Rechazan pedido de información de Berros sobre la contratación de una empresa para supervisar licencias médicas

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por un legislador provincial. El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa.

La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo —entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.— entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.

El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.

El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador José Luis Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un "rehusamiento expreso" por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.

Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.

Berros insistirá

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, confirmó que insistirá con su pedido de acceso a la información pública para conocer en detalle el contrato entre el Gobierno de Río Negro y la empresa Dienst Consulting S.A., responsable del control de licencias médicas del personal estatal. “Río Negro, por la connivencia entre el Gobierno, el bloque mayoritario en la Legislatura y la Justicia, se está convirtiendo en un feudo”, afirmó.

Berros presentó un recurso de reposición ante el Superior Tribunal de Justicia luego de que ese cuerpo rechazara su solicitud inicial. “La decisión judicial se ampara en formalismos que terminan impidiendo que la ciudadanía acceda a información esencial sobre el uso de fondos públicos”, cuestionó el legislador.

En su escrito, Berros solicita que se revoque el Punto 2 de la resolución que desestimó su acción de mandamus, y exige que tanto el Poder Ejecutivo como Horizonte Seguros —empresa estatal que contrató a Dienst— pongan a disposición el contrato completo. La presentación denuncia que la falta de acceso al documento vulnera los artículos 4 y 26 de la Constitución de Río Negro, que garantizan la publicidad y transparencia de los actos de gobierno.

“El fallo se basa en una visión excesivamente formalista”, advirtió el legislador, quien acompañó su recurso con documentación que acredita reiterados pedidos de informes (Nº 1206/2024, Nº 1451/2024 y Nº 1634/2024), así como cartas documento que fueron respondidas con evasivas. Berros sostiene que estas respuestas constituyen una negativa fáctica a entregar la información, lo cual, a su entender, cumple con los requisitos legales para habilitar la vía judicial elegida. “El contrato con Dienst no solo involucra cifras millonarias —unos 300 millones de pesos mensuales, según estimaciones— sino que impacta directamente sobre miles de trabajadores estatales. Que el Ejecutivo y una empresa estatal como Horizonte Seguros nieguen el acceso a este contrato es una señal alarmante”, expresó Berros.

Según explicó, la Justicia rechazó su pedido por considerar que no se configuró un ‘rehusamiento expreso’ de parte de los organismos interpelados. “Lo cierto es que hubo reiterados pedidos de informes y cartas documento que fueron respondidos con evasivas. ¿Qué más hace falta para que se reconozca una negativa? Estamos ante una interpretación excesivamente formalista que vulnera los principios constitucionales de transparencia”, expresó.

En un pasaje de su escrito, Berros advierte que “evidentemente no hay decisión política de que Río Negro sea una provincia transparente”, y señala que existe una articulación preocupante entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial para limitar el control ciudadano. “Cuando el Ejecutivo oculta contratos, el Legislativo sanciona un Código regresivo a pedido de jueces, y el Superior Tribunal avala ese esquema, se configura una connivencia institucional que naturaliza el ocultamiento y erosiona las garantías constitucionales más básicas”, afirmó.

Berros advirtió que “cuando la Justicia privilegia tecnicismos sobre el control democrático de la gestión pública, se debilita el Estado de Derecho y se retrocede en derechos ciudadanos básicos”. Y agregó: “Este fallo es una muestra clara de cómo el nuevo Código Procesal, lejos de agilizar el acceso a la Justicia, lo dificulta para quienes buscamos garantizar la transparencia”. Finalmente, el legislador anunció que continuará exigiendo que el contrato firmado con Dienst Consulting S.A. sea puesto a disposición, “porque la sociedad tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero y quiénes prestan servicios en áreas tan sensibles como la salud de los trabajadores públicos”.