Proyecto político o proyecto de poder
Los proyectos de poder y los proyectos políticos, aunque a menudo se confunden, representan dos lógicas de acción profundamente diferentes en el ámbito público.
El proyecto de poder es, en su esencia, una empresa orientada hacia la acumulación y el ejercicio de la autoridad de manera personalista o de grupo. Su objetivo principal no es la transformación social o la implementación de una visión colectiva, sino la construcción de una hegemonía que subordina a las instituciones, a los actores sociales y a la pluralidad de intereses bajo la voluntad de un líder o de una élite. Este tipo de proyecto se nutre de la figura del caudillo o del “salvador”, que monopoliza la representación y la toma de decisiones, a menudo relativizando la mediación de partidos políticos, sobre todo respecto de quienes ejercen la auténtica oposición política y del amplio universo de las organizaciones de la sociedad civil, sin dejar de lado el dominio que buscará ejercer sobre todos los medios para condicionar el libre discernimiento de los ciudadanos. A la par, la lealtad se verticaliza militarmente, y la divergencia de opiniones se interpreta como traición.
La democracia, en este esquema, deja de ser un sistema de contrapesos y consensos para convertirse en un mero instrumento que legitima en las urnas al líder providencial, un rito vacío de contenido, propio de lo que se conoce como democracia delegativa. El líder, investido de un supuesto mandato popular absoluto, se siente habilitado para actuar por encima de las instituciones bajo la premisa de que encarna la voluntad del pueblo y la soberanía absoluta que de él deriva.
En contraste, el proyecto político se funda en una premisa radicalmente distinta: la construcción de una hegemonía colectiva basada en el acuerdo y la articulación de intereses diversos. No busca la preeminencia de una persona o facción, sino la consolidación de un camino común que resulta del diálogo, la negociación y el compromiso entre la mayoría de las personas, sectores y grupos de interés. En esa dirección, la legitimidad de un proyecto político no reside en la figura del líder, sino en la solidez de los consensos alcanzados y en la capacidad de las instituciones para procesar y representar la pluralidad de la sociedad.
En este caso, la democracia es el marco insustituible para el debate, la disidencia y la alternancia. Los líderes son meros facilitadores de ese proceso, y su autoridad surge de su capacidad para articular acuerdos, no de una potestad intrínseca. Un proyecto político genuino valora la pluralidad y la institucionalidad, entendiendo que el bien común no es el resultado de una visión única e indiscutible, sino de un proceso dinámico de negociación y síntesis.
La diferencia fundamental entre ambos radica en su relación con el poder y, de manera crucial, con el sistema judicial. En un proyecto de poder, la cooptación del Poder Judicial es una estrategia clave e ineludible. Para el líder o la facción que persigue el poder por sí mismo, la independencia judicial representa un obstáculo insalvable, ya que un Poder Judicial autónomo es capaz de investigar y juzgar actos de corrupción o abuso de autoridad.
* Vicegobernador de Río Negro