El peaje en las rutas provinciales propuesto por el Ejecutivo “es un fraude a los ciudadanos rionegrinos”, expresó el bloque Vamos con Todos al votar por la negativa.

El legislador Luciano Delgado Sempé cuestionó que se pretenda cobrar por el uso de rutas que no cuentan con vías alternativas o que evidencian un notable deterioro.

Especificó que “para la Ruta 6 presentamos un proyecto para que se cobre peaje pero sólo a camiones con arenas silíceas destinadas a la explotación hidrocarburífera”. También criticó que la 65 tiene como alternativa “caminos rurales en los que habrá un fuerte impacto en el tránsito, el cual afrontarán los municipios. Los vehículos de transporte de cargas también sumarán los costos a la mercadería”.

Destacó que la Federación de Entidades Empresarias y las Cámaras de Comercio “se oponen por no ser consultadas; pedimos que se abra el diálogo, se arreglen las rutas y se garantice la seguridad de los usuarios”.

“Estamos viendo una vez más el viraje ideológico del gobernador Weretilneck que hasta hace no mucho tiempo era un férreo defensor del Estado, y ahora, más allá de lo que diga para la tribuna, es uno de los principales impulsores de las medidas nacionales en Río Negro, intentando privatizar las rutas”, afirmó, por su parte, José Luis Berros, presidente de la bancada.

Consideró que “el sistema de cobro propuesto no deja certezas, tuvo varios cambios en Comisión, adendas y es un desastre en su redacción y en sus objetivos. Estos procesos sólo benefician a algún grupo empresario”.

Admitió que “hubiera sido diferente si venían con una propuesta seria, que llegara sin tantas dudas en su redacción. Si hubiera tenido mecanismos de participación reales, con controles serios por parte de trabajadores y usuarios, con potestades suficientes para fiscalizar el debido cumplimiento de la ley, siguiendo la correcta administración de los recursos, con una Comisión verdaderamente independiente”.

“Si el fin último fuera el mantenimiento de las rutas y caminos, con impulso de nuevas obras y carriles, sin que el derecho a la circulación sea una mera mercancía y primara el interés público con control social por encima de intereses meramente recaudatorios, hubiéramos acompañado”, concluyó Berros.