Privatización de Hidroeléctricas: "Río abajo seguimos muy preocupados"

En medio del creciente debate sobre la privatización de las hidroeléctricas, la concejala Vanessa Cacho  Devincenzi sigue levantando su voz de alerta ante "la falta de claridad en las políticas públicas y la opacidad en las decisiones que afectan directamente a las  y los rionegrinos". 

En este sentido, junto al presidente del Consejo del PAR Viedma, Mario Sabbatella, participó de un encuentro con referentes de la Agrupación "Peronistas de la Calle" de General Roca, entre los que se encontraban Carlos Héctor Pulgar, Juan Carlos Cabrera, Mario Serna y Guillermo Urdinez.
En la reunión Cacho Devincenzi manifestó que "

Javier Milei, recientemente, declaró que las provincias no tendrán intervención en el proceso de privatización de las represas". "Es alarmante que se pretenda tomar decisiones sobre nuestros recursos sin la participación de quienes vivimos en estas regiones y conocemos de cerca el impacto de tales medidas", expresó Cacho Devincenzi. 

Por otro lado la edil advirtió "la contradicción del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek, quien por un lado  manifiesta  que las provincias  tendrán un rol en el proceso de concesión, cuando bien sabe que el Decreto 718/2024 no contiene una sola palabra que respalde su afirmación. Además, dicho decreto no establece pautas claras  para el manejo de aguas o seguridad de presas, lo que aumenta la incertidumbre.

Cacho Devincenzi también destacó un peligro latente: la designación de un miembro del Grupo Techint como representante del Gobierno Nacional en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). "Esta decisión evidencia una priorización de la generación de energía por encima del uso y preservación del agua, que es un recurso vital para nuestra provincia, tanto para el consumo humano como para la producción", señaló.

Además, la concejala resaltó la preocupación por la seguridad de los habitantes que viven río abajo, quienes dependen de una gestión adecuada y transparente de los recursos hídricos para evitar desastres. "No podemos permitir que la seguridad de nuestra gente quede supeditada a los intereses económicos de unos pocos", enfatizó. Igualmente, advirtió sobre los problemas que pueden enfrentar los productores en los valles, quienes podrían verse afectados por la disminución en la disponibilidad y calidad del agua para sus cultivos.

La concejala advirtió que esta situación es una "repetición de los 90, pero esta  vez más profunda, y ahora sí dejando al Estado y al país sin nada". Subrayó la necesidad de que el gobierno provincial actúe con transparencia y defienda los intereses de los ciudadanos, recordando que "no podemos permitir que se juegue con el futuro de nuestra provincia"

En contraste con las políticas de recuperación estatal de servicios esenciales en países como Brasil, Francia, Canadá o Estados Unidos, el decreto 718/2024, además de ser manifiestamente inconstitucional, no contempla un cambio del modelo de gestión hacia la desprivatización. En lugar de ello, la polémica en torno a este decreto debería llamarnos  a la reflexión  para  desarticular las lógicas de un negocio que, desde 1993, ha representado un importante ingreso de dólares anuales para las empresas concesionarias de las hidroeléctricas a partir de inversiones que realizó el Estado".   

Ante este panorama, la situación exige una mayor vigilancia por parte de la comunidad y  estar atentos para  asegurar que las decisiones sobre la privatización de recursos estratégicos, como las hidroeléctricas, sean tomadas de manera justa y con la participación activa de todas las partes involucradas.