Allen votará el 8 de noviembre si destituye a su intendente: Marcelo Román enfrenta una grave crisis política y judicial
La ciudad rionegrina de Allen se encamina hacia una definición política de enorme trascendencia. El próximo 8 de noviembre, los vecinos tendrán en sus manos la posibilidad de revocar el mandato del intendente Marcelo Román, quien atraviesa una profunda crisis institucional, marcada por enfrentamientos con el Concejo Deliberante y una investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La convocatoria fue aprobada por el cuerpo legislativo municipal con seis votos a favor y tres en contra, luego de que una iniciativa ciudadana lograra reunir las adhesiones exigidas por la Carta Orgánica.
El procedimiento alcanzó las 4.771 firmas, suficientes para superar el 20% del padrón electoral de 2023 y habilitar la consulta popular.
Cómo se llegó al referéndum
El proceso comenzó en mayo, cuando Silvina Cantero presentó un pedido de revocatoria acompañado por más de 3.000 firmas.
Durante la primera revisión se contabilizaron 2.345 adhesiones válidas, lo que permitió superar el requisito inicial del 10% del padrón electoral.
Posteriormente, el Concejo Deliberante habilitó cinco libros durante 30 días para incorporar nuevas firmas. La verificación final permitió alcanzar el porcentaje necesario para avanzar hacia la votación.
La resolución fue respaldada por representantes de UCR Auténtica, Juntos Somos Río Negro y Nos Une Río Negro. En cambio, los tres integrantes del bloque de la UCR votaron en contra.
Durante el debate también surgieron cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado para convocar al referéndum, particularmente porque se aprobó mediante una resolución y no una ordenanza.
Las causas judiciales que complican al intendente
La situación política de Román se encuentra atravesada por una investigación penal en la que fue imputado por presunta administración fraudulenta y peculado.
Entre los hechos investigados aparece la adquisición de un teléfono celular mediante un plan corporativo municipal, que habría terminado en manos de una persona ajena a la administración pública.
Según la hipótesis fiscal, la operación y los pagos asociados se realizaron con recursos municipales.
La investigación también involucró al empresario Sebastián Ocampo, señalado como presunto partícipe necesario.
La imputación no implica una condena y la responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse judicialmente.
Una suspensión que terminó anulada por la Justicia
La crisis institucional tuvo uno de sus momentos más conflictivos en julio, cuando el Concejo Deliberante resolvió suspender preventivamente a Román mientras avanzaba la investigación.
La medida fue aprobada por seis votos contra tres y permitió que Fabián Figueroa, presidente del cuerpo legislativo, asumiera transitoriamente la conducción municipal.
Sin embargo, el intendente recurrió a la Justicia y denunció que la decisión constituía un avance ilegítimo sobre sus atribuciones.
El 28 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló las ordenanzas que habían dispuesto su suspensión, al considerar que el Concejo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones planteadas.
El pronunciamiento permitió revertir el apartamiento, pero no significó una absolución respecto de los hechos investigados.
Además, Román cuestionó judicialmente el procedimiento de revocatoria. En octubre, el STJ dispuso que ese planteo fuera tratado por un tribunal de General Roca, sin pronunciarse sobre la validez de la convocatoria.
Un desafío político para el espacio libertario
La situación de Allen también tiene repercusiones en el escenario político provincial.
Román llegó a la intendencia en 2023 por Cambia Río Negro y posteriormente se incorporó a La Libertad Avanza, espacio en el que llegó a desempeñarse como vicepresidente provincial.
Sin embargo, las investigaciones y los enfrentamientos institucionales deterioraron su relación con la estructura partidaria, cuyas autoridades tomaron distancia del jefe comunal.
De esta manera, el referéndum también tendrá una lectura política que excederá los límites de Allen, en un contexto en el que las distintas fuerzas provinciales comienzan a posicionarse de cara a las elecciones de 2027.
Los vecinos tendrán la última palabra
El 8 de noviembre, los electores deberán pronunciarse por el "sí" o por el "no" a la revocatoria del mandato.
De acuerdo con la Carta Orgánica Municipal, el resultado se definirá por mayoría simple de los votos válidos y tendrá carácter obligatorio.
Si triunfa la opción favorable a la revocatoria, Román deberá dejar la intendencia. Si se impone el rechazo, continuará en funciones, sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones judiciales.
Allen se prepara así para una votación excepcional, en la que no se elegirán nuevas autoridades, sino que se decidirá si el intendente que asumió en diciembre de 2023 podrá completar su mandato.
La consulta representará, además, una prueba de la capacidad de los mecanismos de participación ciudadana para resolver una crisis política e institucional que lleva varios meses.