El bloque legislativo Vamos con Todos presentó una acción administrativa ante el fiscal de Estado de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, para reclamar que se impulsen acciones judiciales contra Camuzzi Gas del Sur por el presunto incumplimiento de la Ley Provincial 5860.
La presentación fue firmada por los legisladores José Luis Berros y Magdalena Odarda, quienes también solicitaron una medida cautelar urgente para obligar a la empresa a aplicar la normativa mientras permanezca vigente.
La Ley 5860 establece una protección frente a los cortes de gas, electricidad y agua para jubilados, personas con discapacidad y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Según sostuvieron desde Vamos con Todos, Camuzzi comunicó formalmente al Gobierno provincial que no aplicará la legislación al considerar que la regulación del servicio de gas corresponde al ámbito nacional.
Reclamo por la actuación del Gobierno
Los legisladores cuestionaron la falta de intervención del Ejecutivo rionegrino ante la posición adoptada por la compañía y advirtieron que el Gobierno de Alberto Weretilneck tiene la responsabilidad de defender una norma sancionada por la Legislatura y promulgada por la propia Provincia.
“No existe mayor acto de debilidad política que permitir que una empresa monopólica le diga al Estado rionegrino qué leyes está dispuesta a cumplir y cuáles no. Si el Gobierno provincial no actúa de inmediato, estará siendo cómplice de un atropello institucional y del abandono de miles de familias que hoy necesitan la protección del Estado”, afirmó Berros.
Desde el bloque recordaron que la legislación fue aprobada por amplia mayoría y remarcaron que ninguna empresa puede decidir unilateralmente dejarla sin efecto.
Denuncias por la falta de formularios
La presentación hace referencia a denuncias realizadas por centros de jubilados, cooperativas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. De acuerdo con esos planteos, Camuzzi se negaría a entregar los formularios de declaración jurada previstos para solicitar el beneficio y rechazaría otorgar la protección a los usuarios alcanzados.
“Estamos hablando de jubilados que deben elegir entre comprar medicamentos o pagar una factura de gas; de personas con discapacidad y de familias que atraviesan una situación desesperante”, expresó Odarda.
La legisladora sostuvo que, mientras aumenta la pobreza como consecuencia de las políticas nacionales, una empresa pretende quitarles a sectores vulnerables la posibilidad de calefaccionarse durante el invierno.
“Las leyes no son optativas”
Vamos con Todos señaló que, si Camuzzi considera que la Ley 5860 contradice el marco normativo nacional, debe recurrir a la Justicia y obtener una declaración de inconstitucionalidad. Hasta que eso suceda, insistió el bloque, la norma debe cumplirse.
“Las leyes no son optativas. No puede existir una provincia donde una empresa privada decida qué normas respeta y cuáles ignora”, manifestó Berros.
Por su parte, Odarda afirmó que el Gobierno provincial tiene la obligación constitucional de defender la legislación rionegrina y los derechos de la población.
“Si permite que Camuzzi continúe incumpliendo la Ley 5860, estará eligiendo defender los intereses de una empresa monopólica por encima de los derechos de los jubilados y de los sectores más vulnerables”, cuestionó.
Finalmente, los legisladores exigieron que la Fiscalía de Estado actúe de manera urgente y obtenga una medida cautelar que garantice el cumplimiento de la ley en todo el territorio provincial.
“El Gobierno tiene que decidir de qué lado está: del lado de una empresa monopólica o del lado de su pueblo”, concluyeron Berros y Odarda.