Solicitan la revocación de una resolución rionegrina que entrega agua pública a empresarios qataríes

La legisladora provincial Magdalena Odarda ha impulsado diversas acciones ante las autoridades competentes para revertir la Resolución N°75 del Departamento Provincial de Aguas (DPA), que otorga por 30 años el uso del agua pública a la empresa "Río Villegas SAU", vinculada a capitales qataríes, para la generación de energía hidroeléctrica en el exclusivo complejo turístico "Baguales". 

En primer lugar, informó al gobernador de Río Negro sobre esta situación y le solicitó que tomara las medidas necesarias para anular la resolución. Además, requirió formalmente al DPA su revocación y presentó el caso ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, instando a que se inicie una investigación y se radique la denuncia correspondiente. Paralelamente, se presentará un pedido de informe para aclarar las condiciones en las que se otorgó esta concesión.

La legisladora denuncia que esta autorización se realizó sin tratamiento legislativo y sin garantizar los mecanismos de transparencia y participación ciudadana exigidos por la normativa vigente. Además, señala que la concesión del agua responde a intereses privados y no a una necesidad de interés general, mientras miles de rionegrinos y rionegrinas siguen enfrentando dificultades en el acceso al agua potable y para la producción.

Según el artículo 97 del Código de Aguas de la provincia, cualquier aprovechamiento hidroeléctrico debe ser aprobado por una ley especial de la Legislatura, requisito que en este caso no se cumplió. La resolución fue dictada sin una debida difusión ni garantía de acceso a la información, incumpliendo el principio de publicidad de los actos de gobierno. No se realizó la audiencia pública ambiental exigida por la Ley 3266, lo que impidió la participación de la comunidad y la evaluación de los impactos ambientales del proyecto. Tampoco se consultó a las comunidades indígenas afectadas, vulnerando su derecho a una consulta libre, previa e informada, en violación del Convenio 169 de la OIT.

El agua, un recurso estratégico y público, ha sido concedida para el beneficio exclusivo de un emprendimiento privado de lujo, en lugar de destinarse a las necesidades de la población. El complejo Baguales, donde se pretende desarrollar el proyecto hidroeléctrico, está ubicado en una zona de frontera y pertenece a empresarios extranjeros, incluyendo al qatarí Abdulhadi Mana A. Sh. Al Hajri y al extenista argentino Gastón Gaudio. En este sector existen denuncias previas por la construcción irregular de caminos y refugios sin los debidos estudios de impacto ambiental ni la audiencia pública exigida por la Ley de Bosques N°26.331.

Ante estas irregularidades, Odarda exige la revocación inmediata de la Resolución N°75 del DPA. También solicita la apertura de una investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados y la presentación de una denuncia ante la justicia en caso de confirmarse presuntas irregularidades o delitos.

"No podemos permitir que un recurso vital como el agua sea entregado sin control ni garantía de transparencia a un emprendimiento privado, mientras miles de rionegrinos enfrentan dificultades en el acceso a este derecho básico", declaró la legisladora.