(AUDIO) Viedma busca terminar con años de acumulación de vehículos secuestrados

El Concejo Deliberante de Viedma declaró por un año la emergencia ambiental y sanitaria en todos los predios municipales destinados al depósito, guarda y custodia de vehículos secuestrados o retirados de la vía pública. La medida permitirá acelerar la descontaminación, el desguace y la compactación de las unidades acumuladas durante más de seis meses.

La iniciativa fue promovida desde la Presidencia del cuerpo legislativo ante la saturación del depósito ubicado frente al autódromo. En diálogo con FM DE LA COSTA, Pedro Bichara explicó que la ordenanza brinda al Poder Ejecutivo herramientas extraordinarias para sanear el lugar y resolver una problemática que se agravó con el paso de los años.

“Más que una orden de ejecución, le estamos dando más herramientas al Ejecutivo. La emergencia busca el saneamiento de ese espacio, pero también le da un paraguas legal para avanzar en definiciones que, de otra manera, serían mucho más engorrosas”, señaló.

Los fundamentos de la normativa advierten que la acumulación histórica de automóviles, motocicletas y autopartes alcanzó “niveles de saturación extremos”. Esta situación dificulta la realización de los inventarios y la individualización de las unidades, además de generar riesgos por la emanación de fluidos, la proliferación de vectores de enfermedades y la posibilidad de que se produzcan incendios u otros siniestros.

Qué autoriza la emergencia

Durante el año de vigencia de la emergencia, el Ejecutivo municipal podrá disponer de manera directa e inmediata de los vehículos, motovehículos y sus partes que lleven más de seis meses depositados, con el objetivo de avanzar en su descontaminación, desguace, compactación y disposición final como chatarra.

En aquellos sectores donde el hacinamiento, el deterioro o la destrucción de las unidades impidan identificar correctamente cada rodado, la autoridad de aplicación estará facultada para realizar inventarios por lotes o bloques.

También podrá efectuar un relevamiento fotográfico y numérico de emergencia, dejando asentados en la Base Única de Datos los registros que todavía resulten legibles, como la marca, el modelo, el color o el tipo de vehículo.

Esta excepción busca agilizar el saneamiento de los sectores más comprometidos, donde la acumulación impide verificar normalmente los números de chasis, motor u otros códigos identificatorios.

Controles antes de la compactación

La ordenanza establece que, antes de compactar o desguazar los vehículos, deberá realizarse una verificación policial simplificada o un cruce de los datos disponibles para descartar que las unidades tengan pedidos de secuestro judicial en causas penales.

Además, las actas o el listado de los lotes que serán compactados deberán publicarse durante un día en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local.

A partir de esa publicación, los titulares o terceros interesados contarán con un plazo improrrogable de cinco días hábiles para presentarse. Una vez vencido ese período, el municipio quedará habilitado para proceder con la destrucción y disposición final de las unidades como chatarra.

Bichara explicó que estos pasos resultan necesarios para evitar futuros reclamos de propiedad.

“Para poder hacernos de una unidad, ya sea para su reconversión o para el compactado, hay una serie de pasos legales que dar para que no aparezca un posible dueño después de siete años reclamando el vehículo. La emergencia posibilita darle celeridad a los tiempos”, sostuvo.

Los vehículos judicializados quedan excluidos

La medida no alcanza a los vehículos que se encuentren formalmente a disposición de la Justicia provincial o federal. Tampoco podrán compactarse aquellos que tengan una prohibición expresa de destrucción dictada por el Juzgado Municipal de Faltas.

Estas unidades deberán ser separadas o identificadas dentro del depósito, siempre que las condiciones físicas del predio lo permitan.

Bichara precisó que alrededor del 60% de los rodados acumulados se encuentra bajo jurisdicción municipal.

“Hay autos que tienen que ver con la Justicia Federal, que ha solicitado el espacio, y en esos obviamente no influye esta medida”, aclaró.

Bicicletas y motos podrían ser recuperadas

No todos los vehículos tendrán como destino la compactación. La ordenanza también autoriza al Ejecutivo, mientras dure la emergencia, a evaluar la afectación al uso oficial o la cesión a entidades de bien público de aquellos rodados que estén en condiciones de circular y conserven sus códigos identificatorios originales.

Para ello deberán llevar más de seis meses retenidos y contar con los correspondientes informes del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

En ese marco, Bichara destacó las propuestas presentadas por distintas instituciones locales para recuperar algunas unidades.

“Hemos recibido aportes de la Universidad Nacional de Río Negro. Ellos tienen insumos y conocimiento y nos plantearon la posibilidad de reutilizar las bicicletas”, manifestó.

También mencionó una iniciativa de la Ecotrama para recuperar motocicletas y utilizarlas en la construcción de carros destinados a sus actividades laborales.

“A ellos les interesa reutilizar motos para armar carros y llevar adelante su trabajo, porque hoy su principal problema es la movilidad”, indicó.

La venta de chatarra financiará la seguridad vial

Los recursos que eventualmente se obtengan mediante la venta de la chatarra serán incorporados directamente a los fondos de la Agencia Local de Seguridad Vial, tal como establece la Ordenanza 7881.

El presidente del Concejo Deliberante remarcó que la declaración de emergencia constituye una herramienta para avanzar, pero advirtió que su efectividad dependerá de la aplicación concreta por parte del Ejecutivo.

“No basta con sancionar la norma, sino que esta se ejecute”, concluyó Bichara en FM DE LA COSTA.