Estafa al IPROSS: Para el colegio de Farmacéuticos se tendría que investigar también "puertas adentro"

Tras haber sido conocido el pedido de elevadas penas a los responsables de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública” contra el IPROSS, desde el colegio de Farmacéuticos recordaron que esa entidad presentó la denuncia y señaló que desde el sector público también se debería investigar puertas adentro del IPROSS. 

Roberto Zgaib, titular del Colegio, precisó que actualizado el monto de la estafa ronda los 4 mil millones de pesos y consideró que "sería importante también que se investigue del otro lado. Hay gente que no se sabe por qué no hizo su trabajo en forma eficiente. Es llamativo que no se investigue puertas adentro".

Recordó que la denuncia por irregularidades fue hecha por el mismo colegio. "Fue el puntapié para iniciar la investigación", aseguró.

Manifestó que tras descubrir una serie de irregularidades se llevó el tema a la justicia para investigar un posible delito y señaló que se ha prestado colaboración desde el 2019 para que este caso pudiera investigarse y tener las sanciones que la fiscalía está pidiendo. Agregó que no sólo la corrupción es un tema público sino que la corrupción sale del sector privado y "es importante que el mismo sector privado haya denunciado este hecho y se haya investigado, no fue muy correspondido por el sector público que debería haber investigado puertas adentro". Enfatizó que si esto no lo hubiera denunciado el colegio no se hubiera descubierto nunca porque no se inició investigación desde el sector público para determinar quién no estaba controlando la situación.

"Hablando mal y pronto nosotros entregamos los nuestros pero el IPROSS no entregó los suyos, se tendría que haber hecho una investigación, nadie deja de mirar gratis o deja de hacer gratis su trabajo", planteó y lo consideró "más que llamativo".

Zgaib insistió  que se debería haber llevado a cabo una investigación interna para ver la situación del IPROSS. "La justicia debería haber investigado si el silencio fue gratis o no, es materia de la justicia y el IPROSS debería haber colaborado", sostuvo y agregó que "fue llevado a cabo durante mucho tiempo y alguien dejó de mirar". Agregó que "fue investigado como si fuera un robo de una bicicleta que estaba en la vereda, pero "alguien dejó de hacer su trabajo del otro lado y hay que investigar por qué lo dejó de hacer".

Destacó que el colegio prestó colaboración y llevó a la justicia a los propios colegas, lo que hace que el colegio haya aumentado su reputación. Zgaib sostuvo que el daño no fue producido a la obra social sino a los afiliados.

Solicitud de penas de fiscalía

El Ministerio Público Fiscal solicitó penas entre 7 años y 11 años y medio de prisión efectiva para las cuatro personas ya declaradas responsables penales de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública”.

En sus alegatos, la fiscalía hizo especial referencia al monto del daño causado cuya última actualización asciende a 4.100.000.000 de pesos y enfatizó en la cantidad de víctimas contando entre estas a la totalidad de los afiliados de Ipross que se vieron perjudicados, directa o indirectamente, por esta estafa millonaria. Además, destacó el nivel de esta organización evidenciado en la maniobra delictiva y la selección del objeto de la estafa.

“Se tratan de más de 574 hechos, cada uno de ellos tuvo una modalidad distinta. Esto era un accionar preparado, tenían estudiado cómo cometer cada maniobra. Tal como se destacó en la sentencia de culpabilidad, se trataba casi de una organización criminal, que había seleccionado determinados medicamentos, de mucho valor, con una cobertura del 100 por ciento por parte de la obra social”, explicó la fiscal jefa.

Para quien fuera la auditora del Colegio de Farmacéuticos, Sandra Fasano, la fiscalía señaló como agravante particular el puesto que ocupaba en el Colegio de Farmacéuticos de Rio Negro, la envergadura y la relevancia de su trabajo. Además de la cantidad de hechos por la que resultó declarada culpable a título de co-autora (574) y su intervención en todas las modalidades. Pena solicitada: 11 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación especial como farmaceútica por el plazo de 6 años y una multa de 90 mil pesos. Artículos 45, 55, 174 inc 5to, en función 172, 20 bis inc 3ro y 22 bis.

Para Fabio Adrián Caffaratti, quien también participó en todas las modalidades delictivas, ocupó altos cargos en la comisión del Colegio y fue declarado culpable por 249 estafas solicitó 10 años de prisión, También la inhabilitación especial como farmacéutico por el plazo de 6 años y el mismo monto de 90 mil pesos. Artículos 45, 55, 174 inc 5to, en función 172, 20 bis inc 3ro y 22 bis. Perjuicio a valores actualizados al 1/04/2024: $1.789.546.299,02.

Para Rodolfo Eduardo Mastandrea, que también formó parte del Consejo Directivo del Colegio y es culpable de haber perpetrado 122 hechos se solicitó la pena de 8 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial como farmacéutico por el plazo de 6 años, y una multa de 90 mil pesos. Artículos 45, 55, 174 inc 5to, en función 172, 20 bis inc 3ro y 22 bis. Perjuicio a valores actualizados al 1/04/2024: $968.296.204,84.

Finalmente para Raúl Eduardo Mascaró, que ocupó parte del Consejo directivo del Colegio de Rio Negro como también de la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) y fue declarado culpable por 107 estafas. La pena pretendida es de 7 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial como farmacéutico por el plazo de 6 años y una multa de 90.000 pesos. Artículos 45, 55, 174 inc 5to, en función 172, 20 bis inc 3ro y 22 bis. Perjuicio a valores actualizados al 1/04/2024: $942.230.562,06.

El Ministerio Público Fiscal solicitó además que se le restituya a Ipross el dinero embargado de la última partida que la obra social depositó a los farmacéuticos en el marco de la estafa pero que éstos no alcanzaron a cobrar por el bloqueo que impuso la investigación judicial.

La querella, en nombre del Estado provincial como damnificado, adhirió a los argumentos fiscales y solicitó penas más elevadas.

El defensor particular de Caffaratti solicitó tres años de prisión condicional y la inhabilitación para ejercer como farmacéutico por el plazo de 6 años. Mientras que la defensora de Fasano, Mascaró y Mastandrea pidió que no se dicte sentencia y en caso de que el Tribunal lo haga, sea la pena mínima en suspenso.

Cabe recordar, que por los mismos delitos otras dos personas aceptaron su culpabilidad en el marco de un procedimiento abreviado y se encuentran cumpliendo tres años de prisión condicional.

FUENTE: Bariloche 2000