(AUDIO) Jubilados temen un “vaciamiento” del IPROSS y reclaman un plan especial para mayores de 60 años

La posibilidad de que los empleados públicos rionegrinos puedan elegir otra obra social encendió una profunda preocupación entre los jubilados afiliados al IPROSS. Temen que la salida de trabajadores activos provoque una caída de los ingresos, debilite el sistema solidario y deje a miles de adultos mayores atrapados en una cobertura cada vez más limitada.

Así lo planteó Gilma García, presidenta de la Asociación de Jubilados Docentes Nacionales de Río Negro, durante una entrevista con FM DE LA COSTA. La dirigente reclamó que se informe detalladamente qué ocurrirá con los afiliados pasivos y volvió a solicitar la implementación de un “Plan +60”, destinado a brindar mayores beneficios a quienes aportaron durante décadas y hoy necesitan más atención médica.

“¿Y nosotros, los jubilados de IPROSS, adónde vamos?”, preguntó García al sintetizar el principal interrogante que atraviesa al sector.

Según explicó, por la edad y las patologías preexistentes, gran parte de los jubilados tendría enormes dificultades para ser admitida en una cobertura privada. Y quienes fueran aceptados deberían afrontar cuotas posiblemente inaccesibles.

“Por nuestras patologías preexistentes y por la edad, ninguna obra social nos va a recibir. Y, si nos recibe, será con importes terribles”, advirtió.

“Si los activos se van, nos quedamos solos”

García recordó que los jubilados sostuvieron al IPROSS durante toda su vida laboral y continuaron aportando después de retirarse. En su caso, mencionó 36 años como trabajadora activa y alrededor de 11 como pasiva.

Por esa razón, cuestionó que se avance con una modificación de semejante alcance sin explicar previamente cuál será el destino de quienes permanezcan dentro de la obra social provincial.

“Cuando se planteó esta ley, ¿se pensó en los jubilados? Cuando se plantea este proyecto, que no conocemos, ¿se piensa que aportamos 36 años como activos y que llevamos aproximadamente 11 como pasivos dentro de esta obra social?”, preguntó.

La preocupación se concentra especialmente en el impacto financiero que podría generar una eventual salida masiva de empleados estatales. El temor es que permanezcan dentro del IPROSS principalmente quienes, debido a su edad o estado de salud, necesitan prestaciones más costosas y no tienen posibilidades reales de conseguir otra cobertura.

“Cuando los activos se vayan, nosotros, que en algún momento apostamos a sostener este sistema solidario, nos quedamos solos. Lo dijo claramente UPCN: esto se queda sin fondos y se vacía. Y si quiebra, ¿adónde vamos? ¿Cuál es la respuesta que nos van a dar a los jubilados?”, manifestó.

Consultada sobre las acusaciones sindicales que señalan un supuesto intento de vaciar el organismo para luego privatizarlo o provocar su desaparición, García evitó atribuir directamente esa intención al Gobierno provincial. Sin embargo, dejó en claro que el resultado podría ser igualmente perjudicial.

“Nosotros no podemos hacer futurología. A lo mejor esa es la intención, puede ser, pero yo no voy a acusar a nadie. Somos fácticos y prácticos”, sostuvo.

Reclaman conocer el proyecto antes de su tratamiento

La titular de la Asociación de Jubilados Docentes consideró indispensable que el Gobierno dé a conocer el texto completo de la iniciativa antes de avanzar con su discusión legislativa.

“Primero queremos conocer el proyecto porque es nuestra salud y es nuestra vida. No hablamos solamente de los jubilados docentes, sino de todos los jubilados del IPROSS”, enfatizó.

También cuestionó que se mencione la posibilidad de regresar al sistema provincial después de tres años, al considerar que ese período puede resultar determinante en la vida de una persona mayor.

“¿Cuál es el plan? Dicen que habrá tres años para volver, pero tres años para un jubilado es muchísimo, porque en ese tiempo la salud se deteriora”, expresó.

En ese sentido, reclamó precisiones sobre el destino de los aportes realizados durante décadas y garantías concretas para quienes no puedan emigrar hacia otras obras sociales.

“La salud es un derecho y los jubilados somos sujetos de derecho. Estamos reclamando un derecho humano, progresivo y constitucional. Queremos que nos transparenten el proyecto, que nos digan qué va a pasar con nosotros y qué pasó con nuestros aportes”, remarcó.

“Plan +60”: más cobertura para quienes más la necesitan

Además del reclamo por el futuro institucional del IPROSS, García reiteró la necesidad de implementar un programa específico para afiliados mayores de 60 años.

La propuesta, denominada “Plan +60”, busca que los adultos mayores reciban prestaciones adicionales de acuerdo con su vulnerabilidad, sus patologías y la cantidad de años durante los cuales contribuyeron al sistema.

“¿Qué significa un Plan +60? Que, de acuerdo con nuestra vulnerabilidad y con todos los años que hemos aportado, si esa plata fue bien administrada, nos den un beneficio adicional”, explicó.

Como ejemplo, mencionó las restricciones incorporadas en la cobertura de tratamientos de kinesiología. De acuerdo con su testimonio, hasta el año pasado los afiliados no tenían un límite determinado, mientras que actualmente disponen de apenas 15 sesiones anuales.

“Hasta el año pasado teníamos kinesiología sin tope y ahora tenemos 15 sesiones. ¿Por qué a los mayores de 60 años no nos dan 30 al año? Saben que nos tropezamos y que tenemos más problemas. En lugar de tener más, tenemos menos, y cada vez vamos a tener menos”, cuestionó.

La asociación ya trasladó esta solicitud a legisladores provinciales y anticipó que continuará insistiendo para que sea incorporada a la discusión sobre el futuro de la obra social.

Denuncian pagos, reintegros insuficientes y falta de comprobantes

García también describió las dificultades cotidianas que enfrentan los afiliados para recibir atención. Afirmó que deben pagar una gran cantidad de consultas y prácticas, gestionar luego los reintegros y, en algunos casos, ni siquiera reciben los comprobantes correspondientes.

“La realidad nos dice que hoy estamos pagando por todo. Estamos naturalizando que no nos entreguen recibos para los reintegros; estamos naturalizando una evasión impositiva y también hay que decirlo. Vas, pagás y no te dan el recibo. Estamos abonando casi todas las prácticas”, denunció.

Frente a esta situación, exigió que se conozca con precisión el estado económico del organismo y cómo fueron administrados los recursos aportados por los trabajadores y jubilados.

“Exigimos, ya que aportamos durante toda la vida, una buena administración del IPROSS. Que se transparenten las cuentas y que nos digan claramente para qué alcanza el dinero y cómo hacemos para que no nos expulsen”, señaló.

“Defendamos nuestra obra social”

Pese a las deficiencias denunciadas, García recomendó que los jubilados no abandonen el IPROSS y que se organicen para defender su continuidad. Consideró que Río Negro posee recursos suficientes para sostener y mejorar una obra social pública, siempre que exista una administración eficiente y una decisión política de fortalecerla.

“Les recomiendo a todos los jubilados que no salgan del IPROSS, que defendamos nuestra obra social. En una provincia tan rica como Río Negro, que tiene trabajo y es petrolera, ¿cómo no se puede optimizar una obra social?”, planteó.

También cuestionó que la respuesta oficial se limite a ofrecer libertad de elección sin contemplar las profundas desigualdades existentes entre un trabajador joven y una persona jubilada con enfermedades crónicas.

“¿Cómo no pueden pensar, entre tantos legisladores, de qué manera fortalecer el IPROSS en vez de expulsarnos y decirnos ‘libre albedrío, viva la libertad’? No es así. Los gobiernos tienen una responsabilidad sobre la sociedad y sobre su salud. Para eso existen las políticas públicas”, afirmó.

García advirtió que desatender a los adultos mayores implicaría avanzar hacia “una sociedad de descarte” que no reconoce el aporte realizado por quienes trabajaron y sostuvieron el sistema durante décadas.

“Si no, estaríamos ante una sociedad psicopática, espartana, que no incluye a los mayores. En las grandes sociedades existía el consejo de ancianos porque eran los sabios, quienes tenían la experiencia”, reflexionó.

Los jubilados anticipan nuevas acciones

La dirigente confirmó que las asociaciones de jubilados mantienen conversaciones permanentes con organizaciones gremiales, legisladores y representantes nacionales. También señaló que el sector comenzó a movilizarse inmediatamente después de conocer los primeros detalles de la propuesta.

“Estamos comunicados con organizaciones, sindicatos, diputados y senadores de todo el país. Estamos activos permanentemente. Fuimos los primeros en dar una respuesta pública porque esto se habló enseguida en nuestros grupos”, explicó.

Aunque reconoció que desde hace tiempo observaban señales de que podía impulsarse una reforma, admitió que la magnitud y la rapidez del anuncio los sorprendieron.

“Lo veníamos viendo venir, sabíamos que esto podía pasar en algún momento, pero no de una manera tan drástica y sin que siquiera se conozca el proyecto. Queremos saber qué dice”, insistió.

Para García, la discusión no puede reducirse a permitir que algunos trabajadores elijan otra cobertura. Antes de avanzar, el Gobierno deberá responder qué ocurrirá con quienes no puedan irse.

“Nos incluyen cuando hablan de jubilados y activos, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿adónde vamos?, ¿adónde nos quieren llevar?”, concluyó en FM DE LA COSTA.