La decisión de prorrogar por un año el mandato del actual defensor del Pueblo de Viedma, Marín Pérez Morando, continúa generando cuestionamientos. Esta vez, las críticas llegaron desde Leandro Martínez, presidente de la Fundación "Apostemos a la Vida", quien había presentado su candidatura para ocupar el cargo en el proceso de renovación previsto para este año.
En declaraciones a FM DE LA COSTA, Martínez manifestó su rechazo a la medida aprobada por el Concejo Deliberante y consideró que responde a un acuerdo político que deja de lado las necesidades de la comunidad.
"Es subestimar la inteligencia popular de la comunidad", sostuvo, al cuestionar tanto la decisión de los concejales como la intervención del Ejecutivo municipal.
Martínez repasó los antecedentes de la designación de Pérez Morando y recordó que, cuatro años atrás, también se había producido una extensión de funciones antes de su llegada a la Defensoría.
"En ese momento, hace cuatro años, con una resolución interna lo prorrogaron por siete días más porque no tenían aparentemente candidatos ni tampoco había muchos inscriptos", señaló.
En ese contexto, recordó que Pérez Morando pasó de desempeñarse en el Concejo Deliberante a ocupar la titularidad de la Defensoría del Pueblo.
El dirigente social fue especialmente crítico con la participación del intendente Marcos Castro en el proceso que derivó en la nueva prórroga.
"Si el intendente de Viedma, Marcos Castro, a último momento —porque también es inconstitucional— presentó un proyecto para que se prorrogue, bueno, ¡que le pague él y los concejales que votaron la prórroga! Que no lo pague la comunidad si ellos están de acuerdo con que siga Pérez Morando por un año más", expresó.
De esta manera, Martínez puso en discusión no solamente la continuidad del funcionario, sino también el costo que representa para los contribuyentes una decisión que, a su entender, careció del debate institucional necesario.
Las críticas también alcanzaron al funcionamiento del cuerpo legislativo municipal.
Martínez consideró que los concejales dedican demasiado tiempo a actividades protocolares y reconocimientos, mientras permanecen sin resolver cuestiones que afectan directamente a los vecinos.
"El Concejo Deliberante últimamente se ha convertido en un pelotero. Se la pasan haciendo reconocimientos en vez de tratando ordenanzas o sancionando cosas importantes para la comunidad en general", afirmó.
Sus declaraciones apuntaron a cuestionar las prioridades del organismo legislativo, especialmente frente a los problemas de infraestructura, servicios públicos y seguridad que se registran en distintos sectores de Viedma.
Otro de los ejes de la entrevista estuvo relacionado con el desempeño de la Defensoría del Pueblo.
Para Martínez, el organismo debería asumir un papel mucho más activo, anticiparse a los conflictos y mantener presencia permanente en los barrios, en lugar de limitarse a recibir denuncias en sus oficinas.
"El Defensor del Pueblo se tiene que adelantar a los acontecimientos, no esperar que un vecino le llegue con un reclamo", sostuvo.
También cuestionó los horarios y las posibilidades de comunicación con la institución.
"Vas a la Defensoría del Pueblo y es como si fuera un médico: trabajan dos o tres horas y después está todo cerrado, no tenés comunicación con nadie", manifestó.
Desde su perspectiva, esa modalidad de funcionamiento dificulta el acompañamiento a los vecinos que necesitan respuestas frente a situaciones que involucran servicios públicos, organismos estatales y derechos ciudadanos.
Martínez utilizó su propia experiencia como vecino del barrio Guido para describir las diferencias que, según considera, existen entre las inversiones destinadas a los sectores más visibles de la ciudad y la realidad de numerosos barrios.
Mencionó especialmente los problemas de los complejos habitacionales FONAVI, las deficiencias cloacales, las pérdidas de agua y la acumulación de residuos.
"El tema de los barrios FONAVI, el tema de las cloacas, la pérdida de agua, las basuras", enumeró al referirse a los reclamos que deberían ocupar un lugar central en la agenda de la Defensoría.
Y agregó: "La Costanera está muy elegante, muy linda, pero yo, por ejemplo, que vivo en el barrio Guido, acá es totalmente un abandono, literalmente es un abandono".
Para el titular de "Apostemos a la Vida", estas situaciones requieren una intervención más decidida del organismo municipal, tanto para canalizar las demandas como para exigir respuestas a las autoridades responsables.
Durante la entrevista, Martínez también explicó cuáles eran los principales lineamientos de su propuesta para conducir la Defensoría del Pueblo.
Su planteo se concentraba en modificar la dinámica de funcionamiento del organismo, privilegiando el contacto directo con los vecinos y el trabajo territorial.
"Mi propuesta es dejar la comodidad de una oficina y salir a recorrer y plantarse en los lugares que realmente están ocurriendo hechos", explicó.
En ese sentido, consideró indispensable establecer mecanismos de articulación con instituciones municipales y provinciales, a partir de objetivos concretos y acciones que puedan sostenerse en el tiempo.
"Trabajar con un programa definido, concreto, y que se pueda llevar adelante", resumió.
La seguridad vial también ocupó un lugar importante entre los cuestionamientos y propuestas del dirigente.
Martínez hizo referencia a los accidentes de tránsito registrados en la región, especialmente aquellos que provocaron la muerte de jóvenes, y reclamó políticas preventivas más intensas.
"Hoy falta una educación vial fuerte para evitar que ocurran estos hechos lamentables de pérdidas de jóvenes de manera inocente", expresó.
Desde la experiencia de la Fundación "Apostemos a la Vida", insistió en que la prevención debe constituir una política sostenida, con participación de las instituciones y acciones educativas destinadas a toda la comunidad.
Hacia el final de la entrevista, Martínez también se refirió a sus posibilidades de acceder a la conducción de la Defensoría del Pueblo.
Consideró que sus antecedentes de cuestionamientos y denuncias contra distintas situaciones institucionales representan un obstáculo para conseguir el respaldo político necesario.
"A mí nunca me van a elegir, obviamente, porque me he plantado en muchas cosas y he denunciado cuestiones muy complejas, pero seguimos trabajando de manera institucional con la fundación", aseguró.
Pese a esa apreciación, ratificó su intención de continuar desarrollando actividades comunitarias y de prevención desde "Apostemos a la Vida".
Sus declaraciones reabren la discusión sobre la continuidad de Pérez Morando, el mecanismo de designación del defensor del Pueblo y, fundamentalmente, el papel que debería cumplir un organismo creado para representar y proteger los derechos de los vecinos frente a la administración pública.
Por ahora, la prórroga aprobada por el Concejo Deliberante mantiene a Pérez Morando al frente de la institución hasta noviembre de 2027, mientras persisten los cuestionamientos de quienes pretendían participar del proceso de renovación.
