(AUDIO Y VIDEO) Román retomó la Intendencia de Allen y anticipó denuncias por su suspensión

Minutos antes de regresar al despacho municipal después de más de un mes alejado del cargo, el intendente de Allen, Marcelo Román, habló con FM DE LA COSTA sobre el fallo del Superior Tribunal de Justicia que anuló su suspensión, el conflicto político e institucional con el Concejo Deliberante y la causa penal que todavía lo mantiene bajo investigación.

La entrevista se produjo en un momento cargado de tensión: Román se preparaba para retomar la conducción del Ejecutivo, mientras sus colaboradores comenzaban a coordinar el traspaso con Fabián Figueroa, el concejal que había quedado provisoriamente al frente de la Municipalidad.

Horas antes, el máximo tribunal provincial había hecho lugar al conflicto de poderes planteado por el intendente y declarado nulas las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, mediante las cuales el cuerpo legislativo local había dispuesto su suspensión preventiva.

“Ayer, pasado el mediodía, me llamaron mis abogados, me comentaron la situación y me dieron la resolución. Por supuesto que sentí una alegría interna y personal, pero, más allá de eso, fue una satisfacción por la institucionalidad”, expresó Román.

El intendente sostuvo que la decisión judicial trasciende su situación individual y constituye un precedente para los restantes municipios rionegrinos.

“Lo que celebro, y creo que celebramos todos en la provincia, es que la máxima autoridad judicial de Río Negro, con sus cinco jueces, falló a favor de la institucionalidad y de la democracia”, afirmó.

Y agregó: “Esto va a dejar un precedente histórico para todas las municipalidades de la provincia. No es poca cosa sacar a un funcionario electo, en este caso un intendente, pero también podría ser un concejal o un miembro del Tribunal de Cuentas, con el solo hecho de levantar la mano o querer sacarlo por la fuerza”.

La causa que desencadenó el conflicto

El origen de la crisis se encuentra en una investigación penal iniciada por la compra de un teléfono celular y la contratación de una línea con fondos municipales. La Fiscalía sostiene que el equipo fue retirado del patrimonio comunal y entregado a una persona vinculada a un medio de comunicación que no habría mantenido una relación contractual formal con el Municipio.

Por ese episodio, Román fue imputado por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta. La formulación de cargos se concretó el 18 de junio de 2026 y llevó al Concejo Deliberante a disponer su apartamiento preventivo.

“A mí me suspendió el Concejo Deliberante. El 8 de julio, los concejales decidieron apartarme de mis funciones provisoriamente conforme al artículo 109 de nuestra Carta Orgánica, aduciendo que yo ponía en peligro a la Municipalidad por estar imputado en una causa judicial”, relató.

Según Román, la acusación se vincula con “la presunta sustracción de un teléfono” adquirido por el Estado municipal.

“La Fiscalía me acusa de haber ordenado la compra de un celular y de una línea telefónica entre marzo de 2024 y 2025; de haberlo sustraído de la Municipalidad y entregado a una persona relacionada con un medio de comunicación que no tenía un trato formal con el Municipio. Eso es, básicamente, de lo que me acusan”, explicó.

El jefe comunal evitó profundizar en los elementos probatorios porque la causa sigue abierta, pero remarcó que la formulación de cargos no implica una declaración de culpabilidad.

“Lo cierto es que, hasta el momento, lo único que hicieron fue notificarme la formulación de cargos, es decir, comunicarme que estoy siendo investigado”, señaló.

La diferencia que resultó decisiva

El Concejo Deliberante justificó la suspensión en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que contempla la posibilidad de apartar a un funcionario cuando exista un procesamiento penal.

Sin embargo, el sistema procesal penal de Río Negro cambió en 2017 y la figura del procesamiento dejó de existir. En su lugar, el actual modelo acusatorio contempla una formulación de cargos, que representa el inicio formal de una investigación, pero no contiene una valoración judicial sobre la responsabilidad del acusado.

Esa diferencia fue determinante. El STJ concluyó que la formulación de cargos no puede equipararse con el antiguo procesamiento y que, en consecuencia, el Concejo no tenía competencia para suspender al intendente bajo esas condiciones.

El tribunal consideró que el cuerpo legislativo municipal había excedido las atribuciones otorgadas por la Carta Orgánica. También declaró nulas las dos ordenanzas y los actos administrativos dictados como consecuencia directa de su aplicación. El fallo remarcó que la formulación de cargos no supone un juicio sobre la responsabilidad penal del imputado.

Román aseguró que esa interpretación ya había sido utilizada anteriormente por el propio Concejo Deliberante en otro expediente.

“Un año antes, frente a una situación con seis empleados municipales a quienes denuncié por estafa y otros delitos vinculados con la Mutual Mollen, el asesor legal y los mismos concejales dictaminaron que no se podía equiparar un procesamiento con una formulación de cargos”, sostuvo.

“En aquel momento decidieron mandar todo al archivo. Después, ante la misma situación, utilizaron otra vara y resolvieron separarme del cargo”, cuestionó.

El intendente recordó que recurrió inmediatamente al Superior Tribunal y que, antes de la sentencia, el procurador general Jorge Crespo ya había emitido un dictamen favorable a su planteo.

“Decidieron tomarse atribuciones que no les correspondían. Afortunadamente recurrimos de inmediato al Superior Tribunal de Justicia, que tomó el caso como un conflicto de poderes”, expresó.

El regreso al despacho municipal

Durante la conversación con FM DE LA COSTA, Román confirmó que ese mismo día, alrededor del mediodía, se realizaría el traspaso con Fabián Figueroa.

“Hoy a las 12 me voy a constituir en la Municipalidad junto al equipo. A las 12.30 tenemos que hacer con el señor Figueroa, el intendente interino, el traspaso correspondiente”, anticipó.

Minutos después de la entrevista, Román ingresó nuevamente al edificio municipal y retomó formalmente el cargo. Figueroa le entregó informes de Tesorería y documentación vinculada con la situación general del Ejecutivo durante el período de interinato.

El intendente adelantó que la revisión del estado económico, financiero, administrativo y operativo demandará varios días.

“Nos va a tomar aproximadamente una semana analizar toda la parte financiera, administrativa y operativa de la Municipalidad. Veremos con qué nos encontramos realmente y cómo está el Municipio”, manifestó.

Román dejó el cargo tras la sanción de las ordenanzas, aunque insistió en que lo hizo a pesar de considerar ilegal el procedimiento.

“Yo me había quedado, pero mis abogados me aconsejaron que acatara la ordenanza, aun sabiendo que estaba mal. Somos respetuosos de las instituciones”, sostuvo.

Durante el acto de reasunción, el jefe comunal lamentó la ausencia de los seis concejales opositores y volvió a cuestionar duramente a Figueroa. Además, reclamó que deje la Presidencia del Concejo Deliberante y permita el regreso de Valeria Bezic a ese cargo.

Evalúa realizar denuncias

Román también anticipó que sus abogados analizarán eventuales presentaciones penales por las decisiones adoptadas durante su apartamiento.

“Vamos a analizar, y ya lo tengo hablado con los abogados, el inicio de acciones judiciales y denuncias por estos hechos que consideramos ilegales”, afirmó en FM DE LA COSTA.

Posteriormente confirmó que una de las denuncias estará dirigida contra Figueroa, a quien responsabiliza por haber asumido interinamente la conducción del Ejecutivo y por su actuación al frente del Concejo.

El intendente considera que hubo funcionarios que ocuparon el poder de manera ilegítima durante más de un mes. No obstante, el fallo judicial se concentró en la falta de competencia del Concejo para disponer la suspensión y en la nulidad de las normas y actos derivados de ellas.

La investigación penal continuará

La restitución de Román en la Intendencia no implica el cierre de la investigación penal. El pronunciamiento del Superior Tribunal resolvió únicamente el conflicto institucional y la validez de la suspensión, pero no se expidió sobre la posible existencia de los delitos investigados.

El plazo de la investigación, cuyo vencimiento había sido fijado inicialmente para el 30 de agosto, fue prorrogado por otros 30 días. La extensión fue solicitada por la defensa de Román y aceptada tanto por la Fiscalía como por la querella.

Durante ese período continuarán las entrevistas a testigos y se aguardarán los resultados de una pericia de geolocalización sobre el teléfono, que todavía no fue encontrado. También se ampliará el análisis contable para reconstruir el recorrido de los fondos utilizados en la compra y el mantenimiento de la línea. La causa permanece en etapa de investigación y podría avanzar luego hacia el control de acusación.

De esta manera, Allen dejó atrás —al menos formalmente— el período de interinato, pero mantiene abiertos dos frentes. Por un lado, la revisión administrativa y las derivaciones políticas y judiciales de una suspensión que el STJ declaró inválida. Por otro, una causa penal que continuará durante al menos un mes más y cuyo desenlace todavía permanece abierto.

Román volvió a la Intendencia respaldado por una sentencia unánime, aunque deberá gobernar en medio de una profunda fractura con el Concejo Deliberante y con una investigación judicial que continúa avanzando.