Legisladores y autoridades del PJ presentaron una acción judicial por los recortes en educación y transporte
Los legisladores provinciales enrolados en los dos bloques ((PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos, junto a las autoridades del Partido Justicialista e intendentes justicialistas, promovieron hoy, en el Juzgado Federal de General Roca, la presentación judicial en defensa de la educación y el transporte público de pasajeros de las y los rionegrinos, contra el gobierno de Javier Milei, por la eliminación ilegal de los fondos que le corresponden a la provincia y los municipios roonegrinos.
La presentación realizada a instancias del senador nacional Martín Doñate y que contó con el acompañamiento del diputado nacional Martín Soria, se realizó con la firma de la totalidad de los bloques legislativos “Partido Justicialista - Nuevo Encuentro” y “Vamos con Todos”, encabezados por Daniel Bellos y José Luis Berros y con la firma de las y los intendentes justicialistas, Claudia Montanaro (Cervantes), Daniela Salzotto (Catriel), Silvia Penilla (Huergo), Sergio Hernández (Lamarque), Gustavo Sepúlveda (Chimpay), Daniel Hérnandez (Campo Grande), Albino Garrone (Godoy). La intendenta María Emilia Soria (Roca) y el intendente Héctor Leineker (Conesa) firmaron la presentación, pero no estuvieron presentes por estar en Buenos Aires, en una reunión en la Federación Argentina de Municipios en representación de los demás intendentes justicialistas y donde se iba a abordar la misma situación.
En ambas presentaciones se destaca el objetivo de eliminar el actual estado de incertidumbre generado por el Gobierno Nacional, al suspender el envío a la provincia de Río Negro, de fondos destinados por ley a sostener la educación pública y el transporte público. “Desde los espacios que integran el campo nacional y nuestro partido justicialista venimos en unidad y sin titubeos a defender a Río Negro, a reclamar por el federalismo y construir un dique de contención a la avanzada de un gobierno que nos está robando nuestros recursos y poniendo a la Patagonia en venta”, señalaron.
Advirtieron además que “con el DNU en vigencia no solamente se están afectando los derechos a la educación pública y al transporte sino que además se producen escaldas de precios en los alimentos, los alquileres, las obras sociales, los medicamentos y los servicios públicos esenciales mientras se licúan los salarios y las jubilaciones y están en riesgo las empresas públicas, nuestras tierras y recursos naturales”.
En el ámbito judicial, con dos acciones declarativas de certeza se le solicitó al Juez Federal competente que se expida con urgencia sobre la procedencia de la remisión de los fondos mencionados, así como sobre la continuidad de las transferencias retenidas por el Gobierno Nacional. La falta de envío de estos recursos compromete seriamente la vigencia del sistema federal argentino y pone en riesgo la convivencia democrática en el país.
LA PRESENTACIÓN JUDICIAL
En el primer caso, la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional, amenaza la condición jurídica y la calidad educativa, en virtud de la falta de remisión de fondos contemplados en las leyes nacionales 25053 y 26075, que establecen la obligación del Gobierno Nacional de garantizar un financiamiento adecuado para la educación.
La retención de los fondos afecta directamente a la educación de niñas, niños, adolescentes, docentes y no docentes en Río Negro y en todo el país. La Ley Nacional 25053 establece el régimen de coparticipación federal de impuestos, donde se fijan los porcentajes que corresponden a las provincias y a la Nación. Por su parte, la Ley Nacional 26075 declara de interés nacional la educación pública y garantiza la distribución equitativa de los recursos económicos necesarios para asegurar su calidad y el cumplimiento de los fines establecidos en la Constitución Nacional.