En la candente sesión pública especial celebrada ayer, el debate sobre la modificación a la Ley de Glaciares expuso una profunda fractura entre los representantes de la provincia de Río Negro. Mientras que el oficialismo defendió la iniciativa como un motor para el desarrollo y el federalismo, la oposición rionegrina denunció un intento de saqueo de los recursos naturales en medio de una crisis hídrica provincial.
El oficialismo a favor: "La protección ambiental no debe ser sinónimo de parálisis"
El senador Enzo Fullone adelantó su voto afirmativo a la reforma, argumentando que el proyecto fortalece el federalismo al otorgar mayor poder de decisión a las provincias sobre sus recursos naturales. Según el legislador, las provincias "conocen mejor que nadie su territorio, sus cuencas, sus recursos naturales y su clima".
Fullone centró su discurso en la necesidad de equiparar el desarrollo minero de Argentina con el de países vecinos como Chile, asegurando que la minería puede convertirse en un "segundo campo" para el país mediante la extracción de cobre, oro y litio.
Para el senador, esta actividad generará empleo y potenciará industrias secundarias en lugares como el Alto Valle, justificando que no tiene sentido preservar "rocas a 4000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico".
Soria: "Es una reforma ideológica para destruir nuestros glaciares"
En la vereda opuesta, el senador Martín Soria rechazó categóricamente el proyecto, calificándolo como una "reforma ideológica totalmente servil" destinada a favorecer a las corporaciones megamineras extranjeras.
Soria advirtió que la nueva normativa busca desproteger los glaciares de escombros y las zonas periglaciares ("nieves eternas"), las cuales proveen entre el 25% y el 50% del recurso hídrico de las cuencas patagónicas.
El senador rionegrino fue contundente al rechazar el argumento de ceder el control a las autoridades provinciales. Para ilustrar los riesgos de esta medida, recordó un polémico caso en la provincia: "Se enteraron que en mi provincia, en Río Negro, había un secretario de minería y de energía que le dio 200 canteras de arena al primo de un narco", advirtiendo sobre el peligro de dejar el futuro de los glaciares en manos de funcionarios locales en lugar de científicos especializados del IANIGLA.
Finalmente, denunció que la flexibilización no traerá empleo, recordando que el sector minero ya viene registrando caídas laborales a pesar de haber sido eximido del pago de retenciones para más de 230 productos.
Marks y la emergencia hídrica: "Sin agua no hay economías regionales"
La senadora Ana Marks se sumó al fuerte rechazo opositor, enfocando su exposición en el dramático contexto ambiental que atraviesa la provincia. "En la provincia de Río Negro estamos teniendo un verano durísimo, hay emergencia hídrica en el departamento de Bariloche, Ñorquinco, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, El Cuy, Valcheta; básicamente no hay agua hoy", detalló, cuestionando a quienes prefieren "garantizar un negocio minero que garantizar el agua".
Marks tildó el argumento de la defensa del federalismo como "puro cotillón". Sostuvo que el verdadero objetivo del Gobierno es poner a las provincias a competir entre sí para ver "qué provincia flexibiliza más" sus estándares ambientales con tal de atraer inversiones.
Además, la legisladora comparó esta situación con la reciente reprivatización de las represas hidroeléctricas del Comahue, señalando que en aquel momento a las provincias de Río Negro y Neuquén no se les dio ningún tipo de protagonismo y se entregó el 100% de las concesiones a manos privadas.
La senadora concluyó afirmando que el proyecto es regresivo, viola tanto el Acuerdo de Escazú como el artículo 41 de la Constitución Nacional, y busca transformar los presupuestos mínimos de protección ambiental en "un sótano para el saqueo".