Lamarque: ¿Maniobras políticas contra Hernández o causas verdaderas que no prosperaron?

Distintas denuncias han involucrado durante los primeros meses de este año al jefe comunal de la ‘Capital Nacional del Tomate y la producción’, Sergio Hernández, pero al parecer no han transcurrido en los expedientes judiciales.

La comunidad de Lamarque durante el mes de febrero se vio revolucionada por una denuncia por maltrato y acoso por parte del intendente, Sergio Hernández, a una ex empleada municipal. Las denuncias fueron presentadas en la Comisaría de la Familia y en la delegación zonal de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

En ese sentido, desde las organizaciones de mujeres habían exigido que el Concejo Deliberante que tome cartas en el asunto.

A través de un comunicado, las ONG feministas apuntaron que “queremos manifestar públicamente nuestro apoyo y acompañamiento a la ex trabajadora del municipio de Lamarque, quién efectuó una denuncia penal contra el intendente Sergio Hernández por violencia de género en el ámbito laboral. En la denuncia se constatan una serie de abusos y maltratos que culminaron con el despido de la trabajadora en diciembre de 2018”.

Asimismo, el mismo documento señalaba que el 25 de febrero enviaron una nota al Concejo Deliberante, donde solicitaban “el tratamiento de manera urgente de la presentación de la denuncia penal contra Sergio Hernández, quien preside este Concejo, por violencia de género en el ámbito laboral”.

Cabe destacar que la denuncia fue presentada en la Delegación Zonal de Trabajo de Choele Choel y en la Comisaría de la Familia de la misma ciudad.

Por su parte, el intendente había expresado que se trata de una “burda y berreta operación política, donde hay ex empleados municipales que estaban en nuestro proyecto político y que por diferentes motivos han dejado de pertenecer al municipio”.

Por otra parte el 13 de marzo en una sesión extraordinaria convocada por el concejal, Roni Puelfil, de la bancada de Juntos Somos Río Negro, el órgano deliberante trató el complejo tema del transporte escolar que corre por cuenta del municipio lamarqueño.

El edil había expuesto pruebas de la adulteración de las VTV (Verificación Técnica Obligatoria) que contaban los viejos y desgastados micros que trasladaban a los niños desde el año 2014, año en el que la empresa “FAM SERVICIOS” consiguió la adjudicación del contrato.

Una vez comprobadas las adulteraciones de las VTV (que no eran reconocidas por el lector de código QR), esta empresa tampoco no cumplía con las leyes de transito nacional ni con el convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia que generó otro motivo de duda ya que “la figura del titular de la empresa nunca apareció por el concejo municipal, debido a que operaba a través de Adolfo Sáez, mano derecha del intendente municipal” explicó Puelfil.

El edil del oficialismo provincial tras recibir asesoría letrada por parte de la doctora Doris Patricia Vázquez, efectuó la correspondiente denuncia ante la Justicia Federal en el Juzgado Federal de Roca y fue calificada como delito contra la administración pública.