Casi todos los concejales de Viedma piden a Nación que restituya un fondo social
Concejales de Viedma presentaron una comunicación formal al gobierno nacional solicitando la reinstauración del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), cuyo presupuesto ha sido suspendido. Lo comsideran crucial para proyectos de infraestructura básica, acceso a servicios esenciales y programas de inclusión social.
Entre los concejales firmantes se encuentran Lorena Alan, Julián Algañaras, Luciano Ruiz, Evelyn Rousiot, Vanessa Cacho Devincenzi, Pedro Bichara y Natalia Macri.
Lorena Alan destacó: “El FISU ha sido fundamental para el desarrollo de nuestros barrios populares. Su suspensión ha dejado un vacío que se siente en cada barrio popular. La infraestructura básica, como el alumbrado público, el cordón cuneta, las cloacas y programas como 'Mi Pieza', son esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Además, el FISU generaba desarrollo económico para los municipios que ejecutaban estos proyectos. Necesitamos que el gobierno reinstituya este fondo para continuar trabajando por una sociedad más justa y equitativa.”
Julián Algañaras agregó: “La eliminación del FISU ha detenido el progreso en muchas áreas que dependen de este financiamiento. Los municipios han perdido una herramienta vital para el desarrollo y la inclusión. Es esencial que el gobierno nacional reconozca la importancia de este fondo y actúe para restaurarlo de inmediato.”
Estos barrios populares están registrados por el RENABAP. A fines de 2023, se actualizó el número de barrios a 6.467, abarcando 684 km² (tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires) y donde viven 1,2 millones de familias (5 millones de personas). Monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal, resaltó los buenos resultados del FISU y advirtió sobre el peligro del narcotráfico en la ausencia del Estado: “El narcotráfico hace un Estado dentro de otro Estado. Es imperioso que el Estado esté presente en nuestros barrios, de lo contrario los entregamos al narcotráfico.”
El reclamo cuenta con el respaldo de la Conferencia Episcopal Argentina, Cáritas, Movimientos Sociales, la ONG Techo y dirigentes de diferentes espacios políticos. La comunidad espera una respuesta favorable del gobierno para retomar el camino hacia una mayor cohesión social y desarrollo inclusivo.