(AUDIO) Pérez Morando defendió su gestión tras la polémica por la prórroga y respondió a las críticas: "A la institución hay que cuidarla"

Después de varias semanas de controversia política e institucional, el defensor del Pueblo de Viedma, Marín Pérez Morando, rompió el silencio y brindó una extensa entrevista a FM DE LA COSTA, en la que respondió a los cuestionamientos surgidos por la prórroga de su mandato y, especialmente, a los interrogantes sobre los resultados de su gestión.

La decisión del Concejo Deliberante de mantenerlo en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2027 generó críticas de concejales, aspirantes a sucederlo y sectores de la comunidad. Pero también puso sobre la mesa una discusión más profunda: qué hizo concretamente la Defensoría del Pueblo durante estos años, a cuántos vecinos asistió y cuáles fueron los resultados de sus intervenciones.

Precisamente, esas preguntas ocuparon buena parte de la entrevista que mantuvo con Gustavo Bosco, conductor del programa CON LA GENTE, quien le planteó que durante su gestión había existido una escasa difusión pública de las actividades del organismo.

Pérez Morando rechazó que hubiera una decisión deliberada de mantener en reserva su trabajo, aunque admitió que su estilo personal puede haber contribuido a esa percepción.

"Yo atiendo a todo el mundo, pero no soy de tal vez exhibirlo tanto", reconoció.

El funcionario también explicó que continúa recuperándose de una intervención cardiovascular realizada el 30 de julio, aunque aseguró que mantiene contacto con sus colaboradores y participa desde su domicilio en la atención de distintos asuntos.

Una prórroga que desató fuertes cuestionamientos

El 25 de septiembre, el Concejo Deliberante aprobó por seis votos a favor, dos en contra y una abstención la iniciativa enviada por el intendente Marcos Castro para extender el mandato de Pérez Morando hasta noviembre del próximo año.

Las concejalas Vanessa Cacho Devincenzi y Silvina Franco votaron en contra, mientras que la oficialista Natalia Macri se abstuvo.

La medida fue adoptada cuando ya se había iniciado el procedimiento para seleccionar al próximo titular de la Defensoría, situación que alimentó las objeciones sobre la oportunidad de modificar los plazos establecidos.

En su entrevista, Pérez Morando cuestionó una de las interpretaciones sobre el vencimiento de su mandato.

"Lo primero que te quiero corregir es que el mandato no es en octubre, es el 30 de noviembre. Ahí es parte del problema", expresó.

Según explicó, las dificultades se remontan a la creación de la Defensoría y al proceso de designación de su primera titular, Nora Cader.

Recordó que aquel procedimiento estuvo atravesado por impugnaciones y demoras, y sostuvo que la normativa contiene un desajuste relacionado con la obligación de presentar el informe anual de gestión durante noviembre.

"El primer mandato de Nora Cader ya tuvo muchos inconvenientes. Hubo impugnaciones, se demoró casi un año la designación", señaló.

También mencionó que durante el proceso de selección en el que participó hubo modificaciones en los plazos de inscripción.

"Yo dije que no, que todo lo que sea impugnaciones me parece que de alguna manera ensucia un poco el proceso", recordó.

Sus explicaciones contrastan con el criterio que se utilizó para calcular el vencimiento original del mandato: la cobertura periodística de la votación había consignado el 25 de octubre de 2022 como fecha de asunción y, por lo tanto, octubre de 2026 como finalización del período ordinario de cuatro años.

La controversia sobre las fechas y la interpretación de la normativa fue, justamente, uno de los argumentos centrales de quienes rechazaron la extensión.

Las críticas de concejales y aspirantes al cargo

Entre las voces que cuestionaron la decisión estuvo la concejala Silvina Franco, quien consideró que la prórroga contrariaba la voluntad de los vecinos e interrumpía el procedimiento de renovación.

También planteó la importancia de preservar la independencia de un organismo cuya función es defender los derechos de los ciudadanos frente a la administración municipal.

Por su parte, Leandro Martínez, presidente de la Fundación Apostemos a la Vida y aspirante a conducir la Defensoría, formuló duros cuestionamientos en declaraciones a FM DE LA COSTA.

Martínez sostuvo que la extensión equivalía a una "reelección encubierta" y cuestionó que se modificaran las condiciones cuando ya había personas interesadas en ocupar el cargo.

En otra entrevista llegó a reclamar que el costo de la continuidad fuera afrontado por el intendente y los concejales que respaldaron la iniciativa, en lugar de recaer sobre la comunidad.

Otro de los postulantes, Lautaro Caballeri, rechazó que fuera necesario prolongar el mandato hasta fines de 2027 para resolver el desajuste entre la presentación del informe anual y el vencimiento del cargo.

Caballeri propuso modificar los plazos de la ordenanza y reclamó una Defensoría con mayor presencia territorial e independencia respecto del poder político.

En contrapartida, el concejal Julián Algañaras, del bloque Vamos con Todos, justificó su acompañamiento a la prórroga y vinculó parte de la discusión con disputas internas de Juntos Somos Río Negro.

Frente a ese escenario, Pérez Morando buscó separar los cuestionamientos a su persona del funcionamiento de la institución.

"Por ahí castigarme a mí o cuestionarme a mí está perfecto, yo en eso no tengo problema. De hecho, no hay reelección, pero a la institución hay que cuidarla porque nos supera a nosotros", manifestó.

También reveló que mantuvo conversaciones con personas interesadas en sucederlo.

"Hubo creo tres o cuatro personas que me llamaron, a las cuales les sugerí cómo encarar el tema de sus presentaciones en la Defensoría", indicó.

Y agregó que está dispuesto a recibir a futuros postulantes para compartir experiencias e iniciativas pendientes.

La pregunta de fondo: ¿qué hizo la Defensoría durante estos años?

Uno de los momentos centrales de la entrevista se produjo cuando Bosco le trasladó una inquietud que había surgido durante el debate por la continuidad del funcionario: la dificultad para conocer públicamente el trabajo realizado por la Defensoría.

El periodista le planteó que, durante los últimos años, el medio había recibido muy poca información institucional y que esa situación impedía dimensionar las intervenciones concretas del organismo.

"En tres o cuatro años mandaron cuatro o cinco [comunicados] no más", le señaló, antes de formularle una pregunta directa: "¿A quién defendió el Defensor del Pueblo de Viedma durante todo este tiempo? ¿Cuáles fueron los planteos? ¿Qué lograron?".

Pérez Morando negó que existiera una estrategia destinada a reducir la exposición pública de la institución.

"No hay una estrategia. De hecho, nosotros tenemos un responsable. Somos una estructura muy reducida", explicó.

También relativizó la necesidad de que el defensor tenga una presencia mediática permanente, aunque el conductor aclaró que el planteo no estaba relacionado con el protagonismo personal, sino con la difusión de las acciones del organismo.

El intercambio recuperó una cuestión que Noticias Río Negro había abordado el 26 de septiembre, en un artículo titulado La gestión del defensor del Pueblo de Viedma, bajo la lupa: reclamos, resultados y una web sin información accesible.

Aquel relevamiento había identificado intervenciones en diferentes problemáticas, pero también dificultades para acceder a los informes de gestión y conocer cuántos expedientes habían concluido con soluciones concretas.

El análisis advertía que registrar un reclamo o enviar una nota a un organismo no necesariamente significa que el problema haya sido resuelto.

La explicación sobre la página web y un supuesto hackeo

Pérez Morando aportó durante la entrevista una explicación hasta ahora poco conocida sobre la falta de acceso a la información institucional.

Según manifestó, la página de la Defensoría dejó de funcionar a raíz de un ataque informático que habría afectado al sitio oficial de la Municipalidad de Viedma, entre mayo y junio.

"Se nos cae la página nuestra, que todavía no la hemos podido levantar, pero todos los informes de todos estos años se hicieron con el procedimiento de la ordenanza", sostuvo.

Aseguró que allí se encontraban disponibles los informes anuales, actuaciones y publicaciones vinculadas con los derechos ciudadanos, incluidas las correspondientes a un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, también reconoció una deficiencia propia en la conservación de esa documentación digital.

"Hay un error nuestro de no haber tenido un resguardo adecuado. Entonces ahora hay que levantar todo de nuevo", admitió.

El defensor explicó que están aprovechando la situación para desarrollar una nueva página, con un diseño más moderno y accesible.

El episodio llamó la atención del conductor, quien manifestó que desconocía que se hubiera producido un ataque informático contra la web municipal.

Por el momento, se trata de una explicación brindada por Pérez Morando durante la entrevista, sin que en esta nota se haya podido corroborar de manera independiente el alcance del incidente.

Los barrios FONAVI, entre los principales reclamos

Al repasar las actuaciones de su gestión, Pérez Morando colocó a los complejos habitacionales FONAVI entre los asuntos de mayor importancia.

Explicó que la Defensoría intervino en numerosos conflictos relacionados con cañerías, instalaciones de gas, pérdidas de agua, cisternas y dificultades de convivencia entre propietarios.

Uno de los ejemplos que mencionó fue el barrio Inalauquen, donde se desarrolló un proceso de mediación vinculado con el reemplazo de cañerías de gas.

"El primer gran tema que tuvimos en el barrio Inalauquen fue el cambio de las cañerías de Camuzzi en todo el sector", recordó.

Según detalló, los trabajos requerían resolver situaciones particulares con vecinos que habían realizado construcciones que dificultaban el acceso a las instalaciones.

"Eso implicó una negociación con cada uno de los vecinos que de alguna manera habían avanzado sobre construcciones irregulares e impedían el acceso a la nueva red de gas. Eso nos llevó muchísimo tiempo, casi un año", señaló.

También indicó que la Defensoría elaboró tres informes sobre problemas estructurales en los barrios FONAVI y que esos documentos fueron entregados a los concejales.

"La situación de los barrios FONAVI merece una solución integral", enfatizó.

Explicó que, después de tres o cuatro décadas, muchas instalaciones presentan deterioros que no pueden resolverse únicamente mediante reparaciones aisladas.

Entre los casos mencionados incluyó problemas con cisternas en los barrios Guido y 1016 Viviendas, donde, según afirmó, se lograron avances.

Este trabajo cuenta con antecedentes publicados por Noticias Río Negro. En noviembre de 2023, el propio Pérez Morando había informado a FM DE LA COSTA que la Defensoría recibió más de 200 reclamos durante ese año, con una importante concentración de demandas relacionadas con los complejos FONAVI.

Mediaciones entre vecinos y problemas que exceden al Municipio

Otro aspecto que destacó fue la intervención en conflictos de convivencia.

Pérez Morando explicó que muchos vecinos recurren a la Defensoría por problemas entre propietarios, pérdidas de agua, inconvenientes en edificios y situaciones que pueden agravarse si no existe una instancia de diálogo.

Mencionó un caso reciente en el barrio América, relacionado con una pérdida de agua entre departamentos.

"Nosotros tratamos de intervenir y evitar que pase a mayores", explicó.

Aclaró que las mediaciones son voluntarias y que el organismo carece de facultades para obligar a las partes a alcanzar un acuerdo.

"Los vecinos acuden a la Defensoría sabiendo que es una instancia voluntaria. Nosotros no tenemos poder de obligar", precisó.

También reconoció que numerosos reclamos corresponden a organismos provinciales o empresas prestadoras de servicios, pero que igualmente procuran canalizarlos.

"Tenemos todas las semanas reclamos por servicios que no le corresponden inclusive a la Municipalidad, pero que nosotros atendemos", expresó.

Como antecedente, Noticias Río Negro había informado en julio de 2023 sobre la intervención del defensor ante los reclamos de vecinos de Las Carmelitas por la falta de habilitación del servicio de cloacas.

Subsidios energéticos: las advertencias que, según dijo, no fueron escuchadas

Pérez Morando dedicó parte de la entrevista a explicar el trabajo de asesoramiento que la Defensoría realizó durante los cambios en el sistema nacional de subsidios energéticos.

Afirmó que numerosas personas acudieron al organismo para recibir orientación sobre la documentación necesaria y los requisitos establecidos por el Gobierno nacional.

También sostuvo que había advertido sobre modificaciones en los criterios de asignación de los beneficios.

"En el informe del año pasado yo advertí que cambiábamos el sistema de segmentación al sistema de subsidios focalizados", señaló.

Según explicó, la preocupación estaba relacionada con el peso creciente de los ingresos familiares en la determinación de los subsidios y las posibles consecuencias para los usuarios patagónicos.

También mencionó las discusiones sobre el régimen de Zona Fría y los componentes de la tarifa utilizados para calcular los beneficios.

"No es mucho lo que se pudo hacer para frenarlo ni para cambiarlo, pero sí advertir", reconoció.

El defensor consideró que una parte importante de su tarea consiste en orientar a los usuarios para que comprendan sus facturas y puedan identificar posibles irregularidades.

"Una cosa que hacemos, que no es nuestra competencia, es decirle al usuario que hay que leer la factura, hay que mirar la factura. En la factura está todo", manifestó.

Endeudamiento familiar: preocupación por los créditos y las billeteras virtuales

Uno de los asuntos que Pérez Morando considera prioritarios es el crecimiento de las dificultades económicas de las familias y el acceso a mecanismos de financiamiento que pueden profundizar el endeudamiento.

Explicó que, aunque la Defensoría todavía no registra un volumen elevado de reclamos por esta problemática, participa de conversaciones con otros organismos que observan su evolución.

"Yo hoy tengo muy poquitos problemas de endeudamiento familiar, pero no significa que no estudiemos el tema", aclaró.

Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que enfrenta la posibilidad de ser desalojada debido a que sus ingresos resultan insuficientes para afrontar el alquiler.

Reconoció que, ante situaciones de esa gravedad, las herramientas de una Defensoría municipal son limitadas.

El funcionario también advirtió sobre los riesgos del financiamiento digital y las tasas de interés que pueden comprometer buena parte de los ingresos de los usuarios.

"Es muy fácil acceder a una fintech, a una billetera, pero es muy difícil salir, y la posibilidad de endeudamiento a las tasas usureras es grave", sostuvo.

En ese sentido, reclamó una mayor atención legislativa y regulatoria.

"Un tema necesario para trabajar es la educación financiera que tenemos que tener", afirmó.

La cuestión fue vinculada durante la entrevista con los casos de quiebras personales registrados en otras localidades, entre ellas Villa Regina, y con las consultas que reciben organismos de defensa del consumidor como la OMIC de Patagones.

Advirtió sobre loteos irregulares camino a El Cóndor

Entre las intervenciones que, según explicó, tuvieron menor difusión pública, Pérez Morando mencionó la situación de determinados desarrollos inmobiliarios ubicados en sectores de expansión de Viedma.

El defensor aseguró que existen emprendimientos en dirección a El Cóndor que presentan irregularidades administrativas y que esa situación fue advertida al Concejo Deliberante.

"Hay desarrollos inmobiliarios en la zona camino al Cóndor que están en forma irregular", afirmó.

Según explicó, algunos compradores cuentan con contratos de compraventa correspondientes a loteos que no tendrían las autorizaciones municipales necesarias.

"Hay personas que tienen contratos de compraventa de loteos que no están autorizados por la Municipalidad", manifestó.

Entre las posibles causas mencionó incompatibilidades con la zonificación y la falta de aprobación de anteproyectos de servicios.

Aclaró que, en situaciones de esta naturaleza, el organismo procura advertir a la comunidad y promover el tratamiento de los problemas, aunque carece de iniciativa legislativa propia.

Sus declaraciones incorporan una advertencia relevante para quienes proyectan adquirir terrenos, aunque durante la entrevista no identificó los emprendimientos involucrados ni aportó documentación sobre cada caso.

Arbolado, cables en desuso y perros sueltos

Hacia el final de la conversación, Pérez Morando enumeró otras iniciativas que la Defensoría viene desarrollando.

Una de ellas está relacionada con la elaboración de una ordenanza sobre arbolado urbano.

"Por primera vez la Defensoría acompaña un proyecto de ordenanza, que fue el arbolado, que trabajamos todo el año", destacó.

También anticipó gestiones para retirar cables que permanecen instalados en la vía pública pese a encontrarse fuera de servicio.

"Tenemos un proyecto, que ya empezamos a hablar con las empresas, para empezar a retirar todos los cables de la vía pública que están en desuso", adelantó.

Según explicó, la acumulación de tendidos representa un problema de contaminación visual y requiere acuerdos con las empresas responsables.

Otro asunto abordado fue la presencia de perros sueltos en distintos sectores de la ciudad.

Pérez Morando indicó que desde febrero participan en una mesa de trabajo con diferentes instituciones para analizar alternativas.

Se trata, en estos últimos casos, de proyectos y gestiones en desarrollo, sin que durante la entrevista se hayan informado resultados definitivos.

La ausencia de un reemplazante y su posible regreso a la oficina

La situación de salud del defensor también dejó expuesta una dificultad en la estructura de funcionamiento del organismo.

Pérez Morando explicó que actualmente no cuenta con un adjunto o director que pueda asumir determinadas responsabilidades durante su ausencia.

"Tampoco tenemos la estructura nuestra, no tiene un adjunto, un director que yo pueda decir: bueno, lo recibe esa persona", expresó.

Esta cuestión ya había sido señalada en el relevamiento publicado por Noticias Río Negro, que recuperó el informe de gestión de 2024, donde figuraba vacante el cargo de director y se advertía sobre la necesidad de fortalecer los recursos humanos de la Defensoría.

Respecto de su recuperación, el funcionario indicó que tiene prevista una nueva evaluación médica el 19 de octubre y que espera obtener autorización para retomar progresivamente las tareas presenciales.

"Yo por mí volvería mañana", afirmó.

Explicó que sus colaboradores concurren a su domicilio para tratar distintos expedientes y que continúa interviniendo en asuntos institucionales.

Sin embargo, reconoció las limitaciones de esa modalidad.

"No es lo ideal estar en esta situación. Lo ideal es porque la gente quiere hablar con el defensor y lamentablemente yo no lo puedo hacer", expresó.

Incluso planteó la posibilidad de regresar inicialmente con jornadas reducidas, siempre que los profesionales médicos lo autoricen.

El antecedente del barrio Eva Perón y los interrogantes pendientes

La entrevista también se produce después de que Noticias Río Negro difundiera el reclamo de vecinos del barrio Eva Perón, donde más de 30 familias manifestaron preocupación por un posible desalojo.

En aquella oportunidad, Ezequiel Osorio, referente del sector, relató a FM DE LA COSTA que, durante una reunión, Pérez Morando había reconocido que no estaba completamente informado sobre el conflicto.

El episodio se convirtió en otro elemento del debate sobre el grado de conocimiento e intervención de la Defensoría frente a problemas sensibles de la ciudad.

Si bien el funcionario detalló ahora numerosas actuaciones en otros barrios, durante esta entrevista no brindó un balance específico sobre la situación de las familias del Eva Perón.

Tampoco presentó cifras actualizadas sobre la totalidad de reclamos recibidos durante su mandato, expedientes resueltos, actuaciones pendientes o recomendaciones que hubieran derivado en medidas concretas de la administración municipal.

Son datos que permitirían completar el panorama de gestión expuesto durante la conversación.

"No es bueno que castiguemos la institución"

En el tramo final, Pérez Morando volvió sobre las críticas surgidas a partir de su continuidad en el cargo y sostuvo que la discusión no debería perjudicar el futuro de la Defensoría.

Aseguró comprender las controversias y reconoció que su manera de comunicar las actividades puede ser revisada.

"No es bueno que castiguemos la institución. Por ahí castigarme a mí o cuestionarme a mí está perfecto", expresó.

También manifestó que pretende concluir su etapa de la mejor manera posible y colaborar con quienes eventualmente aspiren a sucederlo.

"Estoy dispuesto para quien quiera presentarse a abrir las puertas de la Defensoría e inclusive sugerirle cosas que no pude concretar", afirmó.

Finalmente, aceptó la propuesta de mantener nuevas entrevistas con FM DE LA COSTA para profundizar sobre las actuaciones del organismo y dar a conocer otros expedientes.

La conversación permitió conocer intervenciones que hasta ahora habían tenido escasa difusión y aportó la versión del propio defensor sobre la controversia institucional.

Sin embargo, la discusión sobre la gestión no queda agotada con la enumeración de actividades: continúa pendiente un balance público, accesible y verificable de los reclamos recibidos y sus resultados.

Con la prórroga ya aprobada y más de un año de continuidad por delante, ese será uno de los principales aspectos que permitirán evaluar la tarea de la Defensoría del Pueblo de Viedma.