Una Fiscalía que no investiga, sino que defiende al Gobierno
En los últimos meses presenté seis denuncias formales en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro. Cuatro de ellas ya fueron archivadas y solo dos siguen en investigación. Este dato, que debería ser alarmante para cualquier rionegrino, demuestra una vez más que este organismo no cumple con la función para la que fue creado: investigar y controlar los actos de gobierno.
Voy a dar ejemplos claros.
En mi denuncia por el incumplimiento del IPROSS en la cobertura de medicamentos, la Fiscalía resolvió que la ley no habla de medicamentos. Eso es falso. La ley habla de prestaciones, y los medicamentos son parte esencial de cualquier prestación de salud. Desconocerlo es, como mínimo, mentirle a la gente.
En otro caso denuncié la compra irregular de una camioneta 0 km por parte del entonces ministro de Economía, Vaisberg, al marido de una funcionaria del mismo ministerio. La Fiscalía sostuvo que no hubo delito porque la funcionaria no participó directamente en el expediente. Una respuesta que minimiza y omite lo más grave: las influencias indirectas que en estos casos pesan más que cualquier firma en un papel.
También presenté una denuncia sobre la empresa estatal EMIRSA, que contrató como asesor a un comerciante tucumano que había montado una consultora apenas un año antes. Tras mi denuncia, desarmaron la sociedad. Sin embargo, la fiscal Dolores Cardell concluyó que no había delito. Parece que en Río Negro se naturaliza la improvisación y el amiguismo como forma de gestión.
Pero lo más indignante es lo sucedido con la causa de la docente fallecida en Luis Beltrán. La Fiscalía archivó la denuncia argumentando que había sido “correctamente readecuada”. La docente no podía caminar sola, necesitaba un andador y asistencia hasta para ir al baño. Fue destinada a una residencia de señoritas que no contaba ni con rampa ni con baños adaptados para personas con discapacidad. Esa decisión degradó su calidad de vida y aceleró su deterioro. Sin embargo, para la Fiscalía, no hubo nada que investigar.
Frente a estas resoluciones, me pregunto: ¿para qué los rionegrinos pagamos sueldos multimillonarios en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, si en lugar de investigar, archivan y encubren?
Una institución que debería ser contralor del poder se convirtió en un blindaje del oficialismo. Y mientras tanto, los hechos graves que afectan a la gente común, quedan impunes.
Los rionegrinos merecemos órganos externos de control que investiguen y sancionen la corrupción, no organismos que miren para otro lado.
Por un cargo y sueldos millonarios, prefieren hacerse los desentendidos.
Pero les aclaro: en este caso no son ineptos, son conscientes y lo permiten.
(¨) Legislador Provincial Vamos con Todos