Licencias de conducir: el bloqueo que nadie votó

Miles de ciudadanos en todo el país descubren que no pueden renovar su licencia de conducir por tener multas impagas, incluso cuando esas infracciones son discutibles o ni siquiera identifican al conductor.

Detrás de ese bloqueo no hay una ley, sino una resolución administrativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que en los hechos convirtió una deuda económica en un impedimento legal. Lo grave es que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 no dice eso. Su artículo 8 dispone que la licencia solo puede denegarse si existe un impedimento real: inhabilitación judicial, incapacidad física o pérdida de vigencia.

Una multa no es un impedimento. Es una sanción económica.

Licencias de conducir: cómo funciona el sistema

El sistema nacional funciona así: la ANSV autoriza a las provincias a otorgar licencias mediante convenios de adhesión; las provincias, a su vez, habilitan a los municipios como centros emisores; pero todos dependen del mismo software: el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), creado por la Disposición ANSV 188/2010 y administrado junto a ACARA.

Esa base de datos —y no la ley— es la que bloquea el trámite si hay infracciones pendientes, mostrando una leyenda contundente: “El no pago de la totalidad de los importes referenciados en la boleta impedirá realizar los trámites correspondientes a la Licencia Nacional de Conducir”. Una advertencia que no surge de ninguna norma publicada en el Boletín Oficial, sino de una configuración administrativa.

Un derecho constitucional afectado

En la práctica, la ANSV se arrogó una facultad legislativa, imponiendo por vía reglamentaria una restricción que la ley no prevé.

Esto genera una afectación directa al derecho constitucional de circular (artículo 14 de la Constitución Nacional) y al debido proceso: la administración no puede ejecutar una deuda o impedir un trámite sin intervención judicial.

El rol de los municipios
El problema se agrava porque los municipios alegan que “el sistema no los deja avanzar”, deslindando su responsabilidad en un sistema informático que depende de Nación. Así, el ciudadano queda atrapado en una red burocrática donde nadie se hace cargo.

Existen antecedentes judiciales en Santa Fe, Córdoba y Mendoza donde se declaró inconstitucional exigir libre deuda para renovar licencias. En todos los casos, los tribunales coincidieron: no se puede condicionar un derecho si la ley no lo prevé.

Un caso testigo

Un caso testigo provincial es un reclamo ante al municipio de Viedma donde el propio gobierno local reconoció en sede administrativa y judicial que no tiene potestad para levantar el bloqueo del tramite cuando el CENAT informa infracciones impagas, ni propias aún menos cuando corresponden a jurisdicciones extrañas.

Por eso, este conflicto no es local ni municipal: es federal. El bloqueo surge de una disposición de la ANSV, un organismo nacional, y afecta a ciudadanos de todo el país. Ya se están evaluando acciones de amparo ante la Justicia Federal para que se declare la nulidad de este impedimento administrativo.

¿Quién investiga?

El tema amerita una investigación pública respecto a qué facultades tiene realmente la ANSV, con qué marco legal se firmaron los convenios con ACARA y las provincias, y lo más importante es dilucidar quién decidió incluir en la boleta CENAT la leyenda del “impedimento” y el bloqueo del trámite sin respaldo legal.

No se trata de defender a los infractores, sino de exigir seguridad jurídica: que las sanciones sean impuestas por ley y no por software.

“Un Estado que inventa sanciones fuera de la ley no educa, presiona.” Mas grave aún si autoriza a un privado a imponer restricciones por fuera de la ley. Si una multa impaga puede transformarse en un impedimento para circular, sin intervención de un juez, estamos frente a una violación de derechos ciudadanos y a un nuevo síntoma de la burocracia que Argentina necesita revisar.

(*) Contador público (nota publicada en el portal Literal)