Esta medida es un ataque directo a los derechos básicos de las personas y exige al Gobierno Nacional que revierta esta decisión de manera urgente.
"Como representantes del pueblo de Viedma, no podemos quedarnos en silencio ante esta injusticia. Nos preocupa profundamente el bienestar de nuestras vecinas y vecinos, y no permitiremos que esta medida pase desapercibida. Exigimos una solución inmediata para evitar que miles de familias caigan en una situación de aún mayor vulnerabilidad", concluyó la concejala.
En este contexto, la medida adoptada por el Estado Nacional se presenta como inhumana y contraria a los derechos humanos, afectando de manera directa la provisión de un servicio elemental para la vida diaria.
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