El convenio firmado por el gobernador Alberto Weretilneck en París para recurrir al asesoramiento del IAE Paris-Sorbonne en la planificación urbana y territorial del Alto Valle abrió un fuerte debate acerca de la necesidad de buscar conocimiento en el exterior cuando Río Negro y Neuquén cuentan con universidades, profesionales e instituciones que desde hace años estudian las problemáticas de la región.
Una de las voces críticas es la del arquitecto y magíster José Luis Basualdo, integrante de Grupo Sur / Hábitat I+D, quien planteó que mientras el Gobierno rionegrino busca en un convenio con la Sorbona herramientas para ordenar las ciudades del Alto Valle —gestionado con el aval y la presencia del Consejo Federal de Inversiones (CFI)—, la región acumula un importante ecosistema universitario e institucional que, a su entender, está siendo ignorado.
A ese cuestionamiento sumó otros dos problemas estructurales: las rutas deterioradas por la logística vinculada al fracking y la histórica falta de voluntad política para gestionar al Alto Valle y la Confluencia como una unidad territorial viva y compleja.
En el marco de la Argentina Week realizada en París, Weretilneck firmó un acuerdo de cooperación técnica con el IAE Paris-Sorbonne. El convenio involucra a la Cátedra ETI (Emprendimiento, Territorio e Innovación), encabezada por el académico Carlos Moreno, reconocido internacionalmente por difundir el concepto de la "ciudad de los 15 minutos".
La iniciativa fue gestionada con la participación del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, y la Unidad de Enlace provincial con ese organismo.
La propuesta oficial apunta a incorporar herramientas y experiencias internacionales para anticiparse a los impactos urbanísticos, de transporte y movilidad relacionados con el crecimiento energético y productivo, con intervenciones que tienen entre sus ejes al Tren del Valle y las rutas nacionales 22 y 151.
Precisamente allí aparece uno de los principales cuestionamientos de Basualdo.
Para el arquitecto, el primer gran error de la propuesta oficial consiste en asumir una suerte de "tabla rasa" intelectual: considerar que en la región no existen especialistas pensando el territorio y que las respuestas necesariamente deben llegar desde Europa.
Como ejemplo menciona un hecho ocurrido apenas semanas antes de la firma.
El Colegio de Arquitectos de Neuquén (CAN) organizó la Expo ARQ ADN, un encuentro masivo en el que, entre otros conferencistas locales, participó el propio Carlos Moreno para hablar sobre urbanismo y ciudades de cercanía.
Según Basualdo, aquella actividad demostró la vitalidad de un ecosistema regional que ya debate activamente su espacio urbano y territorial, pero además dejó una particularidad: en menos de cuatro semanas Moreno pasó de brindar una conferencia magistral en el centro de convenciones neuquino a aparecer en París en el marco de una asistencia técnica institucional con el Gobierno de Río Negro.
El cuestionamiento apunta a que esa velocidad de gestión contrasta con lo que considera una "olímpica indiferencia estatal" hacia la masa crítica interdisciplinaria existente en la propia región.
Basualdo remarca que el Alto Valle y la Confluencia no constituyen un desierto técnico o institucional.
La región posee tres casas de altos estudios con fuerte presencia territorial: la Universidad Nacional del Comahue (UNComa), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y la Universidad de Flores (UFLO). En las dos últimas, además, se dictan carreras de Arquitectura y Urbanismo.
A ello se agregan los colegios profesionales de ambas provincias —CARN y CAN— y distintas redes de profesionales, investigadores y especialistas.
Entre ellas aparece Grupo Sur / Hábitat I+D, una red interdisciplinaria integrada por profesionales, docentes e investigadores provenientes de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, la sociología y la geografía, dedicada a la innovación socio-urbana, el hábitat socio-territorial y el desarrollo sostenible, con trabajo e investigación concentrados particularmente en el norte de la Patagonia y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
También menciona a SAPLAT —Sociedad Argentina de Planificación Territorial— y su Nodo Patagonia Norte, una red federal de especialistas, docentes y gestores públicos vinculados a universidades nacionales patagónicas.
Desde ese espacio se trabajan cuestiones como los conflictos por el uso del suelo entre el crecimiento urbano y la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta, la protección de los valles productivos y periurbanos, la fragilidad ambiental de las cuencas y la capacitación de los equipos técnicos municipales para proporcionar herramientas reales de gestión a los gobiernos locales.
"Los saberes, los diagnósticos y las propuestas están en el territorio", sostiene el planteo de Basualdo.
También recuerda una sostenida tradición de planeamiento a escala municipal, con antecedentes como el Plan Director de Roca (PDR) y los sucesivos planes urbanos de Cipolletti.
A ello suma experiencias de escala metropolitana como el Programa DAMI —Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior—, donde Neuquén y el Alto Valle fueron analizados como una continuidad metropolitana y del cual surgió, precisamente, el proyecto del Tren del Valle.
Para Basualdo, entonces, el problema no es la ausencia de ideas: "Surge a todas luces que el problema no radica en la ausencia de ideas, sino en la incapacidad estatal de articular la masa crítica existente".
El análisis avanza sobre una cuestión más profunda.
Según Basualdo, lo que históricamente faltó no fue teoría urbanística ni la presencia de docentes extranjeros, sino voluntad política para reconocer que el Alto Valle de Río Negro y la Confluencia constituyen una "región problema" única e indivisible.
Las fronteras provinciales y los localismos municipales, sostiene, terminaron funcionando como verdaderas murallas burocráticas.
Las investigaciones sobre la historia territorial valletana muestran que la región funcionó con un importante grado de integración sistémica durante la etapa de consolidación y auge de la fruticultura.
Sin embargo, después de la provincialización de Río Negro y Neuquén, a mediados de la década de 1950, y particularmente desde el proceso de desequilibrio territorial iniciado en los años 70, las políticas estatales comenzaron a ser fragmentarias y reactivas.
Basualdo llega incluso a plantear que probablemente sea necesario remontarse a antes de la provincialización para encontrar decisiones de infraestructura concebidas con un verdadero criterio de cuenca y unidad geográfica.
El arquitecto considera que esa falta de articulación política adquiere ahora mayor gravedad por la acelerada transformación productiva de la región: el retroceso del modelo tradicional frutícola frente a la irrupción del modelo extractivista hidrocarburífero asociado al fracking.
Pero introduce una aclaración.
A su criterio, sería simplista pensar que la amenaza es exclusivamente externa y que el modelo extractivo avanza sobre un territorio que hasta ahora funcionaba sin inconvenientes.
El deterioro de la rentabilidad frutícola generó "oportunidades" inmobiliarias para que numerosas chacras históricas fueran subdivididas y transformadas en loteos abiertos o barrios cerrados.
Mientras tanto, en el otro extremo del tejido urbano, las necesidades habitacionales de los sectores más vulnerables terminaron expresándose mediante barrios populares instalados sobre la Barda Norte.
Para Basualdo, ambas situaciones muestran la incapacidad local tanto para defender el suelo productivo como para garantizar el derecho a la ciudad, y dejan también en evidencia la responsabilidad directa de los gobiernos municipales sobre la administración de sus territorios.
Otro de los puntos más fuertes del artículo aparece al analizar la relación entre Río Negro, Neuquén y el desarrollo hidrocarburífero.
Basualdo sostiene que la transformación económica generó una profunda asimetría geopolítica.
Neuquén, afirma, se consolidó como centro de cómputo, beneficio y decisión de la nueva matriz energética, mientras que Río Negro quedó relegada a un papel de apoyo logístico y servidumbre de paso o, en términos todavía más críticos, como "área de sacrificio" del proceso extractivista neuquino, a la espera de recibir el derrame de alguno de sus beneficios.
Y asegura que las consecuencias de ese esquema pueden observarse diariamente sobre la infraestructura.
El tránsito permanente de camiones de gran porte que transportan arena destinada a la fractura hidráulica desde y a través de Río Negro deterioró fuertemente las rutas nacionales 22 y 151 y la Ruta Provincial 6.
Ante ese colapso vial, que afecta al tránsito cotidiano de los vecinos, a la producción regional y al transporte, Basualdo cuestiona que una de las principales respuestas planificadas haya sido impulsar una vía destinada específicamente a la logística minera: la denominada "Ruta de las Arenas", proyectada sobre la Barda Norte desde la Ruta Provincial 6 hacia Añelo.
Mientras se piensa esa alternativa, advierte, "del arreglo integral del resto de la red vial destruida no hay noticias; todo sea por preservar la logística petrolera".
Basualdo lleva finalmente el cuestionamiento hacia la propia concepción del convenio internacional.
"Recurrir a asesorías internacionales para que nos digan cómo vivir en el Alto Valle responde a una lógica neocolonial profundamente arraigada: asumir que somos incapaces de reflexionar sobre nuestras urgencias y que la respuesta debe venir desde afuera", sostiene.
Y establece una diferencia que considera central: "No se necesita 'UN PLAN' importado; se necesita CONSTRUIR UN PLAN COMÚN".
Desde esa perspectiva, la planificación no debería ser concebida como un paquete cerrado que puede firmarse en París, sino como un proceso democrático destinado a articular actores, escuchar posiciones diferentes, formular propuestas conjuntas y gestionar comunitariamente el territorio.
Además, sostiene que Río Negro ya posee instrumentos normativos para avanzar en esa dirección.
La Constitución Provincial contempla esta posibilidad en su artículo 12 —Cláusula Federal—, que establece el fomento de microrregiones para resolver problemáticas comunes, y en el artículo 237, referido a la asociación intermunicipal.
Ese esquema, agrega, se encuentra reglamentado por la Ley Provincial N.º 4437 de Microrregiones.
El artículo deja planteadas varias preguntas.
"¿Cuáles son los instrumentos innovadores de planificación que vienen desde afuera y que localmente desconocemos? ¿Se escuchará a los actores y colectivos sociales que hoy pugnan por alzar su voz en el territorio?", interroga Basualdo.
Y enumera a quienes considera imprescindibles en esa discusión: minorías étnicas, productores frutícolas que buscan recuperar rentabilidad, habitantes de barrios populares, municipios desfinanciados, minorías sexuales, colectivos artísticos, defensores del agua y el ambiente, asociaciones de inquilinos y consumidores y adultos mayores.
"Todos ellos hacen el territorio, son el territorio y esperan ser escuchados", remarca.
En lugar de un "plan de iluminados", Basualdo propone crear un espacio socio-institucional que permita consensuar diagnósticos —sobre los cuales, señala, existen abundantes estudios actualmente desarticulados—, construir agendas públicas y procesar los conflictos territoriales.
Su propuesta es sentar en una misma mesa al Estado, la producción y la comunidad para acordar políticas vinculadas al agua, la producción, la educación, la salud y la movilidad.
Dentro de ese esquema, considera fundamentales a las universidades nacionales y las organizaciones regionales.
Basualdo avanza incluso un paso más y plantea qué debería ocurrir con los recursos económicos involucrados en el convenio.
A su entender, sería una decisión "ética y estratégica" redirigir los fondos destinados a la asistencia hacia las universidades nacionales de la región, como contraprestación por acompañar el proceso de planificación del Valle.
El arquitecto introduce además una lectura política: recuerda que esas mismas universidades nacionales han sido afectadas por el desfinanciamiento derivado de políticas nacionales que, según su mirada, el propio Gobierno rionegrino acompaña.
La conclusión de Basualdo sintetiza la dureza del cuestionamiento.
"El viaje a París y las fotos de protocolo no arreglarán los pozos de las rutas ni detendrán el avance desordenado sobre el suelo productivo", advierte.
Y deja planteada una disyuntiva para Río Negro: continuar desempeñándose como un actor subalterno dentro del modelo extractivista y buscando validación fuera de la región, o convocar a las universidades, colegios profesionales, especialistas y organizaciones del propio territorio para construir colectivamente el plan que necesita el Alto Valle.
En definitiva, el debate que abre Basualdo no pasa solamente por aceptar o rechazar la cooperación internacional. Su planteo pone en discusión algo mucho más profundo: quiénes deben pensar el futuro del Alto Valle, dónde debe construirse ese conocimiento y, sobre todo, quiénes tendrán voz cuando llegue el momento de decidir cómo se administrará un territorio atravesado simultáneamente por el declive de la fruticultura, el crecimiento urbano y el avance acelerado de la actividad hidrocarburífera.
ARQ. JOSÉ LUIS BASUALDO
