Piden informes a la SENAF por tres hechos "gravísimos"

El bloque Vamos con Todos presentó un pedido de informes para que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), rinda cuentas por la derivación y posterior fallecimiento de un adolescente que se encontraba bajo intervención del Estado. La bancada advierte que, de confirmarse la falta de seguimiento y control en la internación dispuesta, podría configurarse una responsabilidad estatal directa por incumplimiento del deber de cuidado. La iniciativa lleva las firmas de José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, junto a los legisladores de PJ - Nuevo Encuentro Daniel Belloso, Alejandra Mas y Leandro García.

El requerimiento se fundamenta en información difundida por el medio regional Somos el Valle, que da cuenta del fallecimiento ocurrido el 22 de diciembre de 2025, luego de que el joven fuera derivado el 12 de diciembre por la delegación de General Roca de la SENAF a una comunidad terapéutica fuera de la jurisdicción provincial. El bloque solicita precisiones sobre el diagnóstico que motivó la medida, el encuadre normativo aplicado, los controles realizados, la institución receptora, los montos abonados por la internación y las actuaciones administrativas y judiciales posteriores.

“El Estado tiene un deber indelegable de cuidado. Cuando un adolescente es separado de su entorno y trasladado a un dispositivo institucional, la responsabilidad estatal no se atenúa: se profundiza. Si hubo abandono en los controles o fallas en la supervisión, estamos ante un hecho gravísimo y alguien debe asumir responsabilidades políticas, administrativas y judiciales”, afirmó el presidente del bloque, José Luis Berros.

Desde Vamos con Todos remarcaron que no se trata de un episodio aislado, sino del tercer antecedente gravísimo vinculado a jóvenes bajo protección estatal en la provincia. Recordaron el crimen de Carlos Petrini Norambuena, ocurrido en Viedma, a manos de otro joven también institucionalizado; el abuso denunciado en un Caina de Viedma contra un adolescente al cuidado oficial; y ahora la muerte del joven trasladado a una comunidad terapéutica fuera de la provincia.

“Estamos hablando de un crimen, de un abuso y de una muerte bajo la protección del Estado. Son tres hechos de extrema gravedad que no pueden analizarse de manera fragmentada ni minimizarse como situaciones aisladas. Revelan fallas estructurales en el sistema de protección”, sostuvo Berros.

La bancada señaló que, en el caso de Petrini Norambuena, además de presentar pedidos de informes, recurrió a la Justicia para acceder a información pública vinculada a ese expediente, lo que fue rechazado con argumentos formales. “Cuando se niega información a la Legislatura se debilita el control institucional y se lesiona el derecho de la sociedad a saber qué ocurrió y qué se hizo para evitar que vuelva a suceder”, afirmó el legislador.

El nuevo pedido de informes requiere detalles sobre los protocolos y criterios de internación, la habilitación y supervisión de la comunidad terapéutica interviniente, los mecanismos de seguimiento implementados durante la permanencia del joven, posibles alertas o irregularidades registradas y el acompañamiento brindado a la familia tras el fallecimiento. También exige información sobre las condiciones edilicias, de seguridad y de recursos humanos del establecimiento receptor.

“Mientras se acumulan hechos gravísimos que involucran a adolescentes bajo tutela estatal, la SENAF difunde comunicados sobre supuestos avances y encuentros institucionales. No se puede hablar de fortalecimiento del sistema cuando existen dudas fundadas sobre el cumplimiento del deber básico de protección”, expresó Berros, y añadió: “La protección integral no se declama en actos oficiales: se garantiza con controles efectivos, supervisión real y rendición de cuentas”.

“No vamos a naturalizar la desprotección. Cuando el Estado asume el cuidado de un joven, asume la responsabilidad plena por su integridad. Si el sistema falla de manera reiterada, las explicaciones ya no alcanzan: hacen falta decisiones y responsabilidades concretas”, concluyó Berros.