El Procurador General dictaminó el rechazo de la demanda del Intendente de Jacobacci contra el Concejo Deliberante
El Procurador General de la Provincia de Río Negro, Jorge Crespo, dictaminó que el Superior Tribunal de Justicia debiera rechazar la demanda impulsada por el Intendente José Mellado contra el Concejo Deliberante de Ingeniero Jacobacci, al considerar que no se configura una invasión de competencias ni un avasallamiento institucional por parte del órgano legislativo.
Cabe recordar que, en su demanda, el Intendente había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de siete ordenanzas municipales, en el marco de una acción que inicialmente fue planteada como de inconstitucionalidad y que luego fue reconducida por el Superior Tribunal de Justicia como un supuesto conflicto de poderes entre ambos órganos municipales.
En su pronunciamiento, el Procurador fue categórico al señalar: “Soy de opinión que ese Cuerpo deberá rechazar la presentación efectuada por el Sr. Intendente de la Municipalidad de Jacobacci”.
El dictamen sostiene que las decisiones adoptadas por el Concejo Deliberante se inscriben en el ejercicio regular de sus funciones de control, deliberación y sanción normativa, pilares esenciales del sistema democrático municipal. Asimismo, subraya que la vía del conflicto de poderes no puede ser utilizada para dirimir desacuerdos políticos ni para bloquear la política legislativa mediante planteos judiciales carentes de sustento jurídico suficiente.
En ese sentido, el Procurador advierte que el planteo del Poder Ejecutivo no reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad, al no verificarse un caso concreto, actual y efectivo de invasión de competencias.
El dictamen coincide plenamente con el informe fundado presentado por el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Mirko Antehuil, con el patrocinio letrado de la abogada Josefina González Elizondo, donde se expusieron de manera detallada los fundamentos jurídicos e institucionales que avalan la actuación del cuerpo legislativo, dejando en claro que no existió extralimitación alguna, sino el ejercicio legítimo de facultades propias.
Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante destacó que el dictamen del Procurador ratifica la autonomía del poder legislativo local, fortalece la división de poderes y sienta un precedente relevante en defensa del funcionamiento institucional del municipio.
La decisión representa un respaldo claro al rol del Concejo Deliberante y un llamado a resolver las diferencias políticas dentro de los canales democráticos, en un marco de respeto entre los poderes del Estado municipal.