Contratación de los baños de la feria: “Que sea legal no significa que esté bien”

Mario Sabbatella: “La confianza pública también se construye con decisiones éticamente responsables”

La polémica por la adjudicación de la obra de los baños de la Feria Municipal de Viedma a una empresa vinculada familiarmente con el intendente Marcos Castro nos obliga a reflexionar sobre una cuestión fundamental: que una decisión sea legal no significa, necesariamente, que sea la más adecuada desde el punto de vista ético e institucional.

Quiero ser claro: cuando se administran recursos públicos, no alcanza con cumplir formalmente la ley. También es necesario actuar con transparencia, prudencia y responsabilidad, evitando decisiones que puedan generar dudas sobre la imparcialidad con la que se gestionan los recursos de todos.

Porque no todo lo que está permitido por una ordenanza es necesariamente ético. Incluso cuando existe una norma que regula la ética pública, puede haber conductas que esa norma no prohíbe y que, sin embargo, son éticamente cuestionables.

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El problema no se limita a determinar si una contratación está permitida por la normativa vigente o si la conducta del funcionario está comprendida en una ordenanza que regula la ética pública. También debemos preguntarnos si era necesario avanzar con ella en esas condiciones, especialmente cuando existen vínculos familiares entre quienes ejercen responsabilidades públicas y quienes contratan con el Estado.

No se trata de cuestionar, sin elementos, la capacidad de una empresa para realizar una obra ni de afirmar que existieron irregularidades en el procedimiento administrativo. Se trata de reconocer que quienes gobiernan tienen una responsabilidad institucional adicional: deben ser especialmente cuidadosos con sus decisiones y con la confianza que esas decisiones generan —o pueden poner en riesgo— en la ciudadanía.

Hoy, cuando muchas personas desconfían de la política y de sus instituciones, recuperar esa confianza exige mucho más que cumplir con las normas: exige demostrar, con hechos, que el interés público está por encima de cualquier consideración personal o familiar.

La confianza no se reclama: se construye. Y se construye con decisiones transparentes, reglas claras y conductas que no dejen lugar a dudas evitables.

Por eso, desde nuestro espacio político vamos a impulsar en el Concejo Deliberante una modificación de la normativa municipal que establezca límites claros a las contrataciones públicas cuando existan vínculos familiares con los funcionarios que intervienen en ellas. El objetivo es revisar las reglas actuales y promover mecanismos que prevengan posibles conflictos de intereses, fortalezcan los controles y brinden mayores garantías a la ciudadanía.

La legalidad es indispensable, pero no debería ser el único criterio para evaluar una decisión pública. La ética, la transparencia y la responsabilidad también deben formar parte de la manera en que se gobierna.

Si queremos que la gente vuelva a confiar en la política, tenemos que empezar por nosotros mismos: por las decisiones que tomamos, por las reglas que proponemos y por el ejemplo que damos desde la función pública.

Porque administrar lo que es de todos implica una responsabilidad que va más allá de cumplir con la ley.

Lo que es legal debe ser también una oportunidad para hacer lo correcto. Y cuando las reglas no alcanzan para garantizarlo, tenemos la obligación de revisarlas.

Mario Sabbatella