El Tribunal de Cuentas de Viedma todavía no tomó una decisión sobre la contratación de los baños instalados en la Feria Municipal. Después de debatir la denuncia presentada por el concejal Julián Algañarás y la información incorporada al trámite, sus integrantes resolvieron pasar a cuarto intermedio hasta el viernes a las 10.
La vocal primera, Giselle Rosas, explicó en una entrevista con FM DE LA COSTA que pidió reunir en un mismo expediente la denuncia, los antecedentes y los informes que el presidente del Tribunal había solicitado a distintas áreas municipales. Recién después de analizar ese conjunto de documentación, el organismo fijará una posición.
"Cada uno manifestó su posición al respecto y solicitamos, a pedido del segundo vocal, que se conformara un nuevo expediente donde se juntara la denuncia y todas las pruebas que se fueron recabando", señaló. Agregó que ya tiene una opinión formada, aunque deberá esperar la resolución de los otros dos integrantes del Tribunal.
La controversia comenzó por la adjudicación de módulos sanitarios a Módulos Patagónicos S.A.S., firma cuyo administrador titular, Nicolás Bambaci, cuñado del intendente Marcos Castro. La contratación fue por $45.312.000; la otra oferta presentada fue de $45.343.842, apenas $31.842 más. La documentación y los cuestionamientos sobre el parentesco, los domicilios declarados por la empresa y el destino de los baños fueron detallados anteriormente por Noticias Río Negro.
Rosas recordó que, desde su vocalía, solicitó información en junio, cuando tomó conocimiento de la adjudicación. Volvió a cuestionar que el destino previsto inicialmente para el módulo hubiera sido El Cóndor y que finalmente se instalara en la Feria Municipal de Viedma.
"Para mí, desde mi lugar, no [fue regular]. Yo considero que hay muchas irregularidades dentro del expediente", afirmó. Su evaluación es una posición individual: el Tribunal de Cuentas aún no emitió una conclusión sobre la denuncia.
La vocal dijo que se incorporaron nuevas respuestas vinculadas con la actuación del entonces responsable de Obras Públicas, Martín Calderón, y de la Jefatura de Gabinete. Indicó que ella y su equipo estaban examinando esa documentación antes de la próxima reunión.
Consultada sobre los pasos que considera necesarios, Rosas planteó que deberían investigarse las responsabilidades del intendente y de los funcionarios que intervinieron en la contratación.
"Tiene que haber un proceso de investigación, un sumario, y que el sumariante empiece a investigar y busque las pruebas suficientes para dictaminar", sostuvo. Mencionó la posibilidad de un juicio de responsabilidad en el marco de la ordenanza que rige la actuación del Tribunal. También consideró que los aspectos vinculados con la ética pública deberían ser examinados por la autoridad competente que recibe las declaraciones juradas de los funcionarios.
Esas medidas son las que Rosas propone; no fueron anunciadas como una decisión adoptada por el cuerpo.
El intendente Castro, por su parte, negó previamente que hubiera existido una irregularidad o un perjuicio para las cuentas municipales. Defendió el procedimiento de selección y sostuvo que el vínculo familiar no configuraba por sí mismo una incompatibilidad. Algañarás mantuvo sus objeciones y pidió que se investigara la contratación.
El tratamiento del caso estaba previsto inicialmente para el 15 de septiembre, pero se postergó hasta el 22. La reunión de esta semana tampoco cerró el expediente: el debate continuará el viernes.
En otro tramo de la entrevista, Rosas informó que no acompañó la aprobación de adicionales vinculados con obras en la terminal de ómnibus, que avanzó por mayoría. Dijo que formuló observaciones sobre los procedimientos administrativos y la documentación de esos expedientes.
"Hay algunas cuestiones administrativas que no están bien hechas y yo no acompañé la aprobación de estos excedentes", expresó. Entre sus señalamientos mencionó documentación que, según indicó, faltaba incorporar, incluidos comprobantes de gastos.
La vocal cuestionó además una modalidad que, afirmó, observó en distintos trámites: trabajos contratados mediante concursos de precios a los que luego se agregan materiales o tareas adicionales. Su duda es si, al sumar el costo de esos agregados, correspondía utilizar otro procedimiento de contratación.
"Cuando meten adicionales para extender o hacer compras de más pisos, esto debería haber pasado a una licitación privada", sostuvo. Y planteó: "La duda mía es si estos concursos de precios fueron hechos con un presupuesto para no hacer una licitación privada y, a mitad de la obra, le piden a la misma empresa que adicione ciertos elementos o mano de obra".
Rosas aclaró que se trata de sus observaciones sobre los expedientes, no de una irregularidad ya establecida por una resolución definitiva. También cuestionó que uno de los trabajos sobre pisos interiores y exteriores se encargara a una empresa de Córdoba, cuando, a su entender, había proveedores de Viedma y la comarca que podían realizarlo.
La terminal se encuentra en una etapa de obras finales, para las que el municipio anunció nuevas licitaciones.
Mientras continúa el análisis de los baños de la feria, la vocal adelantó que en una próxima sesión el Tribunal tratará además el balance de la cuenta general municipal.
