(AUDIO) Techo Digno: “Vamos a probar que no hubo un acto de corrupción”

El próximo 10 de diciembre comenzarán las audiencias de control de acusación en la causa por presuntas irregularidades en la ejecución del plan federal Techo Digno en Sierra Grande, expediente que investiga pagos y certificaciones de obra presuntamente incompatibles con el avance real de las viviendas. El proceso involucra a exintendentes, exfuncionarios y al entonces empresario a cargo de los trabajos, en una investigación que ya superó los seis cuerpos de legajo.

En diálogo con FM DE LA COSTA, el abogado Juan Carlos Chirinos, defensor del exsecretario de Obras y Servicios Públicos Ernesto Noel, explicó que la causa “ya terminó la etapa de investigación”, y recordó que su estudio se incorporó al expediente “el 5 de junio del año pasado”. Indicó que entre ese momento y fines de octubre se desarrollaron las actuaciones preliminares, que concluyeron con la formulación de cargos y el ofrecimiento de pruebas.

“En el control de acusación, la Fiscalía precisa el objeto del juicio y ofrece toda la prueba. Nosotros también tenemos que ofrecer la nuestra. Esas cosas ya se hicieron”, señaló. El juez dispuso un cuarto intermedio hasta el 10 de diciembre, fecha en la que se reanudará la audiencia para definir los puntos a debate en el juicio.

Chirinos confirmó además que Guillermo Gazzia, empresario encargado de realizar las obras, “quedó desvinculado de la causa”, mientras que continúan imputados Renzo Tamburrini, Mauro Tamburrini y el propio Noel, entre otros exfuncionarios municipales.

Respecto de la acusación puntual contra su defendido, el abogado indicó que a Noel “se le imputa haber participado en la certificación de varios certificados por un porcentaje que no está definido”, algo que —dijo— será materia de discusión en el juicio. “Nuestra postura es que lo que certificó está hecho y es lo que vamos a tratar de demostrar”, afirmó.

Con el inicio de las audiencias, las defensas deberán argumentar por qué consideran que los pagos cuestionados —en algunos casos equivalentes al 71% del avance de obra— se correspondían con trabajos efectivamente realizados, tal como sostienen distintos imputados.